La serpiente del carné

A DIFERENCIA del monstruo del lago Ness, cuya tradicional utilidad ha sido paliar la sequía informativa de la Prensa durante el aburrimiento de la canícula, las campañas dirigidas a imponer a los periodistas la obtención de un carné para ejercer su profesión culebrean en cualquier estación del año y dan pretexto para tediosas polémicas. Esos debates carecen de sentido en un sistema democrático que ha reconocido a todos los ciudadanos el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", y "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". La Constitución contiene mandatos explícitos, todavía sin desarrollar, para que sean regulados mediante ley los derechos a la cláusula de conciencia y al secreto profesional. Sin embargo, y por más vueltas que se le dé al artículo 20, resulta imposible encontrar un soporte legal que permita a nuestros corporativistas eludir el pecado de lesa inconstitucionalidad inherente a cualquier tentativa de restringir el acceso a la profesión periodística mediante reglamentaciones gremialistas.Mientras las instituciones políticas y las estructuras económicas y sociales españolas toman como punto de referencia los modelos de las democracias occidentales de vieja tradición, los partidarios del carné de Prensa, contrariados ante el hecho de que semejante aberración sea rechazada en los países occidentales con mejor tradición democrática y nivel de cultura, muestran como ejemplo a seguir la normativa de algunos países latinoamericanos en los que, por otra parte, la tópica polémica se ha reproducido en los últimos años. Resulta difícil negar la estrecha correlación existente entre los niveles de libertad, independencia y calidad alcanzados por los medios de comunicación de las naciones desarrolladas y la ausencia de cláusulas restrictivas para tener acceso a la profesión en esos países. Las reglamentaciones limitativas de la condición de periodista favorecen o promueven la obediencia a los poderes y las prácticas de la autocensura y la manipulación informativa de la Prensa. Que se lo pregunten si no a los periodistas del bloque soviético o de las dictaduras del Tercer Mundo, lugares en los que la profesión periodística está convenientemente reglamentada, se libran carnés, se expiden títulos y se cumplen todas las liturgias corporativas del caso.

Esa pretensión se dobla a veces en nuestro país, tal vez por los reclamos de la modernidad, con el proyecto de establecer como requisito previo para tener acceso a la profesión periodística, cuyo pasaporte definitivo sería un carné repleto de sellos, una titulación universitaria específica. De esta forma, quedarían excluidos de la posibilidad de trabajar como redactores en los medios de comunicación no sólo las personas carentes de grado superior, sino también los licenciados de cualquier centro universitario que no fuese la facultad de Ciencias de la Información. La creación de estas facultades, castigadas con un disparatado plan de estudios y un profesorado muchas veces improvisado, contribuyó a envenenar la cuestión. Mientras que en el mundo desarrollado, que rechaza los carnés y la titulitis, se esfuerzan por crear facultades de periodismo e impulsar el estudio de éste en la Universidad, las facultades españolas son -con las excepciones de rigor- un mal remedo de ese empeño, con doble daño para el periodismo y la Universidad. Los más perjudicados por el experimento han sido los propios estudiantes, sometidos a un entrenamiento arbitrario y estéril, divorciados del universo real de los problemas profesionales y manipulados por intereses ajenos. El periodismo y la información tienen por derecho propio un lugar entre las disciplinas académicas universitarias, y los medios precisan de periodistas con formación superior. Nada de ello es incompatible con la existencia de un libre acceso a la profesión. Y es en el país donde este acceso es más libre, Estados Unidos, donde se fundaron por vez primera en la historia escuelas de periodismo y donde existen las mejores facultades de periodismo del mundo.

Luego está la cuestión del carné en sí, y para cuya obtención en España se prepara ahora un acuerdo entre diversos sectores representantes -unos en mayor medida que otros- de la actividad informativa. El acuerdo prevé una doble vía de acceso al carné: la facultad y el trabajo durante dos o cinco años, según los casos, en la actividad informativa. Comete la contradicción de señalar el carné como requisito para ser periodista, al tiempo que uno de los eventuales requisitos para obtener el carné es precisamente haber sido periodista durante un lustro. Este esquema es de un arbitrismo irritante y bastante inútil. ¿Para qué vale un carné así? Sólo -pensamos- para que alguien lo expida y, eventualmente, lo niegue. Es decir, para levantar una barrera -otra más- al ejercicio profesional de un derecho político que es de todos los ciudadanos. Levantar obstáculos gremiales o corporativos para el acceso a la profesión periodística es avanzar en el camino de la represión de la libertad y una de las mejores maneras de socavar el periodismo mismo, su función y su responsabilidad social. La historia -la nuestra y la ajena- está llena de ejemplos.