AP llevará al Tribunal Constitucional un recurso contra la ley de Reforma Agraria andaluza, si no lo hace antes el Gobierno
Alianza Popular (AP) confía en que el propio Gobierno de la nación presente un recurso de inconstitucionalidad contra la futura ley de Reforma Agraria auspiciada por el Gobierno andaluz, caso de que el texto actual no sufra variaciones. Ese partido dispone de un informe de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, fechado el 18 de octubre de 1983, que plantea serias dudas sobre el encaje del actual proyecto dentro de las normas del texto constitucional. Si la actual redacción del proyecto sale adelante, Alianza Popular recurrirá ante el Tribunal Constitucional.AP ha formulado dos enmiendas a la totalidad en el Parlamento andaluz, y tiene elaborado un texto alternativo al defendido por la Junta de Andalucía. El primer debate parlamentario sobre el proyecto se producirá el próximo día 21 de febrero.
El informe de la subsecretaría, que consta de 15 folios, fue dirigido al Ministerio de Administración Territorial. En su segunda página, señala textualmente que el proyecto del Gobierno andaluz "modifica aspectos que pueden afectar a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho de propiedad privada", y citá como ejemplo la regulación que el proyecto hace respecto del concepto de la unidad mínima de cultivo.
Según el mismo informe, el proyecto del Gabinete que preside Rafael Escuredo invade el terreno de la competencia estatal y no menciona en ningún caso a la Administración del Estado, "como si se quisiera eludir incluso la colaboración o concurrencia de ambas administraciones en proyectos o actuaciones concretas, y en particular en las de interés general de la nación".
Alianza Popular de Andalucía ha presentado su texto alternativo al proyecto de ley. Ese texto consta de 89 artículos y, entre otras novedades, otorga la facultad expropiatoria de fincas exclusivamente al Estado. "De lo contrario, se tambalearía la seguridad jurídica", declaró Miguel Arias, parlamentario andaluz de AP. Asimismo, la propuesta alternatva elimina por completo el llamado impuesto sobre tierras infrautilizadas, por considerarlo inconstitucional, discriminatorio, de dificil objetivación, confiscatorio y contraproducente.
El "imperialismo" del PSOE
Por su parte, el Partido Comunista de Andalucía (PCA) también ha presentado dos enmiendas a la totalidad del proyecto, una de ellas con texto alternativo. Su secretario general, Felipe Alcaraz, explicó que el PSOE está haciendo una política liberal, muy dura y ajustada a un auténtico plan de estabilización, "en el marco del ¡mperialismo".El texto comunista acentúa la facultad expropiadora por utilidad pública, más allá de la visión productivista que, a juicio de Alcaraz, sustenta el Gabinete de Escuredo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Política nacional
- Declaraciones prensa
- Tribunal Constitucional
- PCE
- Felipe Alcaraz
- Organismos judiciales
- Gobierno autonómico
- Tribunales
- PP
- Poder judicial
- Andalucía
- Política autonómica
- Comunidades autónomas
- Partidos políticos
- Política económica
- Agricultura
- Gente
- Administración autonómica
- Agroalimentación
- Legislación
- Justicia
- Política
- Economía
- Administración pública
- España