La banca, preocupada por las posibles acusaciones empresariales de pactar demasiado con el Gobierno, a costa del sector privado

La intervención de Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, en la concentración empresarial convocada por la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) el pasado jueves, y los momentos de enfrentamiento que hubo con tal motivo, preocupan en algunos medios financieros, que consideran necesario que la banca ofrezca una imagen de distanciamiento del Gobierno. La idea de que la banca podría no estar muy preocupada al ver que dedica cada vez una parte mayor de su actividad y sus recursos a financiar al Estado no gusta. Algunos medios financieros empiezan a estudiar la posibilidad de que los responsables de las instituciones financieras expresen claramente el punto exacto en el que se encuentran.El jueves de la semana pasada José Antonio Segurado, presidente de la agrupación empresarial de Madrid y previsible candidato a suceder a Carlos Ferrer, organizó un acto en el que se dieron cita más de 2.000 empresarios. Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de la Banca Privada (AEB), aprovechó la ocasión para "dar fe de la solidaridad de la banca con la empresa", lo que provocó bastantes comentarios contrarios entre los asistentes. Termes, que supo recuperar inmediatamente el terreno perdido, defendió la necesidad de llevar a cabo la política monetaria que el Gobierno desarrolla y que provoca, como efecto inmediato, dificultades para encontrar financiación para las empresas a costes que no sean exagerados para éstas.

Las previsiones del Gobierno sobre crecimiento del crédito al sector privado en 1984 se cifran, según las recientes estimaciones hechas públicas por el ministro de Economía y, Hacienda, en el 10%. Ello significaría un crecimiento real del dinero puesto a disposición del sector privado, siempre y cuando se cumplan las expectativas de inflación para este año. Los cálculos hechos por los servicios de estudios de: las entidades financieras y por las organizaciones empresariales rebajan este crecimiento hasta el 5%, que significaría, de hecho, menos dinero que en 1983.

Los cálculos así efectuados por el sector privado parten de que el déficit del sector público tendrá que ser superior a los 1,3 billones de pesetas previstos, porque tendrán que empezar a aflorar de alguna manera las pérdidas de las empresas de Rumasa y por las posibles desviaciones sobre lo presupuestado. En segundo lugar, se estima que, a cuenta de la discusión que hubo acerca de quién tiene que pagar formalmente el déficit del sector público -el Tesoro, a través de las emisiones de pagarés, o el Banco de España, mediante la colocación de certificados de regulación monetaria-, al final no se han contabilizado las cantidades necesarias para pagar los intereses de los 1,6 billones de pesetas en CRM que había a finales de diciembre de 1983 y que se van a transformar antes de finales de abril en pagarés del Tesoro.

Algunos medios financieros privados consideran que los responsables de los bancos tienen que explicar que si falta financiación al sector privado en 1984 no se va a deber a la existencia de un pacto entre la banca y la Administración. Para estas fuentes, el sistema financiero se encuentra en medio y se ve presionado por el Gobierno, que tiene todas las facultades para exigir cuantos fondos considere necesarios para llevar a cabo la política monetaria.

La mayor preocupación que tienen estos medios es dar la impresión de que se está aceptando, sin más, todo lo que propone el Gobierno porque éste ha repetido en numerosas ocasiones su propósito de mantener y defender los niveles de beneficios alcanzados por las instituciones financieras. La presencia de un sector bancario sano y fuerte es necesaria para el conjunto de la sociedad, y no sólo para los accionistas, según estos medios, ya que de otra forma, la financiación exterior de la economía española se vería frenada.