Probable declaración conjunta de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional citados por el Supremo

Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, citados por la Sala segunda del Tribunal Supremo a declarar en torno a la supuesta revelación del contenido de la sentencia que resolvió el recurso de inconstitucionalidad sobre la expropiación de Rumasa, cambiaron impresiones ayer sobre la fórmula a utilizar para cumplimentar el requerimiento judicial. En principio, es probable que la declaración sea conjunta. Por otra parte, el auto del Supremo, según fuentes próximas a este tribunal, se produjo por mayoría de tres a dos de los cinco magistrados que deliberaron sobre el tema.

El auto de la Sala segunda, de fecha 31 de enero de 1984, que acordó tramitar como denuncia la inicial querella de José María Ruiz-Mateos sobre la denominada filtración de la sentencia del Tribunal Constitucional, fue estudiado por el presidente de la sala, Fernando Díaz Palos, y los magistrados José Hijas Palacios, Mariano Gómez de Liaño, José Hermenegildo Moyna y Martín Jesús Rodríguez López. Altas fuentes jurídicas manifestaron su asombro porque, a pesar de la trascendencia de la resolución a debate, no fuera convocada la S ala segunda en pleno, integrada por 10 magistrados.Las mismas fuentes señalaron que no pueden considerarse ajustadas al contenido del auto citado las afirmaciones hechas ayer por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sáinz de Robles, en el sentido de que el Tribunal Supremo no investiga a los magistrados del Tribunal Constitucional, sino que se limita a la comprobación de una denuncia. Según Sáinz de Robles, sólo en el caso de que se aprecien indicios delictivos se abrirían diligencias preparatorias para la iniciación de una investigación judicial.

Investigación judicial

Sin embargo, y de acuerdo con las mismas fuentes, lo que ha hecho ya la Sala segunda del Supremo es, según dice el propio auto, incoar "diligencias previas encaminadas al esclarecimiento de los hechos denunciados", cuya autoría se imputa a alguno o algunos de los 12 magistrados del alto tribunal. Fuentes próximas a los magistrados no descartaron un acuerdo entre los 12 para fórmular una declaración única, en lugar de 12 individualizadas.

Una de las características que avala la consideración de denunciados de dichos magistrados constitucionáles es que sus declaraciones no estarán sometidas a juramento, según aseguran las citadas fuentes. Si los magistrados hubieran sido citados para la comprobación de la denuncia como meros testigos, habrían estado sometidos al preceptivo juramento o promesa. Esta formalidad ofrecería la garantía de que si posteriormente se comprobara que las manifestaciones de los magistrados eran falsas, incurrirían en el delito de perjurio. En cambio, al tratarse de una declaración sobre supuestos hechos delictivos imputados a los propios magistrados, no es exigible el juramento o promesa.

Los magistrados valoraron ayer el requerimiento del Supremo, durante una reunión ordinaria del pleno del Tribunal Constitucional.