La comunidad autónoma aconseja al ayuntamiento reducir en 12.400 millones el presupuesto de inversiones en vivienda

, La Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y varios grupos sectoriales creados al efecto por las administraciones central y autonómica han elaborado un informe sobre el Plan General de Madrid que, aunque no es vinculante, sí influirá en la decisión del Consejo de Gobierno autonómico, encargado de aprobar derinitivamente el texto urbanístico. El informe, entregado oficialmente el pasado martes al Ayuntamiento de Madrid, considera el plan -cuyas previsiones se refieren a los ocho años siguientes a su entrada en vigor- legalmente correcto, bien construido y compatible con las directrices generales -que, en algunos casos, mejora- aunque se recomienden algunos cambios importantes, como la reducción del presupuesto para vivienda en 12.400 millones de pesetas.

El objeto del estudio realizado ha sido comprobar si el plan aprobado inicialmente por el ayuntamiento el pasado 6 de abril de 1983, es legal y compatible con los de otros municipios y con las directrices fijadas para el Área Metropolitana, y si es viable económicamente. El informe será considerado ahora por el ayuntamiento, que establecerá las correcciones que estime pertinentes antes de discutirlo en pleno y remitirlo al Consejo de Gobierno de la Comunidad para su definitiva aprobación.El informe considera correcta la clasificación del suelo realizada y estima que es adecuado el cálculo sobre aprovechamiento medio del mismo y la fijación de los usos a los que será dedicado.

Junto a estos apoyos, el equipo redactor del informe expresa sus temores de que la ampliación realizada en la tipología de edificios "pueda suponer una ruptura considerable" en áreas recientemente protegidas por el Plan Especial de Protección Histórico-Artística de la Villa de Madrid que merecen ser conservadas, razón por la que se pide una clarificación de las ordenanzas.

3.200.000 habitantes en 1990

Otro de los puntos estudiados por la Comisión de Urbanismo es la compatibilización del Plan General con las directrices metropolitanas. Según fuentes de esta comisión, el plan llega a mejorar algunas de las propuestas. Así se ve que, frente a la descentralización del sector terciario fijado en las directrices, el plan propone una descentralización intermedia que situaría este sector en torno a la autovía de circunvalación M-30. De esta forma, se evitan problemas con los municipios lindantes a Madrid que tenían proyectado crear su propio equipamiento comercial.

Con respecto al sector industrial, se considera acertado mantener las grandes zonas industriales de la capital y reducir en un 25% el suelo previsto para nueva industria, en respuesta a las demandas planteadas en este sentido por los municipios del Área Metropolitana.

Sobre la población fijada para Madrid en 1990, los miembros de la comisión estiman que la cifra de 3.200.000 habitantes es más realista que la que fijaban las directrices, 3.391.000. Este juicio está apoyado por el ritmo de crecimiento de la población madrileña que, de mantenerse, dejaría a la capital con 3.068.000 personas.

El último aspecto estudiado es el de los puestos de trabajo. Según las directrices, se fijaba como cifra teórica la de 255.800 nuevos puestos de trabajo en los ocho años de vigencia del plan. La propuesta del plan de crear únicamente 88.000 es considerada más realista, pues permitiría mantener la tasa de ocupación laboral del municipio en relación al Área Metropolitana.

Por lo que se refiere a vivienda, el grupo de trabajo correspondiente ha informado que, a la vista del plan cuatrienal elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), se ha calculado que la Comunidad, en el momento que tenga las transferencias, tendría que invertir en la provincia unos 11.000 millones de pesetas anuales. Este dinero se desglosaría en 8.700 millones para construir 3.000 viviendas por año y 2.300 millones para rehabilitar una media anual de 1.200 viviendas.

El grupo de trabajo acepta que de estos 11.000 millones, como prevé el plan, se dedique el 70% al municipio de Madrid. La inversión a realizar en la capital, por tanto, sería de 7.700 millones de pesetas anuales, es decir 61.600 millones a lo largo de los ocho años de vigencia del texto urbanístico.

Sin embargo, y aun en el caso de obtener este dinero -procedente del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros ingresos complementarios que se solicitan-, la Comunidad no podría abarcar la totalidad de las previsiones, presupuestadas en el Plan General en 74.000 millones de pesetas. Con esta cifra se proyectaba remodelar algunos barrios, sustituir o rehabilitar polígonos, y realizar operaciones mixtas de sustitución y rehabilitación en zonas delimitadas y crear nuevas viviendas.

El reajuste económico que tendrá que hacer el ayuntamiento para reducir el presupuesto de 74.000 a 61.600 millones de pesetas bederá ser aún más profundo, pues, según el equipo de trabajo, el proyecto municipal no contempla las obras de rehabilitación de viviendas en zonas antiguas, que tienen que ser incluidas.

Tanto la oficina del plan como el grupo de trabajo han dejado claramente expresado que estos cálculos no incluyen las obras del Plan de Remodelación de Barrios asumido en su día por el MOPU. A juicio de las administraciones local y autonómica, el Estado deberá seguir cubriendo este programa especial, pues, según las previsiones, en 1985 faltarán aún por construir o rehabilitar 11.270 viviendas, con un presupuesto de 38.000 millones.