La crisis del Ejecutivo regional degenera en acusaciones de prácticas 'mafiosas'
La crisis del Gobierno regional cántabro y de la Coalición Popular que le sustenta se ha visto desviada, en los últimos días y cuando se cumplen 50 de su inicio, hacia las acusaciones personales, con denuncias en torno a la existencia de presuntas amenazas e intentos de soborno con intereses mafiosos.
En esta guerra verbal, la iniciativa la tomó el presidente regional, José Antonio Rodríguez, quien en unas declaraciones realizadas en Madrid afirmó haber sido objeto de amenazas e intentos de soborno para lograr su dimisión, negándose, posteriormente, a aportar prueba alguna que avalara las acusaciones.
El dirigente de AP de Cantabria, Mateo José Rodríguez Gómez, ha exigido, dada la gravedad de las acusaciones -que "atribuyen al que fuere su autor una conducta- indudablemente delictiva", unido a la confusión que podría darse, ya que su partido ha sido el principal valedor de la dimisión del presidente-, que éste manifieste públicamente si los autores de las supuestas amenazas e intentos de soborno "son activistas de AP o tienen alguna relación con este partido".
Asimismo, el alcalde de Santander, Juan Hormaechea, calificó las citadas declaraciones de "histéricas", añadiendo que "ahora descubro que existan posibilidades de mover intereses económicos alrededor de un plan de urbanismo que está perfectamente perfilado en lo esencial".
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