El milagro de los panes y los peces

LAS COFRADIAS de pescadores, si bien han desconvocado el amarre de la flota previsto para el lunes próximo, mantienen en alto las espadas para combatir las medidas del Gobierno. Como compensación a la elevación en un 13% de los precios del gasóleo, que ha coincidido con la temporada baja de pesca, los armadores exigen de la Administración contrapartidas sustanciales, referidas especialmente a los caladeros del mar del Norte y a la fase previa de las negociaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE), que se muestra dispuesta a recortar a nuestra flota los cupos de captura en sus aguas territoriales.En vísperas de las negociaciones pesqueras con la CEE, la Administración española ha elevado los derechos arancelarios móviles o compensatorios al pescado de importación y ha prometido estudiar subvenciones para el gasóleo bajo la condición de que se compruebe su consumo real por las embarcaciones. El alza de los gravámenes compensatorios ha repercutido ya en los exportadores de pescado de la CEE, que se podrían convertir de este modo en aliados de nuestra causa en las negociaciones pesqueras. La medida de proteger más vigorosamente el mercado interior frente a las importaciones significa, al mismo tiempo, un gran aliciente para los pescadores nacionales que vendan ahora sus productos en fresco. La pesca no es, sin embargo, sólo un problema sectorial sino también una cuestión clave en el abastecimiento alimenticio de la población española. Los sucesivos Gobiernos españoles han realizado grandes esfuerzos financieros para concluir acuerdos bilaterales satisfactorios con otros países, a fin de contrarrestar los efectos desfavorables de las limitaciones impuestas por el límite de las 200 millas. La Administración ha favorecido las inversiones pesqueras en el exterior y la creación de sociedades mixtas mediante el procedimiento de autorizar la importación en el mercado español de esas capturas sin pago de derechos arancelarios. Un proteccionismo excesivo puede ahora, en cambio, repercutir negativamente sobre los precios, y un cambio de política de este género debe acompañarse de un esfuerzo por cambiar también los hábitos de consumo de los españoles -verdaderos devoradores de pescado-.

Las organizaciones agrarias, por su parte, se sienten despechadas por la firmeza mostrada por la Administración en materia de precios de garantía. Los pactos suscritos entre los Gobiernos de UCD y los agricultores y ganaderos con el propósito de negociar las alzas de precios y sus medidas complementarias resultaron satisfactorios para los productores, pero onerosos para el Tesoro. El efecto fue que las organizaciones de productores pudieron jactarse de su capacidad para ganar la partida a la Administración y mejorar su implantación en el campo. Ese protagonismo ha quedado desdibujado en las consultas de fin de año. El Gobierno, después de oír a los productores, ha fijado unilateralmente para 1984 un alza en los precios de garantía del 6,5% y ha sido muy cuidadoso a la hora de prometer otros apoyos. Los resultados obtenidos por las organizaciones agrarias en esas conversaciones ponen en tela de juicio su eficacia como valedores exclusivos en materia de precios agrarios y ayudas económicas, Seguridad Social y fiscalidad. Ganarse la implantación social en el campo va a exigir un esfuerzo más profesional y menos político. Y puede entreverse que una modernización, alejada de los males del verticalismo agrario del antiguo régimen, tiene que producirse también en este terreno.

La respuesta política o sindical ante la nueva postura de la Administración es siempre sacar los problemas a la calle. Las agrupaciones. situadas en el centro y en la derecha -Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG), Confederación Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) y Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE)- protagonizaron una simbólica ocupación del aeropuerto de Barajas. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), de influencia comunista, no intervino en la acción testimonial del aeropuerto, pero impulsa la invasión de los tractores. Finalmente, la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), próxima a UGT, parece haber elegido el camino de la moderación. Es lógico que las organizaciones levanten el listón de sus exigencias a la vista de las dificultades que se avecinan y de la proximidad de las elecciones a las cámaras agrarias. Sin embargo, el Gobierno está actuando de forma coherente respecto a su política económica general, y cara a la integración en la CEE, donde el contencioso de los precios de garantía es uno de los más espinosos con el que nos encontraremos.

La supervivencia de las empresas, tanto en la pesca y en la agricultura como en el resto de las actividades productoras, no puede seguir estando planteada sobre la continuidad de la sangría de las subvenciones desde el sector público al sector privado, a cargo de unos presupuestos que han dado de sí mucho más de lo que debían y que están amenazados de bancarrota por el déficit. En la medida en que las ayudas indiscriminadas continúen su crecimiento, armadores y productores agrarios seguirán soportando, respecto a los demás españoles, una presión menor para adaptarse a los nuevos tiempos. Y la iniciativa empresarial en la pesca, la ganadería y la agricultura se orientará más a conseguir esos apoyos y menos a emprender las reconversiones necesarias.