Un funcionario descubrió el 'arreglo'

El problema de las sobrevaloraciones en los traspasos a Cataluña salió a la luz merced a un informe que el entonces jefe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Educación, César Estrada, hizo llegar al PSOE, según fuentes de la política autonómica. Ese funcionario, simpatizante socialista, fue recompensado meses más tarde con la Dirección General de Planificación Educativa de la Junta andaluza.La historia comenzó en febrero de 1982, cuando UCD recibía el apoyo de Minoría Catalana para sacar adelante algunos proyectos legislativos. Coincidiendo con ello, el entonces ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, llegaba a un pacto con los representantes catalanes sobre la dotación financiera para la comunidad autónoma. El consenso se traducía en la Comisión Mixta con un acuerdo adoptado el 25 de febrero de 1982.

Unos días antes, el 18 de febrero, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas (formado por todos los consejeros de Hacienda y por tres ministros) había aprobado una metodología común para los traspasos financieros. El acuerdo con Cataluña ignoró tal circunstancia y se basó en un método particular.

Tiempo después, en marzo de ese año, el funcionario César Estrada observó que los datos correspondientes a su ministerio no le cuadraban. En una comunicación interna, enviaba al Ministerio de Hacienda un informe reservado denunciando la sobrevaloración. De una transferencia total de 153.510 millones, 21.098 eran enviados de regalo.

Como explicación, indicó que para los cálculos del porcentaje sobre los ingresos del Estado se ha aplicado como año base el de 1979, y no 1980.

En el porcentaje de participación de una comunidad en los ingresos del Estado (que es a su vez la suma de los porcentajes de cada servicio transferido) se utiliza una fórmula matemática en la que el coste efectivo del servicio traspasado es dividido por los ingresos tributarios registrados en el año anterior a la transferencia, exceptuados los impuestos cedidos a las autonomías. Al ser calculado el porcentaje de cada traspaso tomando los ingresos del Estado en 1979, la cifra resultante es mayor. Ello se debe a que esos ingresos aumentan cada año (suben la presión fiscal y la recaudación) y, por tanto, el divisor es una cifra más elevada si se emplea el dato correspondiente a 1980; y menor si se utilizan los datos de 1979, como ocurrió. Al ser el divisor un número más pequeño (los ingresos de 1979 y no 1980), la cifra resultante, obviamente, es una transferencia mayor.

Otras oficinas presupuestarias expresaron verbalmente sus quejas, y la suma algunas de ellas situó el cálculo inicial de la sobrevaloración en unos 25.000 millones.

A partir de ahí, el PSOE comenzó a denunciar "turbias maniobras", y expresó sus sospechas basadas en el hecho de que se había enviado dinero inflado coincidiendo con un apoyo parlamentario. Ante el posible escándalo, UCD paralizó en las Cortes la ley del Porcentaje de Participación de Cataluña en los Ingresos del Estado. El proyecto presentado a las Cortes situaba el porcentaje en el 1,581%. Las enmiendas del PSOE, que restaban en el cálculo la sobrevaloración, lo dejaban en el 1,109%.

El funcionario César Estrada ha provocado con su actuación que todas las comunidades autónomas fijen sus porcentajes de participación bajo el mismo criterio, sin los desequilibrios que pudieran haberse derivado de un reparto de la tarta en el que lo que uno toma de más otro fuese a echarlo en falta.