Cultura dicta una norma oficial que restringe la difusión de publicaciones de funcionarios de Bellas Artes

Una disposición oficial según la cual deben ser retiradas de la venta en los 84 museos españoles las obras de divulgación realizadas por funcionarios fijos o contratados de esas entidades del Ministerio de Cultura entró en vigor el pasado 14 de diciembre de 1983, sigue vigente y puede acarrear perjuicios a investigadores y conservadores que dedican parte de su trabajo a preparar publicaciones sobre el objeto de su dedicación, aunque este temor procede, según el subsecretario del Ministerio de Cultura, de una interpretación estricta de una comunicación cuyo contenido "no ha sido claro" y que en la actualidad se está revisando.

Según la comunicación del Ministerio de Cultura, las obras de los funcionarios sobre los propios museos no podrán ser expuestas ni vendidas en las dependencias de los museos. El director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Manuel Fernández Miranda, que ha emitido la circular, consideró ayer que esta interpretación de la ley de Incompatibilidades debe ser revisada, porque puede tener consecuencias aberrantes. En efecto, el subsecretario de Cultura, Mario Trinidad, manifestó que el espíritu de la norma es el de evitar que no aparezca como guía oficial de un centro museístico el trabajo de un funcionario publicado por una empresa privada. "Se trata de que no se use el cargo para privilegiar las obras de divulgación presentándolas como oficiales cuando no lo son en realidad". La comunicación de Cultura no distingue, entre obras de divulgación y de investigación, lo que ha creado una confusión y un desconcierto, que Cultura se propone remediar.La disposición en virtud de la cual se prohíbe la difusión en los museos españoles de las obras de sus propios directores, conservadores o funcionarios en general relativas al contenido de las entidades en las que trabajan procede, según Fernández Miranda, del Ministerio de Hacienda, que la cursó a la Subsecretaría de Cultura y que ha tenido en él al transmisor. El Museo del Prado, concretamente, recibió la norma y procedió a retirar al menos tres de los trabajos más importantes que funcionarios de la entidad han realizado en los últimos años: la guía completa del museo realizada por la subdirectora, Manuela Mena, el estudio sobre pintura flamenca del conservador Matías Díaz Padrón y la obra del propio director del Prado sobre dibujos de Goya.

Alfonso E. Pérez Sánchez, director de la principal pinacoteca no quiso entrar ayer a juzgar el contenido de la normativa, Pero señaló que la puesta en práctica de la norma "beneficia a autores menos preparados o a editores menos escrupulosos".

La disposición transmitida por Bellas Artes y considerada "poco adecuada" por su propio emisor señala que el subsecretario de Cultura envió el 1 de diciembre un escrito en el que se lee: "Esta Subsecretaría tuvo conocimiento en su día de que en los puestos de venta de publicaciones del Museo del Prado figuraban determinadas publicaciones editadas por empresas privadas en las que se hacía constar la condición de funcionarios de sus autores, lo cual estaba en clara contradicción, con el artículo 52 de la vigente ley de Incompatibilidades en el Sector Público".

La prohibición de la venta de esos libros no debe circunscribirse sólo a la principal pinacoteca, porque "no sería equitativo", por lo que se cursan instrucciones a los restantes museos para que "se retire de los puestos de venta todas aquellas publicaciones que, editadas por entidades privadas, sean sus autores funcionarios o personal contratado en las que se ponga de manifiesto dicha condición", para que "se remitan a esta Subsecretaría fotocopias de los contratos que en su caso debieron firmar los autores con las entidades o editoriales privadas por si pudiesen tener relevancia en materia de incompatibilidades", y para recordar "a todo el personal dependiente de los museos la necesidad de solicitar de esta Subsecretaría la autorización correspondiente para realizar cualquier otra actividad pública o privada diferente de las derivadas del cargo que ocupe".

Fernández Miranda explicó que hará lo posible por cambiar esta norma, la aplicación de cuya filosofía general, en éste y en otros terrenos de la investigación, causaría graves problemas, como señalan hoy en un artículo que publica EL PAIS en Opinión una serie de intelectuales encabezados por el premio Nobel Vicente Aleixandre.