Abierto un nuevo proceso de reinserción social de 'etarras', que afecta en estos momentos a más de un centenar
Más de un centenar de presos y refugiados vascos, relacionados con las distintas ramas de ETA, se manifiestan dispuestos a desligarse de cualquier actividad terrorista y buscan en la actualidad una salida legal que les posibilite la excarcelación o el regreso en libertad a Euskadi. Según fuentes gubernamentales, no existe una operación conjunta entre el Gobierno central y el Gobierno vasco que culmine en los próximos meses con el indulto de cientos de presos y exiliados, tal y como apuntaba ayer un medio informativo vasco, pero sí se registra un incremento progresivo de iniciativas personales, encaminadas a lograr este mismo objetivo.
El Gobierno pretende aplicar una estrategia antiterrorista, sumamente flexible, que le permita actuar con generosidad o con dureza, en correspondencia con la actitud que adopten los miembros de ETA. Buena parte de ese largo centenar de presos y refugiados, muchos de los cuales se encuentran en la práctica desligados de toda actividad violenta, han adoptado esta decisión tras la iniciativa impulsada por los antiguos miembros de la autodisuelta ETA Político-militar VII Asamblea. Las solicitudes que se reciben proceden de miembros de ETA que se encuentran en prisión, en Francia, e incluso en países latinoamericanos.Entre antiguos y actuales miembros de ETA existe un proceso de decantación hacia el abandono de las posturas violentas, al que se oponen las propias organizaciones terroristas, recelosas de las expectativas que esta dinámica parece estar generando en sus filas. Algunos ex presos han aludido a las presiones que se verían obligados a soportar los reclusos que han optado por una salida personal.
La posibilidad teórica de una negociación entre ETA y el Gobiemo sobre la alternativa KAS, negociación. que tantas veces se les ha anunciado como inminente, parece haberse esfumado de nuevo, y muchos presos contemplan su actual situación desde la perspectiva de un callejón sin salida. El descenso del apoyo de la población vasca a la violencia y a ETA que establecen las últimas encuestas y el reflujo de las movilizaciones, muy inferiores a las de años atrás, contribuyen a introducir la desmoralización en las cárceles, pese a los esfuerzos de los reclusos más combativos. La falta de libertad y las propias condiciones del régimen penitenciario han minado física y psíquicamente a muchos activistas de ETA que ingresaron en prisión hace ya años.
Indultos individuales
Parlamentarios de partidos vascos, abogados, cargos de laAdministración central y vasca, y el propio Defensor del Pueblo, son los interlocutores de las solicitudes de gracia formalizadas, en la mayoría de los casos, a través de los familiares de los activistas de ETA. El Gobierno estudiará cada caso en particular, y exigirá en contrapartida garantías suficientes que demuestren una intención sincera y el aval de las personas que actuan de interlocutores. Las medidas de gracia estarían contempladas, en cualquier caso, en el marco jurídico establecido por la nueva Ley Antiterrorista, y la exigencia de colaboración no impediría una interpretación flexiblede la ley.
Las posibles excarcelaciones e indultos serían concedidos de forma individual y paulatina, al contrario que en el caso de los antiguos miembros de ETApm VII Asamblea, que componían un colectivo organizado y que negociaron su vuelta a la normalidad contando con el aval político de Euskadiko Ezkerra. La estrategia antiterrorista del Gobierno, en la que juegan un papel fundamental las relaciones internacionales, se orienta en la línea de la colaboración policial de Francia y en la consecución de la estabilidad política en Euskadi, a través de un acuerdo autonómico que podría plantearse tras las próximas elecciones al Parlamento vasco.
Al parecer, el Gobierno sí contempla la posibilidad de llegar a un acuerdo con algunos países latinoamericanos para que accedan a acoger a aquellos miembros de ETA dispuestos a abandonar la práctica violenta y cuyas graves responsabilidades delictivas impedirían su regreso a España.
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