Prisioneros en Tailandia

LA DESESPERADA situación en que se hallan 13 ciudadanos españoles - 11 hombres y dos mujeres- encarcelados en Tailandia (véase EL PAIS SEMANAL de 15 de enero) ha dado lugar a una interpelación del diputado Manuel Gallent, afiliado del PDP y miembro del grupo parlamentario de Coalición Popular, y a una petición de la Asociación Pro Derechos Humanos para visitar a los presos españoles que cumplen sentencia, dictada para castigar delitos de tenencia o tráfico de droga, en condiciones inhumanas. El reportaje publicado en las páginas de nuestro suplemento dominical parece arrancado de una de esas fantásticas narraciones de horror que alimentan las pesadillas infantiles con estampas crueles e imágenes angustiosas cuya clave última es la completa ausencia de esperanza y el progresivo hundimiento de los protagonistas en las arenas movedizas de la degradación y el envilecimiento. Con condenas de 20 años, la muerte puede incluso llegar a parecer la única salida posible de ese laberinto de dolor y humillación.La preocupación por el destino de estos desventura dos compatriotas honra a los que la manifiestan y a quienes han realizado, ante el Gobierno español y la representación diplomática tailandesa, las gestiones necesarias para aliviar la suerte de los condenados. La Asociación Pro Derechos Humanos no hace, así, más que prolongar, fuera de nuestras fronteras, su benemérita actuación de vigilancia y denuncia, en el territorio español, de las eventuales conculcaciones de esos dere chos fundamentales de la persona cuya violación no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia ni pretexto. El diputado democristiano Manuel Gallent también merece el elogio por haber ejercido sus facultades para interpelar al Gobierno y solicitar que interponga sus buenos oficios diplomáticos para conseguir que unos ciudadanos españoles sometidos a la jurisdicción de un país extranjero reciban el trato que las normas civilizadas establecen.

Señalemos, sin embargo, nuestro deseo de que Coalición Popular no discrimine a los españoles en función de sus lugares de residencia carcelaria y que incluya dentro de su campaña en favor de los derechos humanos de los presos -procesados o detenidos- a la población reclusa de nuestro propio suelo. La reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, orientada a limitar los períódos de prisión preventiva (cuya ilimitada prolongación transformaba esa medida cautelar en una condena) y a rebajar algunas penas excesivas, costó al ministro Ledesma una sostenida campaña de desprestigio. Las denuncias sobre el hacinamiento y deterioro de nuestras prisiones y sobre los abusos cometidos con los reclusos en algunas cárceles de alta seguridad -como Herrera de la Mancha- también han sido generalmente acogidas por la,derecha española con el silencio o con la descalificación de quienes formulaban las acusaciones. La justificada sensibilidad ante el régimen carcelario de Tailandia no debe tapar la preocupación por la situación de nuestras propias prisiones.