La Audiencia Nacional procesa por presunta estafa a los tres últimos propietarios de la entidad de ahorro Fidecaya

El juez Francisco José Castro Meije ha procesado a Manuel Grau Villa, Vicente Edmundo Alfaro Villén y Miguel Soriano Carrasco, los tres últimos propietarios de la entidad de ahorro particular Fidecaya, como presuntos autores de un delito de estafa y falsedades en documento mercantil y documento privado. Grau y Soriano han sido también procesados por tentativa de apropiación indebida. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha decretado la libertad bajo fianza de diez millones para Soriano, de ocho para Grau y de cuatro para Alfaro. Soriano, que ya había sido procesado en este mismo sumario el 13 de abril de 1982, junto al entonces inspector general de seguros Juan Aldaz Isanta, ya había depositado los diez millones.

A Alfaro le serán devueltos seis millones, ya que el pasado año tuvo que depositar diez millones para poder salir en libertad provisional, al haberse dictado contra él auto de prisión.Para cubrir las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la causa, el juez ha exigido a Grau una fianza de 1.800 millones de pesetas, y de un millón para cada uno de los dos restantes. Soriano deberá entregar cédulas de Fidecaya por valor de 250 millones de pesetas, para que consten en el juzgado como efecto del delito.

Según consta en el auto de procesamiento, de las diligencias realizadas en el sumario se desprende que "en la operación defraudatoria llevada a cabo por los procesados Soriano y Aldaz tuvo una intervención necesaria Manuel Grau, que prácticamente era el anterior titular de Fidecaya".

Grau, que disponía del 48 de las acciones de la sociedad, transfirió a Soriano la totalidad de las mismas, que estaban altamente sobrevaloradas. La maquinación fraudulenta hace que el precio de las acciones. sea pagado por la tesorería de la propia sociedad vendida.

Personas interpuestas, notoriamente insolventes

En la operación, Soriano introdujo en Fidecaya una finca rústica, cuyo valor, en el mejor de los casos, no llegaba al 15% del precio satisfecho. La maniobra se inició en el consejo de administración del 14 de diciembre de 1978, en el que se incluyó en el orden del día una oferta de compra de acciones al 546,5% de su valor nominal.Como consecuencia de la oferta, Fidecaya otorgó a Soriano un crédito por 350 millones y otros cuatro de unos 500 millones cada uno a personas interpuestas, notoriamente insolventes. Los títulos representativos de los créditos pasaron directamente a poder de Grau.

Los créditos cumplieron la función de pagar los más de 2.000 millones del precio de la venta de las acciones de Fidecaya. "La maquinación se consuma", añade el auto de procesamiento, "cuando aparece como garantía de créditos concedidos, exclusivamente la finca Puente Largo, situada en Aranjuez, que fuera comprada por Soriano poco tiempo atrás en un precio que en ningún caso superó los 200 millones".

Al introducir la finca en el patrimonio de Fidecaya, cancelando los créditos, se produjo una maniobra fraudulenta con un perjuicio para la sociedad evaluado en 1.800 millones de pesetas. Esto originó que Fidecaya no pudiera hacer frente a sus compromisos con millares de cedulistas, obligando a la intervención del Estado, que tuvo que resarcir a los perjudicados por motivaciones sociopolíticas.

Miguel Soriano decidió vender Fidecaya a un grupo representado fundamentalmente por Vicente Edmundo Alfaro. La venta consistió en el pago de una peseta por acción y la compra de una empresa de artes gráficas, Cosol SA, de valor nulo o negativo, y que poco antes Soriano había comprado por poco más de tres millones.

Alfaro pagó a Soriano 850 millones de pesetas por Cosol. De éstos, 600 fueron satisfechos mediante letras de cambio por las que se obligaba a pagar a Fidecaya, y los restantes 250 millones en cédulas de depósito de Fidecaya que no han sido cobradas.

Vicente Edmundo Alfaro, a través de su abogado, ha presentado recurso de reforma contra el auto de procesamiento, por defectos de forma que, según él, producen indefensión, y porque las aportaciones de Alfaro a Fidecaya compensaron las obligaciones asumidas por la empresa.