Un capitán de la Guardia Civil, llamado a declarar por la muerte de una manifestante en Almería

. El próximo 16 de enero, a las once de la mañana, el capitán de la Guardia Civil Antonio Torrado Reyes deberá declarar ante el Juzgado de Instrucción de Huércal Overa, Almería, para aclarar determinados puntos sobre su participaci6n en los incidentes que provocaron la muerte de una manifestante.Los hechos que se investigan acaecieron el 4 de marzo de 1981, en la barriada de Overa, perteneciente al término municipal de Huéreal Overa, provincia de Almería, cuando María Asensio Moralles salió a la calle junto con otros vecinos para protestar porque una importante empresa comercial de Cuevas de Almanzora pretendía extraer el agua de los pozos de la zona con la intención de regar unas fincas cercanas, imposibilitando así que continuara el cultivo tradicional de los naranjales y de los limoneros en la zona.

María Asensio Morales, de 32 años de edad, madre de dos hijos, cayó durante la manifestación, cuando la Guardia Civil lanzaba botes de humo y pelotas antidisturbios contra los vecinos, que ocupaban la carretera y que impedían el paso de los camiones que transportaban las cañerías a través de las cuales debía sacarse el agua.

Según versión de las fuerzas de orden público, la mujer falleció accidentalmente, al caerse al suelo y golpear su cabeza contra una piedra. En opinión de los familiares y de los manifestantes, María murió como consecuencia de la actuación "despropocionada de la Guardia Civil" y a causa de una pelota de goma disparada a una distancia poco prudente y antirreglamentaria, que le dio en el cráneo y le abrió la cabeza "como una granada".

La decisión para que declare este capitán de la Guardia Civil ha sido adoptada por la Audiencia Provincial de Almería en un reciente auto, con el que se responde al recurso presentado en su día por el marido de la víctima, en el que se protestaba por el archivo de la causa y se reclamaba el procesamiento del capitán de la Guardia Civil que mandaba las fuerzas que reprimieron a los manifestantes.

Otros testimonios

Asimismo ha sido citado a declarar, por exhorto y ante un juzgado de Almería, el abogado Darío Fernández Álvarez, que en aquella época defendía los intereses de la empresa que pretendía emplear el agua de la zona de Overa. El abogado Darío Fernández Alvárez, que meses después de este incidente asumiría la acusación privada por las víctimas del llamado caso Almería, incurrió en su declaración en diversas contradicciones, que ahora el juzgado instructor y los abogados querellantes pretenden clarificar.Por último, siempre en torno a la muerte de dicha manifestante, serán citados a declarar, en fecha aún no determinada, el teniente de la Guardia Civil José Hernández Jiménez, los brigadas José Verdú García y Tomás Martínez Fernández y los sargentos José Quevedo Muñoz, Ramón Román Andújar y Miguel Yuste Gómez.

En el mismo auto de la Audiencia de Almería, en el que se ordenan todas estas declaraciones y en el que se decreta la reapertura del caso judicial y la instrucción de unas nuevas investigaciones, se desestima la petición de los abogados querellantes, Rafael Salinas Parra y Francisco Ramos, que reclamaban la reconstrucción de los hechos y la declaración de 10 vecinos, que protagonizaron el incidente junto con la fallecida.