El Cabildo de Tenerife ha aprobado un plan de residuos sólidos que elimina 200 vertederos incontrolados en la isla

El Cabildo de Tenerife ha puesto fin al grave problema de las basuras en la isla mediante un plan insular de residuos sólidos que acaba de adjudicar en un pleno en el que el PSOE, mayoría gobernante, ha contado con el consenso de todas las fuerzas políticas.El conflicto de los vertidos, lo que se llegó a llamar la guerra de las basuras, cobró hace apenas dos años grados de politización extrema, pero ahora para todos los partidos ha estado más clara la necesidad de dar una solución urgente a tan delicado asunto. El plan supone la eliminación de unos 200 vertederos incontrolados en favor de medidas técnicas globales para los 31 municipios de la isla.

Los ayuntamientos no habían logrado ponerse de acuerdo por sí mismos ni tampoco contaban con posibilidades de encontrar, por separado, remedio al problema. Desde hace 10 años se empezó a estudiar una solución como la que plantea este Plan Insular de Residuos Sólidos (PIRS).

El plan ha sido adjudicado, entre tres ofertas, a la empresa Vertederos de Residuos, SA (Vertresa), "por ser la oferta económicamente más ventajosa para los intereses insulares", según se expresa en el dictamen de los servicios técnicos del cabildo. La empresa Vertresa deberá ahora ejecutar las obras del plan y realizar la gestión del mismo durante los próximos 30 años.

El PIRS contempla la creación de tres plantas de transferencia y de un vertedero, el cual estará ubicado en una zona de un millón de metros cuadrados perteneciente al municipio de Arico, en el sur de Tenerife. En este lugar serán arrojadas las 203.000 toneladas de basuras que produce la isla al año.

El vertedero proyectado será anaeróbico, según explican los técnicos, lo que significa que los desechos no quedarán expuestos al aire, sino cubiertos con tierra. Los residuos habrán pasado previamente por las plantas de transferencia, ubicadas en los términos municipales de La Guancha, La Orotava y Santa Cruz de Tenerife, donde serán sometidos a un proceso técnico y depositados en un contenedor, en el que, a su vez, serán conducidos al citado vertedero.

La inversión de estas obras es de unos 680 millones de pesetas. El canon de explotación del servicio, que será costeado por los ayuntamientos, es de 1.110 pesetas por tonelada. Esta cuota fue considerada por el cabildo la más aceptable del total de las tres ofertas para los contribuyentes de la isla, ya que representará, al cabo de los 30 años, un ahorro de más de 1.754 millones de pesetas respecto a la segunda y de más de 2.183 millones de pesetas respecto a la tercera.

"Las condiciones técnicas y medio-ambientales están garantizadas. Para los habitantes de los lugares donde irán emplazados el vertedero y las plantas de transferencia ha sido muy dificil comprender esto. La población está muy sensibilizada y le cuesta creerse que no hay riesgos", declaró el abogado Jesús Bernardos Correa, coordinador del plan.

Problema angustioso

"El problema era angustioso", indicó el presidente de la corporación, José Segura, "ahí están esos 200 vertederos incontrolados. Las basuras han estado siendo arrojadas a los barrancos. Cuando llueve han ido a parar al mar, contaminando las cosas, como en San Juan de la Rambla. Algunos vertederos han estado en combustión permanente, como en el caso de Santiago del Teide. Han sido afectadas, además, nuestras reservas acuífe ras", añadió el presidente del cabildo.Hace dos años fue clausurado el Lazareto, nombre del vertedero situado en la capital de la isla, al que iba a parar hasta entonces la mayor parte de la basura de Tenerife. El alcalde de la ciudad explicó que se había sobrepasado su capacidad y, de seguir abierto, constituía un serio peligro. La medida provocó una gran alarma entre los ayuntamientos. El gobernador civil decretó la creación de un basurero provisional en La Laguna, a pesar de la fuerte protesta de los vecinos. Este vertedero, que desató una dura polémica ecologista, podrá ser cerrado con el PIRS.

En Arico, por reacción casi espontánea, la población se

muestra preocupada. El vertedero estará a una distancia de siete kilómetros del núcleo de habitantes más próximo. El lugar fue elegido cuidadosamente, tras un estudio de la empresa nacional Adaro, perteneciente al INI. El alcalde de la localidad de Arico, Domingo Zacarías Rodríguez Molina, socialista, no se ha mostrado favorable a la idea del vertedero, pero sabe que la ley contempla la posible intervención del Ministerio de Administración Territorial para hacer cumplir el plan.