La ley básica del Medio Ambiente coordinará la actual multiplicidad de jurisdicciones entre varios ministerios

La ley básica del Medio Ambiente, cuyo anteproyecto ya tiene preparado el Ministerio de Obras Públicas y llegará al Parlamento en las próximas semanas, establecerá una unidad de gestión para evitar la multiplicidad de jurisdicciones y garantizar una política de Estado, a pesar de las transferencias a las comunidades autónomas. Esta ley básica será el marco que amparará el desarrollo de las leyes sectoriales denominadas de Residuos, de Protección de la Naturaleza, de Aguas y de Protección del Ambiente Atmosférico. En el medio ambiente tienen competencias Presidencia, Agricultura, Sanidad, Industria y Obras Públicas.

El sentido patrimonial que ha tenido hasta el momento presente la Administración española ha posibilitado la adopción de políticas sectoriales que han impedido cualquier uniformidad programática. La Dirección General del Medio Ambiente, que perteneció al Ministerio de la Presidencia, fue traspasada a Obras Públicas cuando Joaquín Garrigues cambió de cartera ministerial. Garrigues arrastró tras de sí las competencias sobre el medio ambiente, y, a pesar de ello, ha tenido que ser el Ministerio de la Presidencia el encargado ahora de coordinar la acción para redactar la nueva ley.Del Ministerio de Agricultura dependen en este momento el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) y el Instituto de Oceanografía; de Industria, la prevención y corrección de la contaminación industrial; de Sanidad, la salubridad de las aguas; de Obras Públicas, la Dirección General del Medio Ambiente, y de Presidencia, los parques nacionales.

De acuerdo con el programa electoral del PSOE, se ha trabajado para unificar la política ambiental. Dentro de los planes programáticos está la creación de una secretaría de Estado o un secretaría general para los temas del medio ambiente.

Por el momento, hay tesis que mantienen la necesidad de que estas funciones queden adscritas al Ministerio de la Presidencia, pero tanto Obras Públicas como Agricultura pugnan fuertemente por controlar estas competencias. Para dictaminar la política general se cuenta con la creación de una comisión nacional con participación de las comunidades autónomas, grupos ecologistas y grupos de científicos y expertos en el tema.

La ley básica del Medio Ambiente es, de acuerdo con las normas constitucionales, una competencia exclusiva del Estado. El anteproyecto consta de cinco capítulos y 59 artículos. En el primero se delimita su ámbito, que se define por el medio físico, suelo, aire, flora, fauna, aguas continentales, el mar territorial y su plataforma.

Esta ley, de acuerdo con la refórma del Código Penal, establecerá los delitos contra la salud pública y el medio ambiente. El infractor deberá reponer al Estado las cosas en la misma situación en que estuvieran con anterioridad a la comisión del delito. Cuando no sea posible la restauración se exigirán daños y perjuicios.

Economía y ecología

Mediante la nueva ordenación jurídica se pretenderá hacer compatible la economía con la ecología, de modo que se produzca una utilización racional de los recursos. Para la conservación de la naturaleza se preconiza el aprovechamiento sostenido de los medios ambientales, la preservación de la diversidad ge Pética y la lucha contra la contaminación. Periódicamente se enviará al Parlamento un infor me sobre la situación ambiental a fin de poder corregir las irregularidades.Cada Administración, en el ámbito de sus competencias, de sarroilará sus decretos, reglamentos y ordenanzas y hará una valoración del impacto ambien tal y una valoración social, económica y física de cualquier ins talación pública o privada. La función preventiva consistirá en obligar al contaminador a invertir cuanto sea necesario para evitar el poder contaminador de las nuevas instalaciones.

La ley de Residuos contemplará no sólo los sólidos, sino también los líquidos y gaseosos. En este caso se ha tenido en cuenta la catástrofe italiana de Seveso, como ejemplo de posibles accidentes. Esta ley será acorde con lo preconizado por la Comunidad Económica Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sustituirá a la ley de 1975 dedicada a los residuos sólidos urbanos, y en ella se incluirán los industria.les, tanto tóxicos como peligrosos. Desde esta ley se pretenderá llegar al aprovechamiento energético de los residuos y, de acuerdo con Protección Civil, se establecerán los planes de emergencia para los casos de liberación de residuos, almacenamiento o transporte de los mismos. Se establecerá también una planificación comercial para reconvertir las materias y crear energía. Habrá regimenes especiales para chatarra, Iodos de depuradoras y productos tóxicos y peligrosos.

Se pretende asimismo que la ley de Protección de la Naturaleza tenga carácter restaurador. Tendrá como uno de sus fines principales la protección y lucha contra la erosión, la protección de la flora y la fauna, de los yacimientos coralíferos y de interés geológico, de las zonas húmedas y la restauración del paisaje natural en los lugares de minería a cielo abierto.