Los censores de cuentas quieren mayor nacionalización de las firmas auditoras

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas ha efectuado una convocatoria para el próximo día 13, con el fin de pronunciarse definitiva y oficialmente sobre el anteproyecto de ley de Auditorías preparado por el Ministerio de Economía y Hacienda, cuyo titular es Miguel Boyer.Las principales observaciones formuladas provisionalmente se centran en que los auditores no sean convertidos en funcionarios, que sea democrático el nombramiento de los directivos del futuro Instituto de Auditores y que se imponga un mayor nivel de nacionalización que el proyectado para las empresas extranjeras.

El instituto, creado en 1927, tiene más de 4.000 miembros, de los cuales 1.100 juraron o prometieron fidelidad a sus principios de ética el año pasado, dado el auge creciente de la profesión.

Un solo organismo

Según explicaron ayer a los periodistas los responsables del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, regular las revisiones externas de cuentas de las empresas y hacer depender de un solo organismo a los auditores será positivo e importante.Además, si prospera el proyecto de que la mayoría de las sociedades anónimas tenga que ser sometida a tales revisiones -recogido en los últimos borradores del anteproyecto de ley de sociedades anóminas-, "habrá trabajo para todos", tanto nacionales como extranjeros. Pero, a su juicio, dejar sin vida al Instituto de Censores Jurados de Cuentas, como ocurriría al reconvertirlo en el futuro Instituto de Auditores, requiere una serie de cautelas para preservar la independencia de su labor.

En opinión del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, que compite en protagonismo e influencia ante la Administración española y las empresas con el Registro de Auditores, promovido por las principales multinacionales de auditoría instaladas en España y por el Colegio de Economistas de España, el anteproyecto de ley no preserva la independencia de las auditorías y convertiría a los auditores en funcionarios, por el control que ejercería la Administración sobre su colegio profesional e incluso por la regulación de aranceles.

Sus responsables añadieron que los organismos internacionales ya han advertido de que, si prospera este anteproyecto, España no formaría parte de ninguno de ellos. Preguntados sobre la preferencia que se observa de forma muy mayoritaria entre las empresas que se auditan por las firmas extranjeras, sobre todo si tienen que salir a mercadoos exteriores, contestaron que tenían constancia de que en el extranjero han sido aceptados numerosos trabajos de miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.