El recargo municipal sobre la renta

La entrada en vigor de la nueva ley de Financiación de las Haciendas Locales permite a los ayuntamientos establecer un recargo de hasta un 10% con destino a las arcas municipales sobre la cuota a pagar en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La idea generalizada entre expertos tributarios de que no iban a ser demasiadas las corporaciones que hicieran uso de esa facultad legal parece ir confirmándose.Hasta ahora pocos ayuntamientos de poblaciones importantes han anunciado el establecimiento del recargo.( ... ) El límite máximo del 10% sólo lo ha impuesto Santander, que cuenta con un alcalde de singular trayectoria, Juan Hormaechea, que se presentó a las elecciones como independiente encuadrado en Alianza Popular. Por el contrario, han expresado la intención de no recaudar cantidad alguna municipios encabezados por socialistas en ciudades de tanta importancia y tan graves problemas de financiación como Madrid, Barcelona y Zaragoza.

No hay que esperar agradecimientos por adoptar una postura tan poco frecuente como es la de recomendar la exacción de un impuesto, pero en el caso que nos ocupa, y aun a reserva de la ortodoxia del procedimiento, parece más clara y valiente la postura de los ayuntamientos recaudadores que la de los que han querido ahorrar a sus ciudadanos el desembolso.

La corporación que establezca el recargo hace frente a un deterioro de popularidad que, aunque las próximas elecciones locales estén a más de tres años de distancia, no dejará de tener su importancia. Sin embargo, al establecerlo da también pruebas de aceptar una mayor claridad en cuanto a la determinación del origen de sus recursos y una mayor exigencia a la hora de que sea vigilada su gestión, unida a la voluntad de mayor autonomía financiera y menor recurso al auxilio social estatal.

La postura que resulta menos recomendable es la de los ayuntamientos que dicen no al recargo en el impuesto y se las ingenian para sustituir esa recaudación mediante todo tipo de fórmulas que a la postre resultan más gravosas para la actividad empresarial y para los particulares. Se queda muy bien despreciando olímpicamente la facultad que se ha concedido, pero a costa de subir radicaciones, tasas por servicios diversos, precios de aparcamientos superficiales o subterráneos y un largo etcétera que lleva además a una gestión burocrática más complicada y menos transparente.( ... )

3 de enero