El ayuntamiento pedirá al Gobierno cambios en las normas de seguridad de locales públicos

El gabinete de gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha encargado a los servicios jurídicos municipales que estudien y recopilen toda la legislación, de ámbito municipal o general, que afecte a las medidas de seguridad e inspección de discotecas, salas de fiestas y locales públicos en general. El estudio, según afirmó ayer en una conferencia de prensa el socialista Juan Barranco, primer teniente de alcalde, será remitido al Gobierno y a las Cortes con la finalidad de que sea tenido en cuenta a la hora de modificar la legislación vigente.

Juan Barranco, ratificó ayer las palabras de Enrique Tierno, pronunciadas al día siguiente del incendio de la discoteca Alcalá 20 en el que murieron 81 personas referidas a la confusa y dispersa normativa legal sobre las medidas de seguridad de que deben dotarse los locales públicos de espectáculos. Barranco criticó con dureza el decreto que promulgó el vigente reglamento de espectáculos, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de noviembre de 1982, cuando el PSOE ya había ganado las elecciones generales del 28 de octubre pero aún no había tomado posesión el nuevo Gobierno.La finalidad de la nueva legislación, según indicó el teniente de alcalde, sería llenar algunas lagunas importantes que subsisten hoy, como la periodicidad de las inspecciones o el número de salidas de emergencia que debe tener un local según el aforo permitido, aspectos que en la ley actual no están bien definidos.

Buitres carroñeros

Esta iniciativa legal se complementará con otras de próxima adopción por parte del ayuntamiento. Entre ellas, se exigirá que a la entrada de cada sala de fiestas o discoteca se instalen planos del local, con clara indicación de la disposición de las salidas de urgencia. También se publicarán y distribuirán folletos explicativos sobre las condiciones de seguridad que deben reunir este tipo de establecimientos y la conducta que los ciudadanos deben seguir en caso de accidente.Interrogado acerca de las denuncias que han presentado algunos colectivos, como el Colegio de Decoradores, relativas a que el ayuntamiento no tiene en cuenta su opinión a la hora de conceder licencias de apertura de locales públicos, Barranco respondió calificando de "buitres carroñeros" a los que adoptan "posturas extempóraneas". "Cuando ocurre alguna catástrofe ya sabemos que van a aparecer los típicos buitres carroñeros", declaró el político socialista, "entidades que no figuran en ningún registro, presuntos expertos que nadie conoce, que no han aparecido en escena nunca y cuya única intención parece ser la de hacerse publicidad a costa de los muertos".

Barranco, que estaba visiblemente molesto por algunas de las críticas vertidas contra el ayuntamiento con ocasión del incendio de la discoteca, explicó las presiones cotidianas a que se ve sometida la corporación: "Nos está pasando ahora con motivo del cierre de algunos pubs de la zona de Malasaña, que van a ser clausurados precisamente porque no cumplen las medidas de seguridad. Desde que anunciamos los cierres, el ayuntamiento ha tenido que soportar presiones porque, según ellos, vamos a dejar a la gente sin trabajo, somos unos burócratas represivos y cosas así. Cuando ocurre una tragedia, esas mismas personas nos acusan de no cumplir nuestras obligaciones. Lo que dijo Tierno es cierto. Si realizáramos una inspección rigurosa de los locales públicos madrileños, y no sólo discotecas, sino salas de fiestas, cines, incluso emisoras de radio o periódicos, tendríamos que cerrar muchos".

Se desmontará la gasolinera de San Francisco el Grande

Al margen de la conferencia de prensa, fuentes municipales confirmaron que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima (Campsa) ha aceptado la petición municipal para trasladar a otro emplazamiento, aún no determinado, las instalaciones de una gasolinera que estaba previsto situar enfrente de la basílica de San Francisco el Grande.Campsa desmantelará el depósito de combustible y la caseta destinada a almacén de productos y oficina de la gasolinera, que ya se habían instalado. Aunque dicho emplazamiento fue ofrecido en su día a Campsa por el propio ayuntamiento, las citadas fuentes señalaron que la propuesta se hizo antes de que la iglesia y su entorno fueran señaladas en el Plan General de Madrid como zona de especial protección.

Esta nueva circunstancia ha hecho que el ayuntamiento entable negociaciones con Campsa. A la empresa se le ha concedido un plazo de 45 días para que desmantele las instalaciones, mientras que el ayuntamiento busca un nuevo lugar para que la gasolinera pueda entrar en funcionamiento.