Otra catástrofe en Madrid
LA NUEVA tragedia ocurrida en Madrid durante la madrugada de ayer, con 78 personas fallecidas y más de una veintena de heridos a consecuencia del incendio de la sala de fiestas Alcalá 20, mueve inicialmente a un comentario fatalista en torno al eslabonamiento de accidentes sucedidos durante las últimas semanas e invita a una conclusión desesperanzada sobre las oportunidades de catástrofes colectivas que la muerte recibe gratuitamente del progreso tecnológico y las grandes concentraciones urbanas. Se diría que la mala suerte se ha cebado con especial saña en estos días con los vecinos o visitantes de la capital de España, escenario de patéticas estampas que transmiten el horror de las muertes absurdas, el espanto de los supervivientes y el dolor de los familiares y amigos de las víctimas. Sin embargo, es preciso superar esa paralización de la reflexión que implica siempre la atribución de los accidentes imprevistos a la ceguera del destino y esforzarse por intentar alguna forma de análisis de esos terribles acontecimientos.Las diligencias iniciadas, en la misma madrugada del sábado, por el juez de instrucción -señalemos, de paso, que resulta incomprensible. que una gran ciudad como Madrid disponga sólo de un juzgado de guardia- permitirán elucidar las eventuales responsabilidades culposas del accidente. En ese sentido es de destacar la decisión del juez de decretar, en la misma tarde de ayer, la detención preventiva de cuatro personas relacionadas con la propiedad y la dirección del local, aunque las primeras declaraciones de las autoridades de la Comunidad Autón6ina, el Ayuntamiento y el Gobierno Civil hayan descartado que la discoteca no tuviera en regla sus instalaciones. Quedan, en cualquier caso, por aclarar las causas del incendio, atribuido en principio a un cortocircuito de un foco, las razones de que la verja que separa a la discoteca del teatro colindante estuviera cerrada, el mal funcionamiento de los extintores y la adecuación entre el número de clientes y el aforo autorizado.
Aunque el cumplimienta de los reglamentos eximiera de cualquier responsabilidad penal y administrativa al establecimiento, resulta necesario plantearse, sin embargo, la suficiencia de esas disposiciones legales para hacer razonablemente imposibles castástrofes como la producida en Alcalá 20. Cualquier visitante asiduo o esporádico de muchas salas de fiestas y discotecas instaladas en los sótanos de edificios ha podido sentir, sin necesidad de padecer ansiedades nacidas de una claustrofobia patológica, la inquietante impresión de que esos espacios subterráneos, comunicados con el exterior a través de complicadas escaleras, estrechos pasillos y escasas puertas normales o de emergencia, corren el peligro de transformarse en trampas mortales como consecuencia de un incendio. El diseño arquitectónico de locales de ese género los condena a una evacuación enormemente dificultosa, que lleva aparejados -como sucedió ayer- el pánico, las avalanchas y las oclusiones. Pese a los respetables intereses creados por esos centros de diversión, y pese a que los clientes que los frecuentan lo hacen de manera libre y voluntaria, quizá sea indispensable, tras la tragedia de ayer, plantearse la necesidad de una nueva reglamentación que eleve considerablemente los niveles de seguridad de esas instalaciones, especialmente en lo que concierne a su rápida y fácil evacuación en caso de alarma. A este respecto, la circunstancia de que buena parte de los fallecimientos se haya debido a la asfixia por humos tóxicos obliga también a un examen riguroso de los materiales de construcción, que contrarrestan dramáticamente su menor combustibilidad con su capacidad para producir gases letales. En un plano mucho más general, los visitantes extranjeros suelen asombrarse de la casi completa ausencia de medidas preventivas contra siniestros en los edificios españoles, que carecen de escaleras de incendios incluso en aquellas construcciones a las que, por su altura, no pueden llegar los servicios de los bomberos.
Las primeras impresiones llevan a la conclusión provisional de que los servicios de ayuda y rescate funcionaron en la madrugada del sábado con apreciable eficacia. La cobertura dada por Televisión Española a la tragedia muestra que la pesadez administrativa del monopolio estatal y las insensateces doctrinarias de sus directivos no son capaces todavía de impedir a un informador responsable llevar a cabo su tarea. Los nexos entre la esfera política y las catástrofes ocurridas en la sociedad sólo resultan relevantes cuando los accidentes pueden imputarse de forma causal a las negligencias o a los errores de la Administración. No hay razón alguna, a la vista de los datos disponibles, para establecer tal relación en la tragedia de Alcalá 20.
Digamos, finalmente, que la inmediata aparición en el escenario de la tragedia de Enrique Tierno muestra la sensibilidad del alcalde de Madrid, que se ha ganado a pulso, sin demagogias y sin providencialismos, el afecto de los vecinos. Confiemos en que su promesa de revisar las ordenanzas municipales para hacerlas más rígidas en todo lo que concierne a la seguridad de los locales públicos pueda ser llevada rápidamente a la práctica.
