La sentencia marca el inicio de la operación de vuelta de las empresas al sector privado

Las ventas de empresas de Rumasa empezarán en bloque durante las próximas semanas. Apenas conocida ayer la sentencia del Tribunal Constitucional, los administradores se disponen a convocar a la comisión reprivatizadora para que concrete condiciones y dé el visto bueno a los primeros contratos, así como a la oferta de devolución de participaciones a los accionistas minoritarios que no quieran esperar al justiprecio. La aclaración de la constitucionalidad era la señal de partida esperada para devolver al sector privado los dos centenares y medio de empresas operativas que tenía el grupo. Entre las casi 300 intenciones de compra registradas, a partir de ahora se conocerá con exactitud quiénes iban con intención de aventura, de noviazgo o de matrimonio. También será la oportunidad para iniciar la aproximación a lo que costará al Estado la solución del caso.

Tres son las decisiones fundamentales que deberán ser concretadas y ejecutadas ahora, una vez estudiadas las repercusiones de la sentencia. En primer lugar, la venta directa de las participaciones que tenían en las empresas expropiadas los accionistas minoritarios, a quienes se ofrecerá la posibilidad de recuperar sus acciones. En segundo término, la determinación del futuro de la veintena de bancos del holding, que mantienen tan alta concentración de riesgos en las empresas como la existente en el momento de la expropiación. Por último, la venta de las mayores empresas, que dependerá de las decisiones anteriores. Entre tanto, desde la próxima semana volverán al sector privado las sociedades que tenían menor dependencia del grupo.La comisión reprivatizadora que deberá supervisar estas operaciones, nombrada el pasado verano, sólo se había reunido en pleno varias veces, para ser informada de las intenciones de compra y fijar la estrategia general. Desde entonces, el peso de los contactos con los interesados en comprar lo ha llevado la oficina de promoción de ventas o directamente el director general de Patrimonio del Estado, Javier Moral.

Aumentan las pérdidas

El inicio de la reprivatización era esperado con urgencia desde el pasado verano por los administradores de Rumasa, después de dedicar sus primeros meses al conocimiento y control del grupo, así como a facilitar documentación a los fiscales y a los tribunales sobre las acciones presuntamente delictivas de sus predecesores al frente del holding. Convencidos de que les había tocado administrar una quiebra, temían que la permanencia de empresas en el grupo sirviera para deteriorar la situación económica de las mismas.

En efecto, aparte de la repercusión que pudieron tener en los primeros meses los hechos que rodearon la expropiación en la actividad de las empresas, la inexistencia de dotaciones presupuestarias para capitalizar las sociedades que necesitaban más recursos propios ha prolongado y quizá acentuado su crisis. Los únicos recursos públicos utilizados hasta ahora han sido unos 170.000 millones de pesetas proporcionados por el Banco de España, en créditos al 8% y a largo plazo, a los bancos del grupo. Pero la mayor parte de este dinero ha ido a compensar las salidas de depósitos ocurridas en los primeros meses. Las empresas han mantenido o renovado sus créditos con dichos bancos, a tipos nominales del 18%, que suponen costes efectivos del 20%, siendo por lo general escaso su nuevo endeudamiento con otras entidades.

Así, mientras las ventas de las empresas del grupo han crecido durante los 10 primeros meses de este año a un ritmo anual del 12% -el mismo que la inflación-, las pérdidas lo han hecho al 17%. Pero los administradores han advertido que, si bien este año pueden llegar a 1,5 millones por cada uno de los 47.000 empleados, ello representa una desaceleración respecto a ejercicios anteriores, en que aumentaban casi al 50%.

La explicación es que proceden fundamentalmente de financiar las deudas de Rumasa, SA, cabecera del grupo y titular de participaciones en las empresas, donde se han acumulado las pérdidas de los últimos años, una vez que se comieron los recursos propios del grupo. Los más de 250.000 millones de pesetas de deuda de Rumasa, SA, contraída también en su mayor parte con los bancos del grupo, suponen costes financieros mensuales superiores a los 5.000 millones de pesetas, que se convierten en pérdidas por la práctica ausencia de ingresos de Rumasa, SA, que era propiedad al ciento por ciento de Ruiz-Mateos y sus hermanos.

El coste de la expropiación

Con la expropiación, tanto la propiedad de Rumasa, SA, como las acciones de las empresas en poder de los accionistas minoritarios pasaron al Patrimonio del Estado. Y el desequilibrio patrimonial del holding, así como el de las empresas que están en números rojos, seguirá arrojando pérdidas mientras no sea cubierto con las correspondientes dotaciones de capital o con los ingresos que en algunos casos pueda aportar la reprivatización.

Por tanto, el coste de la expropiación para el Estado no se conocerá hasta que termine el proceso de reprivatización. La primera aproximación la proporcionaron las auditorías, al detectar un desequilibrio patrimonial del grupo consolidado -es decir, la diferencia entre el valor de sus bienes y el importe de sus deudas- del orden de 270.000 millones de pesetas.

A los 270.000 millones de pesetas, en los que se incluyen unos 20.000 millones de participación de los accionistas minoritarios en las pérdidas, habrá que añadir las indemnizaciones que correspondan por el justiprecio de la expropiación a dichos accionistas, así como las pérdidas acumuladas por el grupo a partir del 23 de febrero (por el momento, unos 60.000 millones de pesetas). Igualmente, si el precio que estan dispuestos a pagar los compradores de empresas no llega a la valoración contable de las mismas, la reprivatización incrementará el coste de la expropiación; si se supera el mismo -lo que puede ocurrir en algún caso, según fuentes de los administradores-, disminuirá la factura que habrán de cubrir por una u otra vía los contribuyentes.

La incógnita de los bancos

Una de las mayores incógnitas existentes al respecto procede del futuro de la veintena de bancos del grupo. Todos eran miembros del Fondo de Garantía de Depósitos, formado a medias entre el Banco de España y la banca privada, aunque el peso real de la financiación corresponde en su mayor parte al primero. La expropiación libró a la banca privada de poner su parte a través del fondo, y las ayudas han procedido en exclusiva del Banco de España directamente, si bien el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, declaró a este periódico que la banca deberá contribuir. Sea cual sea la fórmula que se utilice, los accionistas bancarios que esperan indemnización o justiprecio son tantos o más que el total de accionistas de la empre sa, por lo que el coste de las indemnizaciones se centrará especialmente en los bancos.

Incluso los primeros esbozos de la parte inicial de la operación reprivatizadora -ofrecer a los accionistas minoritarios la devolución de sus participaciones- han excluido de la misma a los bancos, por entender que ello dificultaría las operaciones de saneamiento a través del fondo, al privar a éste de la titularidad al ciento por ciento de las participaciones.

Para las varias decenas de accionistas del resto de las empresas -en total, Ruiz-Mateos decía que sus empresas y bancos tenían, 100.000- , la oferta proyectada consiste en la enajenación directa al mismo precio que en su momento resulte del procedimiento de justiprecio. El último de los borradores de decreto por el que el Gobierno autorizaría tal operación, redactado el pasado verano, quedó paralizado por aconsejar la Dirección General de lo Contencioso que se esperara a la sentencia.Las ventas más fáciles y las más difícilesAl margen de estas enajenaciones directas de acciones y de la decisión sobre el futuro de los bancos, que condicionarán toda la estrategia de reprivatización, en el sentido de facilitarla o dificultarla, hay dos bloques de empresas que tendrán un tratamiento peculiar. En primer lugar, el medio centenar largo de empresas sumergidas o participadas indirectamente por las expropiadas -unas y otras se confunden- que no aparecieron en la lista del decreto-ley de expropiación, por considerar el Gobierno que los administradores ya disponían o iban a hacerse con su control, al disponer de los canales de financiación, como así ha ocurrido.

En segundo plazo aparecen las empresas donde hay serias dificultades para su reprivatización, por carecer los administroidores de todo el control, no contar con compradores interesados, u otros motivos. Entre las primeras figuran las empresas situadas en el extranjero, donde se ha conseguido el dominio en contadas excepciones, y las que eran propiedad directamente de Ruiz-Mateos y no aparecieron en la lista de la expropiación.También permanecen en similar situación, por estar en litigio las marcas de las que viven -Dry Sack y Duque de Alba, respectivamente-, las compañías Williams & Humbert y Zoilo Ruiz-Mateos.