Soluciones a la crisis de la Seguridad Social

Recientemente, los titulares de los ministerios de Economía y Hacienda y el de Trabajo y Seguridad Social coincidían -con la diferencia temporal de un día- en señalar la quiebra o suspensión de pagos de la Seguridad Social. Igualmente, una encuesta reciente, dirigida a profesionales, parecía coincidir en tal afirmación. Sin entrar en los términos que califican tal situación, lo que sí se puede afirmar -dicen los autores- es la imperiosa necesidad de frenar el ritmo creciente del déficit en la Seguridad Social.

No hay que olvidar que, si el déficit de la Seguridad Social no ha alcanzado cotas más elevadas, ha sido debido a que la aportación relativa del Estado a la Seguridad Social se ha multiplicado por cuatro en los últimos años. Dado que ese ritmo de transferencias es impensable que se mantenga a medio plazo -si a la vez se pretende que la presión fiscal no aumente de forma desmesurada y el déficit público se reduzca en proporción al PIB-, el sistema de la Seguridad Social puede encontrarse con serias dificultades para cumplir los compromisoadquiridos por el mismo.

El sistema actual de la Seguridad Social está diseñado para una sociedad en expansión económica y con altas tasas de crecimiento, habiéndose mantenido dicho modelo en una situación, como la actual, de profunda crisis económica

Al igual que han hecho otros países, lo razonable hubiera sido realizar cambios importantes a partir de 1977, al comprobarse que la crisis era estructural y no coyuntural. En España, por el contrario, no sólo no se cambió sustancial mente el sistema de Seguridad Social, sino que se ha agravado dicha situación -al adquirirse nuevos y más gravosos compromisos- que, ante la insuficiencia de recursos, han sido pagados en última instancia por los contribuyentes ya sea por aportaciones presupuestarias o por créditos extraordinarios.

Por tanto, hay razones de peso para cambiar y reformar la Seguridad Social, buscando un punto intermedio entre el interés de ciertos sectores, cuya finalidad última es buscar el deterioro de la Seguridad Social pública, y las reformas demagógicas de personas e instituciones, que sólo solicitan nueva prestaciones o ampliación de las existentes, sin señalar cómo se puede financiar ese nuevo gasto de forma razonable.

Reforma de ingresos y gastos

Lo deseable sería mantener el nivel de protección social en proporción al PIB, lo cual exigiría eliminar tanto la sobreprotección de que gozan determinados colectivos como la menor carga relativa de la que se benefician distintos grupos sociales, con niveles de cobertura similares al resto del sistema. Y esto, no sólo es urgente como medio de obtener ahorro en el gasto y mayores ingresos, sino como mecanismos de restablecer el principio de que "a iguales cargas, equivalentes prestaciones".

Si se desea romper el equilibrio antes anunciado, para favorecer por medio de la Seguridad Social a determinados grupos -lo cual es más una finalidad de la política presupuestaria del Estado que del sistema de la Seguridad Social-, son los representantes de la soberanía nacional los que deben aprobar la correspondiente transferencia presupuestaria, de forma clara y translúcida, y establecer con qué aumentos de presión fiscal se financian. Lo que no se puede mantener es la situación actual, en la que no se conoce dónde acaba el sistema contributivo profesional y dónde empieza el sistema universal. Dándose la paradoja de reclamar pensiones dignas equivalentes al salario mínimo y revalorizables anualmente con el índice de precios personas que no han cotizado un número mínimo de años.

Por ello es urgente acometer reformas que, por el lado de los ingresos, consistirían en incluir en la Seguridad Social a todos aquellos colectivos actualmente fuera del sistema, vía regímenes especiales independientes sustitutorios o alternativos. Dado que son colectivos, en general saneados, con estabilidad en el empleo, no envejecidos y sin posibilidad de fraude. Nos referimos, entre otros, a los funcionarios públicos, los profesionales y los trabajadores de las empresas públicas. Junto a ello, es urgente aumentar la presión media de los regímenes especiales -básicamente del agrario- que presentan fuertes déficit, superando en 1983 los 650.000 millones de pesetas. Dicha elevación permitiría descargar de la fuerte presión que soporta el régimen general -con un superávit de 180.000 millones de pesetas-, posibilitando una reducción de tres puntos en su tipo de cotización. Asimismo sería preciso aumentar gradualmente la participación de los ingresos del Estado y reducir el fraude y la morosidad en las cotizaciones. Para esto último, es urgente evitar el fraude en los colectivos y conceptos retributivos declarados, así como la morosidad, diferenciando del total de los descubiertos actuales los que son incobrables de los impagos utilizados por las empresas como medio normal de financiación tal y como recientes situaciones han venido a demostrar.

La realidad de las pensiones

En cuanto a los gastos, habría que modificar en las jubilaciones el sistema de determinación, prolongando el período que se toma como base de cálculo; bajando el porcentaje y flexibilizando la jubilación sólo para actividades insalubres, nocivas o de sectores en crisis, aunque no de forma generalizada. Por otro lado, no debe procederse a actualizaciones para ningún tipo de pensión por encima del IPC, elevándose proporcionalmente éstas y estableciendo topes máximos para las pensiones, como mecanismo de no generar prestaciones excesivamente elevadas, cuando se cotice por salarios reales.

Se debe, por otro lado, hacer llegar a los ciudadanos, de forma clara, cuál es la realidad económica del sistema de pensiones actualmente aplicado en la Seguridad Social, de forma que se conozca por los beneficiarios de las mismas cuál es la parte de su pensión generada con sus cotizaciones y cuál es la que corresponde a la mejora que el sistema le otorga gratuitamente. Junto a ello, es urgente acometer la reforma de las pensiones de invalidez, modificando el período de cálculo y cotización, revisando más estrictamente la calificación y rehabilitación, y convirtiendo a aquéllas en pensiones de jubilación a los 65 años. Mientras, en las pensiones de viudedad, una vez eliminada la desigualdad actual en razón del sexo, éstas deberían concederse de forma indefinida sólo a aquellas personas que no alcancen un tope de recursos, o bien con edad avanzada o que tengan familiares a su cargo.

La regulación de los Fondos de Pensiones, aun siendo necesaria, no va a solventar el verdadero problema de la Seguridad Social, ya que sólo va a afectar a colectivos reducidos y de altos ingresos.

La Seguridad Social no entrará en quiebra si la Administración acomete. las reformas necesarias, si se consigue una mayor equidad tanto en la protección como en la cotización y si se acepta que la Seguridad Social no es una caja sin fondo de la cual, como prestidigitadores, se pueden extraer sucesivas prestaciones sin que nadie explique cómo financiar su coste.

son economistas.