La 'reforma de los relojes'

, El Gobierno socialista comenzó su reformas en la Administración por las ventanillas. Los ciudadanos, especialmente los madrileños, comprobaron a mediados de febrero que a las ocho de la mañana había más tráfico. El antiguo horario real de los funcionarios desde las 9 a las 14 horas se extendió de las 8 a las 15. Las oficinas de registro e información comenzaban a abrir por la tarde. En las vacaciones de Semana Santa los siete días de asueto de otros años se quedaron en sólo los festivos. Se iniciaba así la reforma de los relojes.

Luego, quedaron promulgados los formularios para apuntar las remuneraciones con objeto de evitar el doble sueldo del Estado. comenzaban a ser aplicadas las incompatibilidades.

Más tarde llegaron la mayoría de las actuaciones tendentes a regular el sector: los sindicatos eran tenidos en cuenta al iniciarse la negociación colectiva; el Gobierno adquiría en las Cortes el compromiso de regular el derecho de huelga de los funcionarios; se establecían los incentivos económicos y sociales para quienes aceptasen ser transferidos; fue aprobado el proyecto de Medidas para la Reforma de la Administración, y se inicia la reorganización de la Administración periférica (supresión de direcciones provinciales).

Incluso algunos sectores socialistas han criticado esta forma de proceder: primero se castiga a los funcionarios y luego se regula su sector. En opinión de esas personas, que apuntan también la relajación en el rigor inicial al aplicar las primeras medidas, el procedimiento debiera haber sido inverso.

Por otro lado, la reforma administrativa, estrechamente ligada a las transferencias autonómicas, no ha encontrado durante este año de Gobierno socialista la respuesta a algunas importantes cuestiones planteadas: cuántos funcionarios serán transferidos; cómo quedarán regulados los servicios centrales al perder personal; qué incidencia tendrán en los traspasos de funcionarios a Cataluña las presuntas sobrevaloraciones en las transferencias realizadas por UCD y denunciadas desde la oposición por el PSOE.

La Administración central cuenta ahora con cerca de un millón de funcionarios. Más de 228.000 han sido transferidos ya (UCD traspasó 114.000, y el PSOE lleva 113.000), bien entendido que la mayoría de ellos (un maestro, por ejemplo) no se movieron de sitio. Entre los que permanecen al servicio de la Administración central figuran los cerca de 60.000 que, aun cumpliendo labores de coordinación, apoyo y dirección, están adscritos a materias transferibles. La reasignación de sus funciones al perder capacidad y competencias no ha sido regulada, a pesar de la gran importancia que le concedía el programa electoral. Un año no ha sido suficiente para hacerlo.

La reforma iniciada con los relojes perdió empuje por disensiones internas (entre los ministros de Economía y de Presidencia, a raíz de la ley de reforma), por concesiones (exclusión de sanitarios y docentes en las incompatibilidades) y con la constatación de la triste realidad (porque, a pesar de las alegres promesas del ministro Javier Mosocoso, siguen existiendo las mismas ventanillas).