El 'peinado' fiscal

AUNQUE EL talón de Aquiles psicológico de una buena parte de los ciudadanos de este país sea ya, en estos momentos, al igual que en las demás democracias occidentales, la problemática fiscal, y aunque esto merece toda la comprensión del mundo, algunas de las conductas que se están dando estos días a propósito de las inspecciones zonales que realiza el Ministerio de Hacienda pueden ser de juzgado de guardia. Esta reflexión no se refiere tanto a los temores -racionales a veces, pero a veces debidos también a irregularidades conscientes- que este tipo de chequeos fiscales despierta en muchos de los pequeños y medianos comerciantes presuntamente afectados por el peinado, como a las acciones concretas que están promoviendo algunos grupos gremiales y políticos para crear resistencia al pago de unos impuestos que fueron debidamente aprobados por el Parlamento.La campaña fiscal iniciada por Hacienda tiene un objetivo muy concreto: forzarlas declaraciones de quienes no las efectúan estando obligados a hacerlas, y conseguir una puesta al día legal de las licencias fiscales de los comerciantes e industriales. Para ello, varios equipos de funcionarios han empezado a realizar controles bastante sistemáticos en diversas localidades. Frente a ello, en algunas zonas se han organizado protestas a partir de los argumentos más variados e inconsistentes. En unos casos, aceptando -no faltaría más- el derecho de Hacienda a luchar contra el fraude, pero con el guiño de solicitar a cambio que antes de realizar estos controles se avise (con un poco de tiempo, naturalmente, para poner en orden las cosas) a los afectados. Es decir, que un kilómetro antes de Regar al lugar donde los guardias de tráfico van a controlar la velocidad de los vehículos, se coloque una gran pancarta indicándolo. En otros casos se pide precisamente lo contrario: más discreción en el tema, para evitar que los demás ciudadanos equiparen la operación a una gran redada de presuntos infractores fiscales. No faltan, sin embargo, los que lisa y llanamente no aceptan las inspecciones. Esgrimen para ello razones como que "van contra el despegue económico" o que "ahora resultan inoportunos por la proximidad de la temporada de ventas navideñas" unos argumentos que, en definitiva, equivalen a abiertas confesiones de su laxitud en materia de obligaciones fiscales.

Aunque no resulte muy popular decirlo, y a pesar de que con nuestra actual Seguridad Social y con la pobrísima calidad de la mayoría de las prestaciones que realiza el Estado resulta bastante dificil defender a nuestros recaudadores, sería una cobardía silenciar que las únicas respuestas legítimas al problema de lo que se hace con nuestro dinero son la denuncia regular de los servicios inadecuados, la exigencia de su mejora y el castigo en las urnas -negándoles el voto- a quienes muestren incapacidad a la hora de resolver los problemas. Todo lo demás, las presiones directas a los recaudadores o las actitudes de boicoteo, es desestabilizar por desestabilizar.

Pues bien, se están produciendo acciones de este tipo. Y en este sentido es muy preocupante el trasfondo político de algunas de las cosas que se han producido estos días en Cataluña. Ahora bien, al analizar el tema debemos efectuar una precisión: la rebelión fiscal no es una actitud imputable genéricamente a Cataluña: se ha producido sólo en puntos aislados, al tiempo que en otras poblaciones catalanas la inspección se ha podido realizar con la misma normalidad que en las demás ciudades españolas peinadas por Hacienda.

Las localidades donde se han registrado los problemas -cierre de comercios, protesta a base de luces de escaparates apagadas... - pertenecen a la llamada Cataluña profunda, que es la sociológicamente más cerrada en sí misma y más conservadora. En Manresa, Amposta y Montblanc, por ejemplo, donde ha habido este tipo de actuaciones, las agrupaciones de comerciantes están regidas por personas políticamente próximas a Alianza Popular y Convèrgencia i Unió. La manipulación de la desazón causada por las inspecciones, su utilización en el clima preelectoral catalán, ha quedado al descubierto en Manresa. Allí, las pegatinas que han distribuido aquellas entidades gremiales, unas pegatinas que se quejan de la presión fiscal aprovechan la oportunidad para decir que está "tolerada por el equipo de gobierno municipal" que es, naturalmente, socialista, como si la responsabilidad de la línea de actuación trazada por el ministerio fuera del alcalde local, quien, por cierto, ha sido amenazado de muerte, junto con sus hijos. En esa misma ciudad un portavoz de AP ha calificado al grupo de veinte funcionarios que realizan las inspecciones de "batallón que siembra el terror". Todo, como, se puede apreciar, bastante burdo, aunque en la práctica esté resultando eficaz desde el punto de vista propagandístico de sus promotores.

El cambio en Hacienda va a determinar que muchos comerciantes españoles tengan lógicamente que modificar la forma de llevar la contabilidad de sus negocios que les enseñaron sus abuelos, por lo que tendrán que olvidarse del viejo procedimiento de tener como único libro de caja un cajón al que arrojan el dinero de los cobros y del que sacan lo que necesitan para los pagos. Una contabilidad inspeccionable forma tanta parte de lo que es la vida moderna como el hecho de que ahora, afortunadamente, la mayor parte de los pedidos a los proveedores se realicen utilizando un instrumento antes desconocido que se llama teléfono. Y Hacienda debe realizar sus controles con tanto rigor como comprensión frente a las características concretas de cada situación. Pero del mismo modo que ningún ciudadano inocente y responsable debe inquietarse por el hecho de que ¡por fin! se adopten medidas para reducir el fraude fiscal, todas las complicidades interesadas con la obstrucción a Hacienda merecen una investigación policial. Se trata de hechos irresponsables, y harán bien los estados mayores de los partidos en ser consecuentes con sus repetidas peroratas en defensa de la gobernabilidad del Estado. Lo contrario es cinismo.