La política de medio ambiente amenaza con crear divisiones en el Gobierno andaluz

Fricciones entre los encargados de la política de Medio Ambiente y los de otros departamentos, en especial Agricultura, amenazan con crear una sena crisis en la Junta de Andalucía. La ley para la Reforma Agraria y la de creación de la Agencia de Medio Ambiente se disputan algunos terrenos comunes, y las discusiones en torno a las mismas han subido de tono en los últimos días.

La ejecutiva del partido, con Rodríguez de la Borbolla a la cabeza, apoya decididamente una seria política de medio ambiente, pero al tiempo Escuredo ha apostado fuerte por la reforma agraria, cuyos encargados de llevarla a cabo ven con extraordinario recelo determinadas preocupaciones medio ambientales. Al amparo de la importancia política que para la legislatura de Escuredo tiene el éxito de la reforma agraria, la Consejería de Agricultura se aseguró la incorporación a su departamento de las transferencias de Icona (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza), cuyo patrimonio y número de funcionarios es especialmente importante en Andalucía. La adscripción de Icona a Agricultura fue vista con verdadero pánico por los conservacionistas, que recordaron que tal cosa vulneraba las promesas socialistas en política de medio ambiente.La consecuencia de esta reacción fue que se acelerase la creación de la Agencia de Medio Ambiente, cuyo proyecto de ley está ultimado y cuenta con todo el apoyo de la ejecutiva del PSOE en Andalucía. Este proyecto de ley es, en líneas generales, satisfactorio para el amplio movimiento conservacionista de Andalucía, que encontraría así cumplidas las ofertas electorales socialistas. El proyecto crea una agencia cuyo director tendría rango de viceconsejero; al tiempo, define con claridad las competencias ejecutivas de la agencia sobre determinados conceptos y territorios y señala que será competente para emitir informes vinculantes sobre actividades de otros departamentos que pudieran afectar al medio ambiente. Esto último ha sido visto con recelo por departamentos como Industria o Sanidad, y muy especialmente por Agricultura, que podría tener interés en contar con los montes públicos para crear empleo rural con una política de repoblaciones.