La publicidad desleal o engañosa será perseguida por los tribunales

La nueva legislación que prepara el Gobierno sobre publicidad deberá establecer claramente normas que persigan especialmente la publicidad engañosa y la que represente competencia desleal. Ésta es una de las tesis principales que se han defendido en las primeras jornadas de Derecho a la Publicidad que se han celebrado durante la pasada semana en Madrid. Las conclusiones de las jornadas serán tenidas en cuenta por el Ejecutivo para la nueva legislación sobre la materia.

Uno de los indicadores de la indefensión de las empresas ante la competencia desleal, y sobre todo de los receptores ante la publicidad engañosa, es, a juicio del catedrático de Derecho de la Publicidad y director de estas jornadas, Carlos Lema Devesa, el hecho de que durante 1982 el Tribunal Supremo no haya dictado ninguna sentencia sobre materia publicitaria, a pesar de ser un sector que en el ámbito económico genera 180.000 millones de pesetas y tener unas consecuencias perceptibles en materia de consumo sobre la mayor parte: de los ciudadanos."Existe un estatuto de la publicidad de 1964 que ha quedado desfasado y no se aplica desde hace mucho tiempo. Por una parte, las empresas lesionadas por la publicidad desleal", sostiene Carlos Lema Devesa, "no encuentran facilidades para querellarse debido a lo complicado y sobre todo a la larga duración de los recursos. Por otra parte, los consumidores y asociaciones de consumidores no tienen legitimación activa para acudir a los tribunales. El consumidor es víctima de la publicidad engañosa y está desprotegido frente a la misma".

Tanto el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, José María Rodríguez Oliver, o como el director general de Medios, Francisco Virseda, anunciaron en la inauguración de las jornadas los proyectos de nueva regulación global para la publicidad y de reestructuración de los organismos administrativos competentes.

El Gobierno se ha comprometido a enviar al Parlamento en el primer semestre del próximo año un proyecto de ley reguladora de la publicidad que supondrá la derogación del actual estatuto, y por otra parte unificará en un organismo único todas las competencias dispersas que tiene la Administración en la actualidad.