Las cajas de pensiones de empresas públicas han empezado a ser auditadas para su integración en la Seguridad Social

La intervención de la Seguridad Social audita estos días las cajas de pensiones del Banco de España, Banco Hipotecario y Tabacalera. En breve, las revisiones de cuentas serán extendidas a todos los montepíos de empresas públicas que actúan como sustitutorios de la Seguridad Social. Se pretende ver su nivel de solvencia y tener una base para su integración en el régimen general obligatorio, a partir del próximo año. Las condiciones de este traspaso seguirán la pauta que marcará la Mutualidad de Previsión (11.330 pensionistas y 20.000 cotizantes), cuya auditoría ha detectado una situación de quiebra técnica, según fuentes de la Administración; la solución en curso puede reducir a la mitad las pensiones de sus beneficiarios.

Las revisiones externas de cuentas han comenzado también por iniciativa de la Intervención General del Estado. Los responsables del control interno del dinero público temían que lo ocurrido con la Mutualidad de Previsión pudiera repetirse en la caja de pensiones de alguna otra entidad, cuya eventual insolvencia exigiría la ayuda de la Seguridad Social. Después de tomar la decisión, el Grupo Socialista introdujo una enmienda en el proyecto de Presupuestos del Estado para 1984 con el fin de que, además de la Mutualidad citada, se integren en Ia Seguridad Social todos los montepíos de la banca oficial y de las empresas públicas.Las integración del personal activo y pasivo de estas entidades en la Seguridad Social afectará sólo a la acción protectora obligatoria que prestaban en sustitución del sistema público, por lo general centrada en las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad. A cambio de cubrir estas prestaciones, que alcanzan niveles mucho mayores a los de la Seguridad Social, las cajas se quedaban con las cotizaciones obligatorias de sus beneficiarios, también generalmente más altas de lo habitual.

Previamente, cada caja deberá pagar a la Seguridad Social el coste estimado que tendrá ésta para atender las pensiones existentes en sus correspondientes regímenes. Si luego les sobra dinero, la entidad en esa situación podrá complementar las pensiones públicas en la medida de sus disponibilidades. Pero la enmienda incluida, en los Presupuestos deja claro que desde ahora el Estado no financiará los déficit en que puedan incurrir tales sistemas, que pasarán a ser exclusivamente complementarios, frente a su carácter actual de sustitutorios.

Según fuentes de la Administración, la mayor parte de las cajas de pensiones sustitutorias en empresas públicas cubren al menos el 100% del último sueldo. En la Seguridad Social, como se sabe, apenas excede al 60% del salario medio cobrado durante el período de dos años que más favorable resulte al causante. Así, mientras en la Seguridad Social la pensión media no llega a las 40.000 pesetas mensuales, en dichas cajas es probable que rebase el doble, debido a que hay algunas pensiones superiores a 350.000 y 400.000.pesetas.

Malestar entre los afectados

Las auditorías y estas modificaciones han provocado gran malestar entre los pensionistas y activos afectados, especialmente los de la Mutualidad de Previsión, cuya integración en la Seguridad Social ha sido fijada ya por el Consejo de Ministros para el 1 de enero próximo. Su pensión media es actualmente de 71.601 pesetas mensuales, según portavoces de la entidad, quienes señalan que para ello han cotizado un 22%, frente al 8% existente para similares coberturas en la Seguridad Social. La primera integración decidida por el Gobierno se ha basado,, en la auditoria, según la cual el creciente desfase entre ingresos y gastos (durante los cuatro últimos años, los primeros crecieron un 70,4% y los segundos un 133,3%) ha originado una deuda con la Seguridad Social de 9.328 millones de pesetas a 30 de abril pasado y que crece mensualmente en 500 millones de pesetas. Por el contrario, los fondos y reservas de la entidad, cuyo número de cotizantes disminuye al 17,4%, mientras el de pensionistas aumenta al 13,6%, ascendían al terminar 1982 a 11.173 millones de pesetas, con un ritmo de disminución del 19,5% en el período considerado.Aparte de otros acuerdos, como el de exigir eventuales responsabilidades y considerar anticipos los pagos que efectúe la Seguridad Social, el Consejo de Ministros ha adoptado el de que corresponderá "a las entidades de las que los mutualistas dependen la aportación de aquella parte en que los costes de la integración no pudieran ser cubiertos por la totalidad de recursos de la Mutualidad".

Aunque los órganos de la Mutualidad de Previsión han aceptado la integración, han expuesto oficialmente una serie de consideraciones que coinciden con las recogidas, a grandes rasgos, en un escrito enviado por los jubilados y activos de la Mutualidad al presidente del Gobierno, Felipe González. En síntesis, señalan que se va a cometer una injusticia, pues el, Decreto-Ley 36 de 1978 les concede el derecho a pensiones mayores de las existentes en la Seguridad Social, para lo cual han cotizado más durante decenas de años; que la misma disposición garantiza los derechos adquiridos; y que la situación de la Mutualidad es consecuencia de la orden ministerial de 4 de julio de 1981, por la cual quedó "herida de muerte", al no poder renovar o reponer su colectivo, de cotizantes.

El Consejo Directivo de la Mutualidad ha formulado también por escrito otras alegaciones, como la presunta ilegalidad e inconstitucionalidad de la medida y el carácter obligatorio que siempre han tenido las prestaciones de la Mutualidad.