150 personas mantienen una huelga de hambre en Marinaleda

El número de personas en huelga de hambre en Marinaleda se elevaba ayer a 150, entre las que se encuentra el alcalde del pueblo, Juan Manuel Sánchez Gordillo. La oferta del delegado del Gobierno de facilitar la puesta en marcha de planes piloto en las comarcas más deprimidas no supuso el fin de la huelga de hambre, iniciada el pasado lunes con la exigencia de que no se aplique el criterio restrictivo de la unidad familiar en los beneficios del paro comunitario. Por el mismo motivo se encontraban otras tres personas en huelga de hambre en Gilena, pueblo, como el anterior, de dominio del Sindicato de Obreros del Campo (SOC).La normativa vigente prohibe que en familias de tres personas haya más de un perceptor del p aro comunitario; en familias de cuatro, cinco o seis miembros puede haber dos perceptores; y en las familias de siete componentes o más, únicamente podrá haber tres perceptores. Este criterio restrictivo es rechazado por los jornaleros, que estiman que la Constitución ampara el derecho al trabajo de todos los españoles. Sin embargo, la norma de aplicación se basa en que el paro comunitario no es un trabajo, sino una prestación, y por tanto es lícito limitar el número de prestaciones por familia. En Marinaleda, donde se pretende aplicar ahora con rigor este criterio, quedarían fuera, de hacerse tal cosa, unas 70 personas, todas ellas especialmente necesita as, según manifestaciones del alcalde, Sánchez Gordillo, que ha iniciado en esta ocasión su novena huelga de hambre. En principio, otros 25 jornaleros o secundaron la actitud de su alcalde, que fue recibido anteayer por el delegado del Gobierno, Leocadio Marín, quien en su intento de mediación ofreció la creación de comisiones con representantes de los gobiernos civiles, diputaciones y los jornaleros, las cuales estudiarían la puesta en marcha de experiencias piloto en las comarcas cuyo índice de paro esté por debajo de la media provincial. La oferta interesó a los jornaleros, pero quedó sin solución el tema de la unidad familiar. El paro comunitario va a ser sustituido por otro sistema a primeros de año, y la delegación estima que para el corto plazo de tiempo que queda no hay razones para modificar estos criterios restrictivos, cuya aplicación corresponde al gobernador civil, a quien los jornaleros no podrán ver hasta el martes.

Razones parecidas han provocado encierros y manifestaciones en numerosos pueblos de la provincia, con predominio de Comisiones Obreras, como Badolatosa, Gerena, El Saucejo o Écija. La aplicación rigurosa de medidas restrictivas fue decidida por las autoridades ante el continuo incremento del número de beneficiarios del paro comunitario, que en los primeros 10 meses del año ha sido un 44% más que el año 1981 y un 25,7% más que en 1982.