Petición de que sea procesado un capitán de la Guardia Civil por una muerte en Almería

El abogado Rafael Salinas Parra ha presentado ante la Audiencia Provincial de Almería un escrito donde solicita el procesamiento del capitán de la Guardia Civil Antonio Torrado Reyes, al que acusa de un presunto delito de imprudencia punible con resultado de muerte, supuestamente cometido en 1981 al cargar las fuerzas a su mando contra una manifestación de mujeres y niños.El suceso se produjo en la barriada de Overa -en el termino municipal de Huercal-Overa-, cuando los manifestantes reivindicaban agua. En los incidentes resultó muerta una mujer. Los hechos se remontan al 4 de marzo de 1981, cuando los vecinos del término municipal de Huercal-Overa (Almería) salieron a la calle para protestar por una conducción de agua.que se intentaba construir en la localidad y que habría dejado secos sus pozos. En el transcurso de esta manifestación falleció María Asensio Morales, de 32 años de edad, casada y madre de dos hijos. Pocas semanas después de este incidente, el capitán de la Guardia Civil con destino en Huercal-Overa fue trasladado. El último destino que se le conoce es la Academia de Tráfico de la Guardia Civil, en Madrid.

El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Huercal-Overa abrió unas diligencias para investigar los hechos. Recientemente, el juez instructor remitió la causa a la Audiencia Provincial de Almería, para que los magistrados decidieran sobre el futuro del sumario.

El fiscal, a la vista de lo actuado, elaboró un informe reclamando el archivo provisional de la causa. Ante esta situación, el abogado acusador, que representa los intereses de los familiares de la fallecida, reclama ahora la reapertura de las diligencias, la instrucción de nuevas pruebas y el procesamiento del responsable de las fuerzas de seguridad. El abogado acusador presume que la mujer falleció como consecuencia de una pelota antidisturbios disparada por un iniembro de ese cuerpo de seguridad desde pocos metros.

Añade el abogado acusador que en la conducta del capitán de la Guardia Civil existen los suficientes indicios racionales de criminalidad, por la forma imprudente y desproporcionada con la que intervino y ordenó, actuar a los miembros de la fuerza a su mando.