La agrupación de acreedores de Rania se querella por estafa contra los gerentes de la central lechera

Laz agrupación de acreedores de Productos Lácteos Freixas interpuso ayer una querella criminal por presunta estafa contra Narcis Torerentó, Felip Puig y Pere Astais, gerentes de Central Lletera de Catalunya, que elabora la leche conocida bajo la marca Rania. Los acreedores solicitan que se suspenda la subasta de la empresa convocada para el próximo día, 24 de noviembre por la Magistratura de Trabajo número 1 de Barcelona en la que se han tasado los bienes en 313 millones de pesetas cuando el valor activo de la empresa supera los 2.000 millones de pesetas, según los últimos balances.

La agrupación de acreedores, integrada por un conjunto de 60 sociedades y con unos créditos de más de 800 millones de pesetas, se constituyó públicamente en febrero de 1982, pero de forma privada ya venía funcionado desde poco después del 4 de diciembre de 1980, día en que se solicitó la quiebra de la sociedad declarando unas deudas de 2.400 millones de pesetas.Entre los acreedores de la agrupación destacan varios centenares de ganaderos de Navarra, Álava, Guipúzcoa, Zamora y Palencia, la cooperativa de Industrias Alimenticias de Navarra, la Cooperativa Agraria de La Coruña, la Caja Rural Provincial de Palencia, Papelera Internacional y Construcciones Batalla, entre otros.

Fue nombrado depositario administrador de la quiebra Francisco Pedreño, y comisario, Luis Ramírez Feliu, quien no presentó el balance y el informe de la empresa quebrada hasta el 15 de marzo de 1982. El pasivo que se hizo constar fue el siguiente: créditos laborales, 408 millones de pesetas; Instituto Nacional de Previsión, 189 millones; Hacienda Pública, 44 millones de pesetas; créditos hipotecarios, 391 millones, y créditos comunes, 1.972 millones de pesetas. Paralelamente, el Fondo de Garantía Salarial fue pagando a los trabajadores unas cantidades que, los querellantes estiman en 400 millones de pesetas.

En mayo de 1982 se aprobó el convenio de acreedores con el voto favorable de los créditos laborales que suponían el pago de las deudas en un plazo de 10 años con dos de carencia. Asimismo, se nombró una comisión de verificación y una comisión de vigilancia encargadas de controlar el desarrollo de la empresa.

Nuevos créditos

Tras la aprobación del convenio, los ganaderos catalanes que suministraban leche a Rania, animados por el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, constituyeron Unió de Ramaders (una unión de ganaderos) y se hicieron con más del 90% de las acciones de la sociedad, que a partir de entonces pasó a denominarse Central Lletera de Catalunya.Durante este tiempo, el número de trabajadores quedó reducido a 41,6 frente a los 808 con que contaba la plantilla de la empresa en el momento en que se instó la quiebra.

Al frente de Central Lletera se situó a Narcís Torrentó, presidente de Unió de Ramaders, y ex jefe de Servicio de Relaciones Agrarias del Departamento de Agricultura de la Generalitat.

La nueva sociedad contó con vanos créditos por una suma total de 350 millones de pesetas otorgados por la Caja de Barcelona y la Caja Rural de Gerona, que estaban avalados por la Generalitat a través de la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC). Pero la insuficiente ayuda financiera y la mala gestión hicieron fracasar el proyecto.

A mediados de junio de 1983 se comunicó al consejo de vigilancia que la situación de la empresa era de franca bancarrota, y los directivos se pusieron a disposición del citado consejo para que la junta general de acreedores decidiese la liquidación o la administración de la sociedad. Sin embargo, el 20 de julio, Torrentó pidió que se suspendiera la reunión y propuso una solución: el arrendamiento de la empresa a los trabajadores por la misma cantidad mensual que se debía pagar a los acreedores, es decir, unos 115 millones al semestre.

Acuerdo laboral

El 29 de julio se llegó a un acuerdo, que permitió a los 286 trabajadores constituirse en sociedad anónima laboral y solicitar una ayuda de 700.000 pesetas cada uno para refinanciar la sociedad.Sin embargo, unos días antes el 15 de julio, los representantes de los trabajadores comparecieron ante el IMAC y reclamaron el cobro de 298 millones de pesetas, en concepto de salarios atrasados y pagas extraordinarias. El representante de la empresa, Juan García de la Riera, reconoció la deuda y se comprometió a pagarlos el 18 de julio.

Transcurrido el plazo sin que se hiciera efectivo el pago, los trabajadores recurrieron a Magistratura del Trabajo, instando la vía de apremio reconocida por el IMAC. Se procedió a la peritación de los bienes y resultó una valoración de los mismos sorprendentemente distinta de la real e incluso de la que consta en el expediente de la quiebra. Así, el perito de Magistratura valora ahora la maquinaria en 225 millones de pesetas, cuando en la quiebra eran 755 millones de pesetas.

Los inmuebles que en la quiebra se valoraban en 361 millones, ahora se estiman en 37 millones. Los 195 vehículos de reparto que hace dos años se valoraban en 157 millones, ahora se evalúan en 25. En suma, el valor de todos los bienes de la empresa, que supera los 2.500 millones de pesetas, se ha reducido a 313 millones.

Además, como no se permitirá a ningún otro postor que se presente a la subasta porque en este supuesto hay amenazas de incendiar la fábrica, toda la empresa se puede liquidar por dos tercios de la tasación, es decir, 234 millones.