El Gobierno portugués prepara una ley para la coexistencia de periódicos estatales y privados

El proyecto de ley de Prensa elaborado por el Gobierno socialista portugués consagra la existencia de un sector estatal y de un sector privado, y suscita fuerte controversia en los medios políticos y periodísticos de este país. El ministro de Estado encargado de la comunicación, el socialista Antonio Almeida, entregó al Parlamento de Lisboa y a los directores de periódicos la futura ley, que será sometida a debate público antes de su ratificación por la Asamblea de la República.

El ministro justificó la sustitución de la ley vigente, aprobada en 1975, y que fue considerada entonces como una de las más liberales y avanzadas del mundo, por la posterior aprobación y revisión de la Constitución y del Código Penal y por la experiencia positiva de "nueve años de coexistencia de una Prensa estatal y privada en Portugal".Esta decisión del Gobierno de Mario Soares provoca acaloradas protestas de la Prensa privada que exige, hace años, la venta de los medios de comunicación social del Estado, el cese del monopolio estatal sobre la televisión y el casi monopolio de la radio (con la única excepción de Radio Renascença, propiedad del episcopado). El sindicato de periodistas manifestó también su preocupación por algunos aspectos del proyecto de ley que limitan la libertad de Prensa, agravan el castigo de los delitos de Prensa y limitan las competencias de los consejos de redacción.

Más radical, el diario A Tarde, ligado a la confederación patronal privada, acusa al Gobierno de querer amordazar la información, con penas de hasta un año de cárcel para los periodistas, directores de periódicos y hasta administradores de empresas editoras que infrinjan la larga serie de informaciones cuya publicación quedaría prohibida. Entre ellas figurarían las calificadas de secretas o confidenciales por las autoridades competentes, las que violan el secreto comercial y las que difundan las deliberaciones de las comisiones parlamentarias de investigación y la identidad de víctimas de crímenes sexuales o autores de suicidios no consumados.

El secreto profesional, en peligro

Según el proyecto gubernamental, el director de periódico condenado tres veces por uno de estos delitos será suspendido y alejado del ejercicio de la profesión por tres, cuatro o cinco años. No pueden ser directores de publicaciones los individuos que fueron condenados "por crimen voluntario contra la vida o cualquier delito contra el Estado, el orden y tranquilidad pública, el honor y el secreto de la vida privada". Para los profesionales portugueses de la información resulta también preocupante la quiebra del secreto profesional, que obliga a los periodistas a revelar sus fuentes cuando esto pueda contribuir a la investigación de "crímenes públicos o contra la seguridad del Estado".A nivel institucional, la ley define la composición y competencia de los organismos encargados de velar por la aplicación de la ley de Prensa. Ésta consagra la existencia de consejos de redacción a nivel de cualquier empresa con más de cinco periodistas en plantilla. El consejo de redacción, elegido por sufragio secreto por todos los miembros de la redacción, y presidido por el director de la publicación, debe pronunciarse sobre el nombramiento o destitución del director, orientación editorial de la publicación, casos de censura interna y otros problemas disciplinarios de la redacción, pero pierden la competencia actual para vetar el nombramiento del director y jefes de redacción.

Aunque siga obligatoria la previa aprobación de estos nombramientos por el consejo de redacción, el veto puede ser suspendido por decisión del consejo de imprenta. Éste es un órgano presidido por un juez designado por el Consejo Superior de la Magistratura y constituido por seis periodistas nombrados por las organizaciones profesionales, dos trabajadores no periodistas del sector de la Prensa designados por las respectivas organizaciones sindicales, dos administradores de empresas editoras (de la Prensa diaria y periódica), dos directores de publicaciones (una diaria, otra periódica), dos personalidades de mérito comprobado y cuatro miembros elegidos por el Parlamento.

El ministro Almeida reconoció que el proyecto es polémico en algunos aspectos y puede ser enmendado antes de su votación por el Parlamento, pero consideró necesaria una mayor disciplina en el ejercicio del derecho a informar. Del régimen de censura, que existía antes de 1974, se pasó, en muchos casos, según Almeida, a una situación de excesiva permisividad, y "los tribunales que antes condenaban por todo y por nada han pasado a absolver a diestro y siniestro", comentó el ministro de Estado.