Las pensiones, en el aire
El fuerte incremento en el volúmen de las pensiones que debe pagar la Seguridad Social y su deficiente gestión, ponen en peligro su continuidad íntegra en el futuro
Quizá la primera diferencia entre las distintas situaciones que traviesan los sistemas de pensiones de los países occidentales y el de España parte de que en la mayoría de los países industrializados no se han llegado a plantear unas situaciones tan graves como las que se dan actualmente en nuestro país, ya que los sistemas complementarios a la propia Seguridad Social gozan de una amplia implantación a nivel internacional. El hecho de que el Estado-providencia sólo era producto del voluntarismo de algunos sistemas de Gobierno estaba aparentemente claro en las sociedades desarrolladas. En España, con un diseño de la Seguridad Social heredado del régimen anterior, cuya situación se ha ido agravando como consecuencia del envejecimiento de la población laboral y de los efectos de la crisis económica, con sus secuelas de jubilaciones anticipadas e incapacidades laborales, la quiebra técnica es un riesgo que en círculos especializados se da por inminente. Pero tampoco los Gobiernos democráticos fueron capaces de atajar el proceso.Mientras, los 12 millones de trabajadores y los cinco millones de pensionistas ven amenazado su futuro. Ellos no tuvieron la culpa. Pagaron lo que se les exigió, posiblemente bastante más que en otros países, y ahora se enfrentan a una situación difícilmente reversible, donde la única solución aparente es incrementar su esfuerzo para conseguir dotar lo que se anuncia como una de las pocas soluciones posibles: los fondos de pensiones.
Cuando el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, reconocía el pasado martes que "en España existe actualmente un receptor de haberes pasivos por cada 2,3 activos, mientras que en el resto de Europa la proporción se establece en un pasivo por cada cinco activos", no hacía sino reconocer una situación que de antiguo se conocía, y que en definitiva terminaría por determinar la impotencia del actual sistema de la Seguridad Social para mantener las pensiones en sus niveles actuales.
El 'reparto' de la Seguridad Social
El paulatino envejecimiento de la población, las dificultades para acceder al primer empleo que encuentran los jóvenes, el proceso acelerado de jubilaciones anticipadas y el sorprendente incremento de las incapacidades laborales constituyen el marco del problema, que se ve agudizado por el sistema de reparto con el que ha venido siendo gestionada la Seguridad Social española.
De la situación existente da idea el hecho de que la recaudación de cuotas se ha incrementado en los últimos tiempos en un 163,8%, según datos oficiales, mientras que los gastos de pensiones lo han hecho en un 324%, y por invalidez, en un 459,7%. Del veloz incremento que están experimentando las clases pasivas en nuestro país da idea el hecho de que la masa de pensiones durante 1984 registrará un incremento del 17,3% en relación al presente año, y de él sólo la mitad corresponderá a revalorizaciones de los cinco millones de pensiones existentes. La otra mitad correponde a nuevas pensiones. Todo ello unido al hecho de que el Estado aporta, en este concepto, 17 veces más que en 1977.
Los costes de la Seguridad Social en nuestro país son proporcionalmente de los más altos de Europa, en en su mayor parte recaen sobre las economías privadas, tanto de los trabajadores como de las propias empresas, a pesar del incremento en la financiación aportada que ha realizado el Estado en los últimos años. En 1982 los ingresos a la Seguridad Social procedentes de las cuotas de empresas y trabajadores representaron el 83,2% de los ingresos totales, representando la aportación del Estado un 15,4%. Esta situación tiende a corregirse discretamente y en los proyectos del actual Gobierno está incrementar la participación pública hasta alcanzar el 20%.
España es además uno de los países que cubren un porcentaje más alto de los salarios reales a la hora de la jubilación por vía de las pensiones. Mientras que en los países industrializados los haberes que percibe un jubilado con cargo a la Seguridad Social oscilan entre el 68% y el 22% de sus percepciones en el momento de pasar a engrosar las clases pasivas, diversos estudios sitúan este porcentaje en nuestro país en torno al 94% para los que percibían ingresos inferiores a 1,5 millones de pesetas al año.
El recorte en las pensiones más elevadas que ha introducido el Gobierno al establecer un tope máximo para estas percepciones de 187.000 pesetas mensuales, aparte de lo polémico de la medida en sí, no viene a representar una solución definitiva ante el futuro.
Prestaciones mínimas del Estado
En la mayoría de los países desarrollados la solución a situaciones similares se ha dado en base a garantizar unas prestaciones mínimas por parte del Estado, corriendo el resto de las pensiones a cargo de entidades de previsión social. Algo parecido se pretendió establecer en nuestro país a través del mutualismo laboral y los montepíos. El balance de este tipo de entidades no puede ser hoy, y en términos generales, más negativo. No es un secreto que una buena parte del mutualismo laboral se encuentra en situaciones próximas a la indigencia y su capacidad de allegar recursos se ve día a día mermada. Por eso hace ya dos años, y dentro del proyecto regulador de las sociedades de inversión colectiva, la Administración pretendió crear los fondos de pensiones, recogiendo la experiencia internacional. No obstante, aquel proyecto no llegó a superar la primera fase de trámite parlamentario. El actual Gobierno se ha comprometido a tener preparados dos proyectos de ley, uno para fondos de pensiones y otro para sociedades de inversión colectiva, antes de que finalice el primer semestre, del próximo año.
El objeto que presumiblemente se perseguirá con la futura ley será la creación de unos instrumentos que resulten complementarios a la propia Seguridad Social, cubriendo aquellas exigencias sociales que ésta no pueda atender. Si se estableciesen tres estadios de prestaciones sociales, uno básico, el segundo profesional y un tercero, que podría llamarse luibre, el objetivo sería que las instancias públicas cubriesen completamente el pri-
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mero, estableciendo fórmulas de complementariedad en el segundo y dejando el tercer tramo a la libre voluntad de los ciudadanos.El primer estadio comprendería elementos básicos tales como la asistencia sanitaria, las prestaciones básicas por jubilación, viudedad, orfandad y desempleo. En el segundo tramo se encontrarían las coberturas complementarias, y siempre con un tope máximo, a la jubilación, orfandad, viudedad e incluso a las incapacidades laborales. En el último segmento, ya totalmente desasistido del apoyo público, se integrarían cualesquiera otras prestaciones complementarias que se pudiesen pactar.
Éste es el esquema que se baraja en medios financieros y actuariales como el diseño más probable en el que se apoyará el proyecto gubernamental. Los fondos de pensiones pueden, por tanto, constituirse en una realidad en nuestro país, en no mucho tiempo, de la mano de la necesidad.
Dos diseños básicos
Un fondo de pensiones básicamente consiste en una masa patrimonial, sin personalidad jurídica propia, constituida por las aportaciones de sus miembros, que en última instancia serán sus beneficiarios. Al igual que en cualquier sistema de pensiones existen dos diseños básicos en estos fondos, los que se apoyan en el reparto y los que actúan en base a la capitalización de sus recursos. Los primeros corresponden a un sistema similar al que actualmente mantiene la Seguridad Social española o la francesa. Tanto se recauda, tanto se reparte, destinándose un pequeño porcentaje a la cobertura de gastos. Es un sistema que en definitiva implica un fuerte grado de solidaridad intergeneracional. Es decir, que las generaciones jóvenes y en edad de trabajar deben sostener a sus mayores.
El sistema de capitalización se basa en la acumulación de un patrimonio a partir de las cuotas periódicas, cuya administración genera unos rendimientos que son acumulados a ese patrimonio. El resultado final será una masa patrimonial mayor, que permitirá la satisfación de las pensiones en base a lo aportado durante la vida laboral.
En cualquier caso, un factor parece determinante: la transparencia' en la gestión y el libre acceso de los aportantes a cuanta información deseen solicitar. La confianza es un elemento decisivo, máxime cuando ha sido el Estado el primero en no poder hacer frente a sus compromisos.
El concepto de sacrificio adicional que representará para los trabajadores tener que constituir instrumentos de este tipo para garantizarse unas prestaciones complementarias es argumentado por los grupos interesados en su desarrollo para obtener la comprensión necesaria por parte de la Hacienda pública. También en estos medios se insiste en la conveniencia de fijar unos topes en la percepción de las pensiones finales para evitar los abusos.
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