El cambio pendiente de la sanidad

EL GENERALIZADO temor de que España no podrá contar nunca con una sanidad moderna y racional parece confirmarse. En los tres años largos que duró la anterior legislatura, hasta cuatro ministros diferentes de UCD se ocuparon de este sector de la Administración, sin que se vislumbrara una salida en ese mattogrosso administrativo, gremialista y despilfarrador que constituye la sanidad de nuestro país. Con la llegada al poder de los socialistas se abrieron de nuevo los tambuchos a la esperanza de que íbamos a poder conocer un cambio sustantivo en la atención sanitaria que el Estado presta a los contribuyentes. Sin embargo, los hechos -por el momento, junto a loables intenciones, tímidos desenmascaramientos de situaciones de abierta corrupción y esbozo de proyectos- se están encargando de ahogar esas expectativas creadas por el cambio.Para nadie es un secreto que existe una fuerte tensión entre los actuales responsables de la política sanitaria. En los últimos días, la destitución del gerente del Instituto Nacional de la Salud, Francesc Moreu, culminaba una largo rosario de dimisiones y destituciones en el equipo del Ministerio de Sanidad y Consumo. Paralelamente, se celebraba una reunión extraordinaria del plenario del Grupo Federal de Salud del PSOE, a la que asistieron el ministro Ernest Lluch y varios altos cargos de su departamento.

En dicha reunión se pretendía realizar un estudio de los principales temas de la política sanitaria y enfrentar sobre la mesa las diferencias de criterios entre el Grupo Federal de Salud del PSOE -integrado en la Secretaría de Acción Social del partido, cuyo responsable es Ciriaco de Vicente- y la actuación del Gobierno, dirigida por Ernest Lluch. El resultado de la reunión, según los datos conocidos sobre la misma, no permite creer que el entendimiento entre ambas partes esté hoy cercano.

La discusión política interna entre los responsables de la Administración y los miembros del partido socialista se centra en si existe o no suficiente sensibilización en el Gobierno respecto a los problemas sanitarios y la prioridad que se concede a los objetivos de mejorar la calidad de las prestaciones y observar estrictamente los rigores que imponen las limitaciones, presupuestarias. Junto a este punto, no es ajeno al fragor de la riña la tensión que produjo el nombramiento de Ernest Lluch para esta cartera ministerial y el consiguiente descabalgamiento de Ciriaco de Vicente, considerado como ministro in pectore del departamento por haberse ocupado como responsable del partido de este área.

Lluch y el director general del Insalud, Francesc Raventós, principales responsables de la actuación política sanitaria, consideran que la reforma sanitaria y de con sumo lleva un ritmo adecuado y paralelo al control del gasto público, que responde fielmente al programa socialista. En el Grupo Federal de Salud, el criterio apunta que la reforma sanitaria va lenta, y ha existido el temor de que el Servicio Nacional de Salud, su piedra angular, no contase con el suficiente apoyo gubernamental, y el control del gasto público o el ahorro de fondos se con templa con criterios también diferentes. La disparidad en el enfoque económico de los problemas ha sido considerable, dentro del Insalud, entre los principales subdirectores de este organismo, próximos al Grupo Federal de Salud, y el gerente destituido, Francese Moreu, hombre de confianza del ministro. De otro lado, el entendimiento entre determinadas subdirecciones generales del Insalud (administradoras de los recursos) y sus homólogas direcciones generales (planificadoras y directrices de la actuación) se ha visto también dificultado por concepciones distintas de los temas. Tales diferencias son especialmente notorias en los casos de la política farmacéutica y la política de atención primaria, dos de los caballos de batalla de la reforma sanitaria.

Así, mientras que las polémicas y enfrentamientos se suceden, se reflejan pocos avances y cambios en la atención sanitaria de los ciudadanos. De acuerdo con el pro grama gubernamental, el Ministerio de Sanidad y Con sumo y el Insalud -como organismo clave de la red sanitaria de la Seguridad Social- han de hacer frente a la elaboración del marco legal general (la ley Básica de Sanidad) y a la puesta en pie del Servicio Nacional de Salud, cuyo objetivo es la cobertura sanitaria de todos los ciudadanos, mediante la integración de las redes sanitarias públicas, en un plazo de varios años, a través de una progresiva implantación y financiación. Ello implica una reforma en profundidad de las asistencias primaria (ambulatorios, centros básicos de salud) y hospitalaria, a la par que una racionalización del gasto, tanto en personal como en medios materiales y en aplicación de medicamentos y utillaje. El traspaso de competencias del Insalud a las comunidades autónomas, la aplicación de las incompatibilidades en el personal sanitario y la reforma de las especialidades médicas son otras de las princi pales cuestiones pendientes y básicas.

No se puede desconocer que la sanidad pública española es una de las más enrevesadas herencias de la dictadura, y que los sucesivos Gobiernos de UCD no supieron o no pudieron pasar del terreno de las buenas intenciones. Por eso, en menos de un año de gestión no se pude pedir una transformación y eficiencia del sector, pero, sin embargo, comienza a notarse que existe un estancamiento serio en la reforma sanitaria prometida por el PSOE. Y bueno es recordar que, en una encuesta realizada por el propio partido del Gobierno en el verano de 1982, la sanidad era uno de los problemas que más preocupaban a los españoles.