Rotundo fracaso de la política gubernamental de subvención de tipos de interés a las 'pyme'

La política gubernamental de subvencionar una parte de los tipos de interés a los créditos solicitados por las pequeñas y medianas empresas (pymes) ha resultado un fracaso en 1983, pese a las enormes dificultades de financiación que padecen tradicionalmente este tipo de sociedades. De los 60.000 millones destinados por el Gobierno a este fin, que fueron anunciados con gran publicidad por el ministro Carlos Solchaga y por el vicepresidente Alfonso Guerra hace unos meses, sólo se han concedido hasta la fecha 4.000 millones de pesetas (un 6,6% de los fondos arbitrados).

El fracaso de esta, operación de apoyo a las pymes, que está haciendo reconsiderar al Gobierno su formulación para el año próxime, se ha debido ha diversos factores, según fuentes de la Administración. La decisión se tomó muy avanzado el año, por una parte, y los tipos de interés convenidos con bancos y cajas para estos créditos -el 16%- han quedado desbordados por el endurecimiento de las condiciones financieras en la segunda mitad del año. Bancos privados y cajas, que aceptaron con reticencias colaborar en este programa, prácticamente no han concedido préstamos en esta línea de ayuda a las pymes, aunque se han beneficiado publicitariamente de esta aparente contribución social.El endurecimiento de las condiciones financierias ha provocado que bancos y cajas hayan desatendido el convenio de créditos subvencionado a las pymes y hayan desviado sus recursos hacia actividades más rentables. La falta de un compromiso de vólumenes de concesión de créditos por entidad les ha permitido desligarse del convenio.

La falta de una política homogénea entre las distintas comunídades autónomas y la Administración central en este campo ha contribuido también, de forma notoria, al fracaso de esta línea de apoyo a las pymes. Los distintos gobiernos autónomos han destinado también fondos a subvencionar tipos de interés para los créditos a las pequeñas y medianas empresas de sus regiones, con una gran disparidad y en muchos casos en condiciones mucho más atractivas que los arbitrados por el Gobierno central.

Esta descoordinación ha provocado fuertes discriminaciones en cuanto a condiciones de financiacíón entre las empresas de una región y las de otra, y ha favorecido el que buena parte de los fondos arbitrados para las pymes -que en uno y otro caso proceden del contribuyente- no hayan sido utilizados este año, pese a las acuciantes necesidades de financiación de estas empresas. De ahí que de cara al próximo año se intente llegar a acuerdos con las comunidades.

Las dificultades que ha planteado la coordinación de cuatro organimos autónomos de la Administración, tres entidades oficiales de ahorro, y la práctica totalidad de bancos y cajas, también ha contribuido al fracaso de una política cuya eficacia, en el momento de arbitrarla, sólo provocó dudas en el ICO.

Hasta el momento, se han solicitado créditos para esta línea a entidades oficiales por 13.000 millones (11.000 millones para inversiones y 2.000 para circulante), pero parte de estas solicitudes procede de empresarios que disponen de otras líneas específicas de crédito oficial y tratan de burlar, acudiendo a estas ayudas, exigencias de regulaciónde su actividad. Es el caso de transportistas que tratan de obtener crédito oficial sin cumplir exigencias de achatarramiento.

De los 4.000 millones concedidos, la mayor parte lo ha sido por el Banco de Crédito Industrial, y en mínima proporción por los otros dos bancos oficiales (Hipotecario y del Crédito Agrícola). Los bancos prácticamente no han concedido, y las cajas sólo a algunos de sus clientes.