La Administración ya no será juez y parte

El autor de la futura ley de rectificación, el socialista Carlos Navarrete, fue uno de los muchos parlamentarios de la izquierda que sufrió los rigores de los decretos de rectificación y réplica derivados de la ley de Fraga de 1966, especialmente aquella cláusula, todavía en vigor, que exige permiso de la Administración para poder insertar una rectificación en un medio estatal.En el diario estatal de su provincia -Odiel, de Huelva- se publicó hace nueve años una feroz crítica a una exposición de pintura abstracta porque en uno de los cuadros figuraba una mujer desnuda. "Más que críticos de arte parecen hombres de Neanderthal", les contestó en una carta al director el diputado Navarrete. El director la publicó con la apostilla de que "no hay que olvidar las ideas políticas" del firmante. Éste, ofendido, redactó una carta de rectificación que no le fue publicada. Recurrió ante la autoridad administrativa, ya que se trataba de un periódico del Estado, y se le contestó que no procedía la réplica.

De ahí dedujo que una de las cosas que había que dejar claras en el proyecto de ley ahora elaborado era el separar el permiso de la autoridad administrativa, "porque no es justo ser a la vez juez y parte. Lo lógico", señala, "es que la Administración no actúe contra sus propios intereses". Así, este trámite ha sido suprimido en la actual redacción de la futura ley, que deja en manos del juez toda decisión final.