Xavier Vinader, en la recta final

Ante el inminente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el periodista Xavier Vinader contra la sentencia que le condenó a síete años de cárcel por la publicación de dos reportajes en la revista Interviú, el autor analiza, desde una perspectiva jurídica, la importancia de la decisión del alto tribunal. El profesor Solé Tura advierte sobre la gravedad que una resolución desfavorable entrañaría para el derecho constitucional a la información.

Parece que el recurso de amparo interpuesto por el periodista Xavier Vinader ante el Tribunal Constitucional está a punto de ser fallado. Existe una expectación grande, especialmente entre los que se dedican a la información, en sus diversas vertientes, porque todos son conscientes de que en esta sentencia está en juego algo más que la libertad de Xavier Vinader, con ser esto mucho. Está en juego el ser o no ser de toda una profesión.Más todavía. Si lo que acaba imponiéndose es la tesis de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que establece una relación de causa efecto entre una información periodística y el asesinato de dos personas por autores no identificados, lo que está en juego es también el principio de seguridad jurídica explícitamente garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución y también la posibilidad de ejercer o no los derechos solemnemente proclamados en el artículo 20 de la misma.

Sobre el caso de Xavier Vinader se ha argumentado ya todo lo que había que argumentar. Desde un punto de vista estrictamente jurídico a mí me parece que el asunto no tiene vuelta de hoja. No alcanzo a ver cómo se puede absolver a Xavier Vinader del delito de calumnia y al mismo tiempo conde narle por publicar una información no veraz. No alcanzo a ver cómo se puede establecer una relación de causa efecto entre una información de prensa y unos asesinatos cometidos por autores desconocidos, pues resulta imposible saber si estos actuaron en función de dicha información periodística o siguiendo sus, propios canales de información.

Resulta muy difícil sustraerse a la impresión de que con la condena de Xavier Vinader se ha querido hacer una dura advertencia a los informadores de este país para que no se acerquen demasiado a la sutil frontera que separa la información sobre el terrorismo de la apología del mismo. Si esto es así -y me gustaría que alguien pudiese demostrar lo contrario- hay que reconocer que el método es tremendo. Se priva a un periodista de su libertad y de sus medíos de trabajo y, a la vez, se hace pender una amenaza dura y genérica, de límites imprecisos, sobre todos los informadores y comentaristas.

Es como decirles: entre la información sobre el terrorismo y sobre las bandas armadas de uno u otro signo hay una frontera muy difícil de definir, cual es la de la apología. Por consiguiente no se metan ustedes en este terreno, es decir, no ejerzan ustedes su profesión en estos contornos o, en todo caso, ejérzanla sólo para sustentar las tesis de los poderes públicos. Y si, a pesar de todo, ignoran ustedes nuestra advertencia, prepárense para lo peor.

Terrorismo y libertad

Sé muy bien que la libertad de información, como todas las libertades proclamadas por nuestra Constitución, está amenazada de manera trágica e inmediata por el terrorismo y el golpismo. Sé que hay que combatir, el terrorismo hasta sus últimas consecuencias, que hay que derrotarlo, destruirlo. Sé también que la terrible ofensiva del terrorismo pesa en las conciencias de todos los ciudadanos de este país, sean juzgadores o juzgados, a la hora de emitir sus decisiones. Es perfectamente comprensible que así sea.

Pero en el caso de Xavier Vinader está en juego de manera dramática y directa el dilema en que todos nos movemos cuando el terrorismo ataca: hay que luchar a fondo contra el terrorismo, pero no a costa de las libertades democráticas de todos los ciudadanos. Cada libertad que se coarta es una victoria del terrorismo. Y eso también forma parte del combate contra él. Para el Tribunal Constitucional este asunto no será, seguramente, fácil, como tampoco lo están siendo otros muchos que se someten a su decisión con connotaciones mucho más políticas que jurídicas. Pero los miembros del Tribunal Constitucional han dado pruebas en más de una ocasión de su capacidad de sobreponerse a la presión ambiental y de conservar la cabeza fría para atenerse a lo que en puridad se les pide: una decisión jurídica sobre un problema jurídico.

Hay expectación. Y hay, sobre todo, un deseo inmenso de poder proseguir la lucha contra el terrorismo a fondo sin esta clase de hipotecas que nos sumen en la perplejidad.

es catedrático de Derecho Político de la Universidad Central de Barcelona. Como diputado comunista de las Cortes Constituyentes fue uno de los siete ponentes de la Constitución.