El único camino, la refoma agraria integral

Para el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, el anteproyecto de ley de reforma agraria del Gobierno andaluz es oportunista y electoralista, y no cumple ni mucho menos con las exigencias de una reforma agraria integral que los comunistas preconizan.

Tras la crisis energética, la segunda gran crisis mundial estará determinada por el tema agrícola. Se perfeccionan, pues, las estrategias a fin de controlar este sector en el mayor número posible de países y, consecuentemente, para establecer al par el dominio político. Los norteamericanos lo saben muy bien: es la dependencia clave a conseguir, ya que resulta mucho menos espectacular que la utilización de bombas y misiles.La cuestión de la dependencia internacional, nuestra petición de entrada en la CEE y la necesidad, en Andalucía, de transformar condiciones de existencia, marcan las líneas fundamentales de esta actualidad. En Andalucía, el nombre que recibe la alternativa real, basada en un cambio de estructuras agrícolas y comerciales, del sistema de inversión, del mercado de trabajo y de la ordenación administrativa (comarcalización), no es otro que el de la reforma agraria integral. Nombre y contenido que el PCA está divulgando y defendiendo desde hace bastante tiempo en el Parlamento y en la calle.

Se levanta una bandera

El PSOE no ha tenido nunca programa de reforma agraria. En el discurso de investidura de Escuredo, hace más de un año, la alusión al tema era vergonzante y versátil. Pero de pronto, en la serranía de Ronda, Escuredo promete una ley sobre la reforma agraria.

¿Qué mosca le había picado de pronto a Don Rafael? ¿Por qué precisamente en este momento y no antes o después? Y aquí yo creo legítimo intentar una explicación política: Escuredo da este campanazo después de que el PCA sube al 15% en las elecciones municipales y cuando se abre una perspectiva de recuperación política y social del PCA y el PCE a través de marcar objetivos claros y convocar al pueblo en su conquista. Escuredo anuncia igualmente este proyecto antes de que terminen de organizarse grandes movilizaciones andaluzas contra su política alicorta y a favor de alternativas claras y ciertas al subdesarrollo y la miseria.

El día 5 de septiembre, en efecto, se pone en camino la marcha convocada por CC OO del Campo en defensa de la Reforma Agraria Integral (RAI). Es decir, se organiza no una movilización relámpago contra la falta de fondos para el empleo comunitario, sino a favor de una solución estructural, compleja de explicar y entender. No obstante, el pueblo andaluz responde en un grado que recuerda el imborrable 28-F de 1980.

Simultáneamente, los juristas del PSOE trabajan largo y tendido, al calor de sus despachos, en el proyecto anunciado que, según Escuredo, se va a "concertar" con las distintas fuerzas, aunque, en principio, sólo,son informados los señores de la CEOE, que se muestran confiados y hasta satisfechos tras la entrevista con el presidente de la Junta.

Para el día en que, también con "aires de grandeza histórica", Escuredo presenta en Carmona su proyecto, el debate es un hervor en toda Andalucía, al calor de la marcha por la RAI y en base a las expectativas creadas. La cuestión de la reforma agraria, que está desde hace largo tiempo en la sangre y en la cabeza de los andaluces, despierta con fuerza de ocasión histórica que no podemos perder de nuevo. Pero (¡ay!) el proyecto de Escuredo no es eso, no es eso. Apenas es una reformilla, un conjunto de medidas sobre productividad y desarrollo agrario que, en su extremo más excepcional, alcanzan a rozar uno de los temas de fondo: la estructura de la propiedad de la tierra.

Sin modificaciones

La ley de Escuredo no modifica, sino que aglutina y articula las leyes existentes: una preconstitucional, de 1973 (ley de Reforma y Desarrollo Agrario) y otra centrista, de 1980 (ley de Fincas Manifiestamente Mejorables). Con una característica común: que no son antilatifundistas y que no se corresponden con las coordenadas de una reforma agraria integral ("global", como le gusta decir a Escuredo), la cual, en el sector agrario, no habría de basar la expropiación sólo en el castigo a los malos terratenientes, sino también en el interés social de una comunidad autónoma subdesarrollada. Habida cuenta de que el cambio de la estructura de la propiedad sigue siendo imprescindible en Andalucía. La audacia del Gobierno Escuredo se limita a recoger algo de la música, pero desafinando, de la RAI, sin contemplar el fondo participativo y transformador de la letra. Por ejemplo, se establece una aplicación comarcal, se crea un impuesto sobre la falta de productividad y se habla del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA). Junto a la esperanza desteñida de ciertos rasgos de audacia, las carencias descomunales. Y entre ellas, una de conjunto: la sustitución de la filosofía del interés social y la transformación económica por el tema de la productividad y el respeto a las estructuras.

No se recogen los diversos temas que integrarían un cambio real: control de la comercialización, alternativa progresista al mercado de trabajo (y no la sustitución que se ofrece del empleo comunitario), fiscalidad progresiva propia, ordenación eficiente de cultivos, reforma del sistema de inversión del excedente agrario (que hoy emigra de Andalucía y del sector de origen), etcétera.

El problema de la participación es otro de los tendones de Aquiles de la ley. La aplicación comarcal centralizada y burocratizada es inviable. Hay que constituir, por tanto, juntas comarcales, democráticamente elegidas, con participación de la Administración y de todos los sectores afectados.

El tema de la financiación se presenta igualmente en el aire, y los más optimistas no cifran en más allá de 10.000 millones la cantidad disponible en 1984, cantidad que apenas daría para unos cuantos parches de urgencia, sin ninguna relevancia con respecto al conjunto desastroso de la economía andaluza.

Conclusiones políticas

En fin, que el tema no va a tener su final y punto redondo en el debate parlamentario, que constituirá una simple aduana de paso a una segunda fase, quizá más aguda, en la lucha por conquistar una reforma agraria real (integral), adecuada a los problemas y circunstancias que vivimos.

Escuredo ha ofertado reiteradas veces una política de concertación y, en concreto, negociar la ley de reforma agraria, pero sus olvidos son tan sonados que no los puede, ocultar ni una política de imagen perfectamente calculada. La ley es centrista, ya que intenta fundir los opuestos agua y aceite de, por un lado, los intereses latifundistas y monopolistas, con los intereses, de otra parte, campesinos y obreros. Y es preciso anunciarle al presidente que esa ley requiere un pacto de progreso. Andalucía, en definitiva, requiere un pacto de progreso. El subdesarrollo y la dependencia, con índices numéricos que no admiten dudas, demandan una auténtica política de transformaciones. Y en este tajo, con fuerza imparable, vamos a seguir traba jando muchos andaluces.

es el secretario general del Partido Comunista de Andalucía.