El apoyo público a Banca Catalana supera los 300.000 millones, de los que se recuperará menos de la tercera parte

Los apoyos públicos prestados al grupo Banca Catalana ascienden a 300.000 millones de pesetas, de los cuales el Banco de España recuperará en realidad menos de la tercera parte, sin contar que las devoluciones se harán en pesetas de dentro de siete años, según estimaciones de medios financieros solventes. El caso se considera significativo respecto al empleo que tendrá el billón largo de pesetas aportado para superar la crisis bancaria (véase EL PAIS del pasado domingo), pese a que dicho dinero está formalmente en créditos al 8% de interés.

El grupo Banca Catalana, cuyos administradores todavía se resistían en 1982 a aceptar la recomendación del Banco de España para no pagar dividendos con cargo al ejercicio, llevaba recibidos el pasado mes 295.854 millones de pesetas, sin contar las subvenciones implícitas por exenciones de coeficientes de caja e inversión obligatoria. De acuerdo con la lista de ayudas para afrontar la crisis bancaria, 134.240 millones le han llegado directamente del Banco de España y otros 161.614 millones mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).El dinero entregado al grupo (Banca Catalana, Banco Industrial del Mediterráneo, Banco Industrial de Cataluña, Banco de Crédito e Inversiones, Banco de Alicante y Banco de Barcelona, pues al de Gerona no figuran aportaciones) supone tanto como el que tenía en depósitos de clientes cuando se declaró la crisis. Esta proporción es algo superior a la media de los bancos saneados antes de Rumasa (88 de cada 100 pesetas). También es probablemente el grupo que ofrece mayor relación entre recursos totales de sus tres primeros bancos (265.000 millones de pesetas, incluidos los propios y los de interbancario cuando empezaron a conocerse sus problemas, a finales de 1981) y las inversiones sanas de las mismas, que representan sólo una tercera parte de aquéllos.

En efecto, frente a los 265.000 millones de recursos totales declarados a finales de 1981, el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que comprar el pasado verano a los tres bancos activos por 88.400 millones, se quedó con valores por otros 8.800 millones, asumió pérdidas ciertas por 7.900 millones, y garantizó al pool bancario adquirente de Catalana 40.000 millones de pesetas de créditos (el 89% de todos los que consideraba de dudoso cobro) y 6.000 millones de pesetas en avales. Además, las pérdidas contabilizadas ascendían a 41.800 millones de pesetas. Todo esto indica que los activos insanos, aunque no aparezcan otras pérdidas no contabilizadas -en su caso, pasarían al Fondo, según las condiciones pactadas con el pool-, ascienden a 192.900 millones de pesetas.

Impacto monetario

Los medios financieros consultados han basado su estimación del coste de la crisis, fundamentalmente, en el impacto monetario de las ayudas prestadas y en el de la exención de coeficientes a los bancos. Sólo por este camino, el Banco de España perderá, aproximadamente, más de la mitad de lo entregado.La primera base de cálculo parte de que los 300.1000 millones de pesetas serán devueltos en un plazo medio de siete años.

Para los 134.240 millones prestados directamente, el plazo está fuera de duda, puesto que el pool bancario que compró Banca Catalana se comprometió con el banco emisor a devolverle sus primeros 125.000 millones de pesetas a partir del quinto año (15.000 millones la primera entrega, 25.000 al sexto año, 35.000 al séptimo y 50.350,3d octavo).

Para los créditos del FGD, el plazo puede ser más. dilatado, si se tiene en cuenta que la banca privada debe pagar -con cuotas anuales inferiores hasta ahora a 10.000 millones de pesetas- la mitad de los 400.000 millones que lleva anticipados el Banco de España al Fondo.

En cada uno de los siete años de plazo medio, el Banco de España cobra por sus 300.000 millones de pesetas un 8% de interés (al grupo Catalana o al Fondo). Con el fin de neutralizar el efecto que causa la entrada de este dinero en el sistema monetario, debe retirar del mercado cantidades equivalentes, mediante la emisión de certificados de regulación monetaria que suscriben bancos y cajas. Durante 1983, el tipo de interés medio de este drenaje de liquidez rondará el 20%. Es decir, que el banco emisor perderá en la operación 12 puntos (diferencia entre 8% y 20%). Como es previsible que dichos tipos de interés bajen, podría calcularse para el indicado plazo teórico de siete años un 15%, lo que arrojaría un margen de siete puntos. Y el 7% de 300.000 millones de pesetas son 21.000 millones anuales, que acumulan 147.000 millones de pesetas en el período.

La segunda base del cálculo supone un coste mínimo de 20.000 millones de pesetas en subvenciones implícitas por las exenciones de coeficientes durante cinco años. En realidad, durarán siete años. La exención del coeficiente de caja, ahora un 11,75% (cuando se firmó la óperación 10,75% y podrá subir al 20%), supone al menos liberar aquel porcentaje sobre los 140.000 millones de pesetas de pasivo computable de los tres bancos, que también aumentará próximamente; es decir, unos 14.950 millones de pesetas que estarían inmovilizados. Para compensar que se mantienen en el sistema, el Banco de España debe retirar también liquidez, lo que en los cinco primeros años le costará por lo menos 13.000 millones de pesetas.

Igualmente, la exención de los coeficientes de inversión obligatoria, que se realiza con una baja media de ocho puntos respecto al tipo de interés del mercado, representa un coste para el Tesoro (y también, como en el caso anterior, un beneficio alternativo para el grupo bancario), en la medida en que se dejan de colocar cédulas de inversión por unos 15.000 millones de pesetas año. Aunque sólo se cuente la diferencia entre el tipo rernunerador de las cédulas (7,25%) y el tipo logrado en inversiones de mercado, salen otros 7.000 millones de pesetas. Y también sin contar, por ejemplo, el coste para el sector privado de la economía, que deja de recibir la financiación implícita que conlleva la financiación privilegiada vía coeficientes de inversión.

Cuotas al FGD

Por otra parte, el Fondo de Garantía de Depósitos, que en última instancia debe ser sufragado a partes iguales con cuotas anuales del Banco de España y la banca privada, tendrá que financiar los llamados agujeros o desequílibrios patrimoniales, así como quedarse con los activos que han descargado en el mismo los tres bancos y no podrá traspasar al sector privado o lo hará con pérdidas.Sin contar lo que ocurra con los citados activos que Catalana vendió al Fondo (88.422 más 8.757 millones) y con el cobro de los créditos garantizados (otros 46.000 millones), a los 7.927 millones de pérdidas ya absorbidas tendrá que sumar la diferencia entre el 8% a que recibe el dinero y el cero por ciento a que al menos 35.671 millones durante los 10 años, así como los 6.507 millones de pérdidas imputables al aplazamiento de pago de las acciones vendidas por el FGD al grupo de bancos adquirentes por un total de 13.607 millones a amortizar durante siete años.

El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, quien el pasado 16 de junio fue felicitado en el Congresco de Diputados por los grupos de oposición conservadora al explicar las razones para que el Gobierno no ejerciera el derecho, de tanteo de bancos saneados con dinero público, dijo que las pérdidas ciertas (7.927 millones de pesetas), más las del crédito sin interés, más las que procedan. de garantías, totalizarán de 30.000 millones a 40.000 millones de pesetas. El Banco de España, al aportar cada año como cuota la misma cantidad que pone la banca privada (la primera anualidad fue de 6.300 millones, la segunda de 7.900 millones y la tercera ha sido de 8.100 millones), sufragará la mitad de estas pérdidas y contribuirá paritariamente a devolverse a sí mismo los créditos entregados al FGD -cuyo efecto monetario ya fue estimado-, si los bancos no llegaran a sanearse y no pudieran devolverlos.

Menos de un tercio y sin inflación

Los medios firiancieros consultados estiman que esta aportación paritaria tendrá que ser, como poco del doble de apuntado por el ministro: unos 40.000 millones de pesetas. Sumados a los 167.1000 de los efectos monetarios, no llegarán en conjunto a cubrir ni las dos terceras partes de los 300.000 millones de pesetas empleados ya. Cobertura que se hará a valores erosionados por una inflación mínima del 35% en siete años, si bien esta sustracción no ha sido incluida en las estimaciones para demostrar su conservadurismo.