La reforma de la 'mili'

EL CONSEJO de Ministros, en su reunión del 5 de octubre pasado, acordó remitir a las Cortes un proyecto de ley del Servicio Militar, que cada año afecta a 300.000 jóvenes, cuyos detalles han sido explicados por el titular de Defensa. La exégesis oficial subraya la pretensión del proyecto de ley del Servicio Militar de ajustarse a la Constitución. En ese sentido destaca la posibilidad de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, la adaptación a la nueva mayoría de edad -fijada en 18 años-, el reconocimiento de la objeción de conciencia como causa de exención del servicio militar y la nueva competencia reconocida a la jurisdicción contencioso-administrativa en lo que se refiere al reclutamiento. También insiste en la reducción del período en filas en tres meses y la disminución de 38 a 34 años la edad en que concluye la situación de reserva y se obtiene la licencia absoluta. Además, mediante una disposición transitoria, se faculta al Gobierno para regular la prestación del servicio en la Cruz Roja, en Protección Civil o en otras organizaciones con fines de interés general de aquellos que lo soliciten con carácter voluntario y, en su caso, de los declarados excedentes del contingente. El encuadramiento y la dirección del servicio que realicen será efectuado por las organizaciones a las que vayan destinados, con independencia de la Administración militar.El proyecto de ley se queda, por lo demás, en conceptos generales, sin descender a muchos detalles contemplados en la disposición legal que viene a sustituir, fechada el 27 de julio de 1968. Casi todos los puntos de interés quedan pendientes del reglamento que el Gobierno deberá aprobar en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del nuevo texto. Con esa reserva reglamentaria, el proyecto de ley puede ser evaluado en relación con las posiciones anteriores del partido socialista sobre la materia.

El proyecto llega sin que el Congreso haya celebrado el debate pendiente sobre la defensa nacional. El 292 Congreso del Partido Socialista, celebrado del 21 al 24 de octubre de 1981, aprobó una resolución sobre política de defensa donde se afirmaba que, "pese a la seria y reiterada demanda del PSOE, sigue sin realizarse un debate parlamentario en profundidad que defina una política de defensa nacional racional y comprensible para el pueblo. Es necesario", añadía, "explicar de qué, para qué y con qué nos defendemos". La resolución advertía que, "mientras no se aborde este debate, será muy difícil asignar soldados, medios materiales y recursos presupuestarios a un proyecto defensivo cuyo contenido desconoce el conjunto de la sociedad". Por eso, concluía que "el partido socialista seguirá presionando para que ese debate nacional se produzca, permitiendo así una eficaz identificación entre el pueblo, las Fuerzas Armadas y la defensa". Específicamente sobre el servicio militar, el PSOE llegó a formular una propuesta en su congreso de 1976 que diseñaba tres fases. La primera, similar a la cumplida actualmente en los centros de instrucción de reclutas; la segunda transcurriría en una gran unidad militar, y después, reincorporados a la vida civil, en sus respectivas localidades, desarrollarían la tercera fase, mediante cursillos anuales y prácticas en pequeñas unidades sobre el propio terreno. Más adelante, en 1979, el Grupo Parlamentario Socialistes de Catalunya presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que solicitaba la derogación de la orden ministerial que regula el reclutamiento de base nacional y reclamaba que se sustituyera por otra que permitiera realizar el servicio militar en la región de origen, como había sido tradicional en España hasta que se modificó en 1975, "posiblemente por desconfianza hacia los propios ciudadanos". Un año más tarde, en diciembre de 1980, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición para modificar la ley general del servicio militar y solventar el problema "de aquellos ciudadanos que son titulares de un cargo electivo y que durante el período en que lo desempeñan son llamados a filas". El Gobierno socialista no ha incorporado en el proyecto remitido al Congreso de los Diputados ninguna de estas propuestas. El artículo 14 del texto aprobado por él se limita a declarar que la distribución del contingente anual a disposición de las Fuerzas Armadas es competencia del ministro de Defensa, a propuesta de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y a establecer que mediante "un sorteo anual, en el que se conjuguen las necesidades de las Fuerzas Armadas con la procedencia de los mozos, se designiará la demarcación territorial específica en cada Ejército en la que han de realizar su servicio en filas". Más allá del tenor literal del proyecto, el ministro, en su conferencia de prensa, estimó que, tras la entrada en vigor de la ley, el 25% de los contingentes de mozos harán el servicio militar en sus regiones de origen, y avanzó que el número de conscriptos se reducirá en 20.000. La comparación entre el número de mozos reclutados para las Fuerzas Annadas y las necesidades de las unidades del Ejército, la Armada y la Aviación en cada una de las diferentes regiones permite averiguar que actualmente son deficitarias de personal la I (Madrid), la V (Zaragoza), Baleares, Canarias y las comandancias generales de Ceuta y Melilla; tienen personal sobrante la II (Sevilla), la IV (Barcelona), la VI (Burgos), la VIII (LaCoruña) y la IX (Granada), y la única equilibrada es la VII (Valladolid).

El proyecto tampoco ha tenido en cuenta la proposición de ley de Minoría Catalana. No ha accedido a equiparar la duración del servicio en filas del recluta y del voluntario normal, quien deberá permanecer en las unidades, centros u organismos de los Ejércitos un período de 15 a 20 meses. Tampoco se han acometido aspectos modernizadores para mejorar la selectividad, preparación y eficacia de nuestros soldados. Las normas para el alistamiento se prevén sobre datos tan incompletos que se derrochan espléndidas oportunidades de asignar a los hombres a sus puestos más idóneos. La lectura del proyecto deja en zona de sombra cuestiones como el servicio militar de los eclesiásticos, pendiente de definirse desde los acuerdos con la Santa Sede de 1979, y no supone progreso alguno en cuanto al servicio militar de la mujer, que se remite a otra ley, donde habrá de fijarse su participación en la defensa nacional. La diputada socialista María Dolores Pelayo declaraba a finales de mayo que las mujeres del PSOE querían que se tratara simultáneamente el tema del servicio militar del la mujer y su incorporación total en las Fuerzas Annadas. Tendrá que esperar. No hay mención tampoco de ese plan alternativo para que los jóvenes tengan la oportunidad de sustilluir el servicio militar por una tarea de cooperantes en países de Latinoamérica o de África.

El proyecto ha llegado, por último, hasta los medios informativos desprovisto de un informe capaz de dar idea del estado de la cuestión y de los propósitos que se abrigan. Nada se explica de la proporción de censados con edad requerida que se incorporan a los Ejércitos como reclutas o voluntarios, ni de qué representan numéricamente los excluidos, los exentos del servicio militar, los exentos del servicio en filas y los prófugos. Tampoco se perfila cuál es la distribución actual de los efectivos entre las unidades de combate, apoyo directo y mando, y las de infraestructura y centros de enseñanza. Un comité ejércitos-juventud reunido en Francia en 1972 permitió descubrir que los jóvenes galos no eran antimilitaristas y que no tenían quejas sobre los ejercicios militares ni sobre las maniobras o la instrucción de combate, sino sobre la mediocridad cultural que se respira en los cuarteles y la apatía general que reina en ellos fuera de las horas de entrenamiento.