Remitido a las Cortes el proyecto de ley que regula el sistema de coeficientes de caja de todos los intermediarios financieros

El Consejo de Ministros aprobó ayer el envío a las Cortes del proyecto de ley que regulará, una vez aprobado, el sistema de coeficientes de caja de todos los intermediarios financieros, no sólo de la banca y las cajas de ahorro. El proyecto establece un límite máximo del 20% a este coeficiente, que afectará, fundamentalmente, a la banca extranjera establecida en España y a otras entidades de nueva creación que actúan en la intermediación del dinero.Con ello se trata de introducir importantes novedades en el control de la política monetaria al incluir en la base por la que se calcula la masa monetaria en circulación aquellos activos líquidos que han experimentado un fuerte desarrollo en los últimos meses. Se trata de activos como títulos hipotecarios, pagarés bancarios y de empresa, letras, pólizas de seguros, etcétera, que sustituían a determinados depósitos bancarios tradicionales como instrumentos de inversión financiera.

Carlos Solchaga, ministro de Industria y Energía y único miembro del Ejecutivo que asistió a la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, señaló que este proyecto persigue controlar adecuadamente el incremento del dinero que circula en el sistema. Según Solchaga, las disponibilidades líquidas tradicionales se incrementaron en un 11% en los meses de este año, cuando en realidad lo habían hecho hasta el 18% considerando los nuevos activos.

El Gobierno también aprobó una propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda que introduce importantes modificaciones en el régimen tributario de las rentas procedentes de actividades empresariales, artísticas y profesionales de los contribuyentes que opten por el sistema de estimación objetivo singular.

Las modificaciones afectan a los empresarios que, aun manteniendo el límite de 50 millones de volumen de negocio, no tengan más de 12 asalariados. Para las declaraciones de artistas y profesionales, el límite sigue siendo 1.500.000 pesetas de ingresos, pero se exige que no se utilice personal asalariado.