El Gobierno congela el programa nuclear, aprueba la subida de las tarifas eléctricas y mantiene el precio de los carburantes

El Consejo de Ministros, reunido en la Moncloa bajo la presidencia de Felipe González, decidió ayer congelar el programa nuclear autorizado por anteriores gobiernos, y limitar a 7.517.600 megavatios la potencia instalada de origen nuclear, según anunció ayer el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga. La medida, previsiblemente, supondrá limitar a siete las 12 centrales actuales en construcción o autorizadas.

"Continuar el programa nuclear tal como estaba hubiera sido un desastre para las compañías y para el país", dije Solchaga, que calificó la medida de ralentización o paralización transitoria. El Consejo decidió también incrementar en un 6% las tarifas eléctricas, aplazar indefinidamente la subida de los precios de los productos derivados del petróleo -incluido el butano- y aprobar el envío a las Cortes del proyectó de ley sobre coeficientes de caja de los intermediarios financieros.Aunque el responsable de Industria señaló que el Gobierno no ha elaborado todavía los criterios que se seguirán para seleccionar las centrales nucleares afectadas, el alcance de la limitación de potencia instalada hace pensar que serán cinco grupos (unos 5.000 megavatios), de los 12.500 megavatios autorizados o en fase avanzada de construcción, los que tendrán que interrumpir o no comenzar las obras. Los grupos previsiblemente afectados serán los dos de Lemániz, cuya construcción está ya detenida; los dos de Valdecaballeros, en fase acelerada de construcción, y uno de Trillo, aún sin comenzar, según han informado fuentes solventes. En algunos medios se habla de que también es previsible que se retrase la terminación del grupo segundo de Aseó.

Respecto al incremento de las tarifas eléctricas, que lo harán en un 6% por término medio, una parte considerable de la subida será destinada, precisamente, a financiar los perjuicios causados a las compañías afectadas por el parón nuclear acordado. Según Solchaga, los efectos económicos en las empresas, por inversiones en el citado programa que no se aprovecharán de forma inmediata, han sido estimados por su ministerio en 500.000 millones de pesetas. Según el ministro, este coste es inferior a lo que hubiera supuesto completar el programa autorizado por anteriores gobiernos, y que su departamento estima que rondaría los 1,5 billones de pesetas.

En el Consejo de Ministros de ayer se tomó también la decisión de retrasar sin fecha fija la subida que el Gobierno estudiaba para los productos derivados del petróleo, incluido el butano. Para los carburantes, gasolinas, gasoleos, fueles y naftas, el ministro de Industria y Energía señaló que se había considerado innecesaria la citada subida, pese a la depreciación experimentada por la peseta frente al dólar, moneda de pago de los crudos. Reconoció, sin embargo, que el Tesoro experimentará una merma apreciable en los ingresos por renta y fiscalidad del petróleo, pero que esta disminución no sería superior al 2% de los mismos si tanto el precio oficial del petróleo (29 dólares por barril) como la cotización de la peseta no experimentan cambios sustanciales en los meses restantes del año.

Argumentos del Gobierno

Para el caso del butano, producto cuyo consumo tiene una gran incidencia en las clases menos adineradas, Solchaga admitió la necesidad de acomodar el precio de venta al público de este producto a su coste de importación. Pero añadió que el Gobierno ha decidido utilizar otros mecanismos para compensar a la compañía distribuidora, Butano, por los efectos de la desviación en costes. Aunque el ministro no lo especificó, se sabe que el Ministerio de Industria y Energía presentó ante la mesa del Consejo tres alternativas de financiación de los 9.000 millones que Butano perderá este año por el mantenimiento de los precios políticos sobre este producto. La fórmula elegida, al parecer, es un crédito extraordinario con destino a Butano a cargo de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Solchaga trató de explicar, al término de la reunión del Consejo de Ministros, las razones que han llevado al Gobierno a detener parte del programa nuclear. Según el ministro, los expertos que elaboran el Plan Energético Nacional (PEN) consideran que no serán necesarios tantos grupos nucleares como los que, en su día, decidieron autorizar anteriores gabinetes. Consideradas las previsiones de incremento del producto interior bruto según el Programa Económico a Medio Plazo y sobre la base de un aumento del 4% anual acumulado de la demanda de energía eléctrica hasta 1992, tan sólo será preciso instalar centrales nucleares con una capacidad de producción de 7.500-7.600 megavatios.

"Estos cálculos coinciden con los realizados por los autores del programa energético del PSOE. Pero que nadie vaya a pensar que tan sólo se trata de cumplir una promesa electoral. Detrás de esta decisión hay motivos económicos muy bien fundamentados", explicó Solchaga.

A una pregunta concreta sobre las centrales que se verán afectadas y los criterios seguidos para seleccionarlas, Solchaga dijo que estos criterios se encuentran en fase de elaboración y son de tipo económico ("lo más rentable o menos costoso para el país") y de seguridad.

Subidas de tarifas

El ministro de Industria y Energía, que se reunió a comer con los presidentes de las empresas eléctricas los pasados días 30 de septiembre y 3 de octubre, destiné una gran parte de su exposición a justificar los incrementos de las tarifas eléctricas. En este sentido, dio a entender que las auditorías encargadas a Arthur Andersen sobre los costes y situación económica y financiera de las empresas no eran interpretadas de la misma manera por el ministerio y por las compañías y señaló que esta era la razón por la que el Gobierno no consideraba necesario que las tarifas eléctricas subieran ese 14%. que habían solicitado las sociedades.

Por esta razón, dijo que las tarifas eléctricas, después del incremento del 7,5% decidido en enero pasado y del 6% complementario acordado ayer, lo habían hecho en un 8,8% en todo el año, porcentaje que para los usuarios era el más bajo de los últimos años, en términos medios anuales. Este incremento, según el ministro, es suficiente para compensar a las compañías eléctricas por los mayores costes financieros en que han incurrido por el desarrollo del programa nuclear y por la ralentización ahora acordada.