La Dirección General de Cinematografía ultima su proyecto para racionalizar la protección del cine español

La Dirección General de Cinematografía acaba de elaborar un importante proyecto de decreto para la protección de la cinematografía española. Todos los sectores de la industria y comercialización del filme han sido informados del alcance de este texto legal, que se enviará próximamente a la Comisión de Subsecretarios, paso previo a su debate en Consejo de Ministros.El significado de este decreto viene de atrás. Iniciada la transición democrática, y como reacción contra el dirigismo de la dictadura en materia cinematográfica, el Gobierno de UCD promulgó una legislación de tipo neoliberal que abrió la espita de la importación de películas extranjeras y que sumió a nuestra industria del cine casi en la bancarrota.

Esta legislación fue rectificada por la propia UCD, en enero de 1980, con una ley que puso nuevamente en vigor medidas de protección para el cine español, que permitieron una reactivación parcial de la producción. Pero lo que fue un acto legislativo excepcional y de supervivencia, visto desde 1983 es considerado insuficiente para el período de relativa normalización que el mismo inauguró. De ahí que, tras la subida al poder del partido socialista, los diversos sectores de la industria del cine esperaban su sustitución.

Esta espera acabó la. pasada semana, cuando la Dirección General de Cinematografía, coincidiendo con la firma del primer acuerdo entre RTVE y los productores de cine para financiar películas, dio a conocer, para recabar información en los sectores de la industria cinematográfica, un proyecto de decreto de protección de la cinematografía española en el que se implica recíprocamente a dichos sectores -producción, distribución y exhibición de películas- en una

estrategia conjunta para la protección del cine español frente a la oferta de filmes extranjeros dobla dos a los idiomas españoles, pero no a los exhibidos en su idioma original, que quedan de libre importación.

Tres son las innovaciones de largo alcance que introduce este proyecto de decreto, y se encuentran en la línea de las fórmulas de defensa que los países de Europa occidental están poniendo en práctica ante las omnipotentes distribuidoras de cine norteamericano, que acaparan prácticamente el 50% del mercado europeo.

La primera consiste en un nuevo sistema en la mecánica de financiación de los filmes. La segunda es una nueva fórmula, más restrictiva y ligada a la explotación rentable de las películas españolas, para la obtención por las empresas distribuidoras de licencias de doblaje de filmes extranjeros; y la tercera, una reducción de la llamada cuota de pantalla, establecida hasta ahora en tres por una -tres horas de cine extranjero por una de cine español-, a un dos por una en las capitales españolas y un tres por una en el resto.

Dos son hasta los canales por los que un productor puede financiar un filme: los adelantos líquidos de distribución, cada vez menos usuales, y los créditos del Banco de Crédito Industrial. Ambos canales son considerados insuficientes, "porque", a juicio de los productores consultados por este periódico, "no les permiten la producción en continuidad, porque conllevan un excesivo riesgo personal para el productor y porque no garantizan, sino al contrario, la buena calidad del producto final".

En el nuevo sistema de financiación propuesto por el proyecto de decreto es el propio Estado quien avalará, con cargo al Fondo de Protección del Cine Español -fondo hasta ahora reservado para subvencionar a filmes ya realizados y en período de explotación-, los necesarios créditos del Banco Industrial.

"De esta manera", dicen unánimemente productores, distribuidores y exhibidores consultados, "un dinero que es del cine y para el cine, como el del Fondo de Protección del Cine Español, y que en la actualidad permanece inactivo durante todo el proceso de creación cinematográfica, pasa con esteproyecto a ser un dinero activo, que avalará desde sus primeros pasos a la creación fílmica, suprimiendo en gran medida riesgos personales del productor".

Rentabilizar el cine español

Todos los sectores de la industria coinciden en "que esta forma de financiación, añadida a la derivada de los acuerdos de producción entre cine y televisión, es idónea y producirá efectos beneficiosos, tanto en la cantidad de filmes producidos como en su calidad como productos aptos para una buena comercialización, exportación incluida".En la filosofía del proyecto de decreto, esta inédita fórmula de financiación no bastaría por sí sola para sanear un mercado cinematográfico tan deprimido como el español. Con este sistema se considera unánimemente que pueden producirse más y, sobre todo, mejores filmes. Pero éstos han de tener garantizada una buena explotación en las fases posteriores de distribución y exhibición.

De ahí que el proyecto de decreto implique a las distribuidoras y a las salas de exhibición cinematográfica en la explotación adecuada de estos filmes, condicionando la obtención de licencias de doblaje de filmes extranjeros a la rentabilidad de los filmes españoles que distribuyan y exhiban. Así, en elnuevo decreto se establece que la primera licencia de doblaje se obtiene al comienzo del filme; la segunda, cuando éste ha producido 40 millones de pesetas, y la tercera, cuando la recaudación alcanza 70 millones, con lo que la buena comercializ ación del cine español se convierte en condición previa para el doblaje de películas extranjeras.

La unanimidad de todos los sectores de la industria al considerar justa la fórmula de financiación se pierde en la valoración de este segundo punto del proyecto. Si bien los productores consideran acertado el sistema, los distribuidoresy exhibidores lo recusan arguyendo "que favorece únicamente a la producción".

Visiones contrapuestas

En las consultas efectuadas se observan, sin embargo, dos líneas no enteramente coincidentes en esta recusación. Una parte de ella considera que "esta medida es inaceptable y supondrá a la larga la ruina total del negocio cinematográfico".La otra corriente, en cambio, considera que "el sistema es aceptable, a condición de que se rebajen las cantidades exigidas para la obtención de licencias de doblaje, que son exageradas en todos los casos e incumplibles en muchos". Estos distribuidores apuntan cantidades sensiblemente menores que esos 40 y 70 millones establecidos.

La tercera medida del proyecto es la que más escepticismo provoca en los medios de la industria. La mayor parte de los productores, y todos los distribuidores y exhibidores consultados, coincide en que hoy por hoy "el mercado del cine español no está en condiciones de abastecer una cuota de pantalla del dos por una (una hora de cine español por cada dos de cine extranjero), por lo que esta proporción es excesiva e irreal".

Todos los productores, y parte de los distribuidores y exhibidores consultados por este periódico, consideran que "sería deseable llegar en el futuro a tal proporción si el cine español, por talento y agilidad, se la gana; pero esto no puede legislarse de antemano, por lo que habrá que esperar a que el proyecto de decreto reactive la producción, y ya entonces se verá si ese hoy por hoy irreal dos por una es entonces cumplible".