José Luis García López autorizo que parte de las tasas cobradas no fueran al Tesoro

Desde 1978, al menos, se vienen cobrando tasas pintorescas, sin amparo legal alguno, y recargos arbitrarios a los transportistas. Estas irregularidades, que han sido detectadas tanto por la Inspección General de Servicios del Ministerio de Transportes (investigación ordenada por el ministro Enrique Barón) como por la Intervención General del Estado (auditorías solicitadas por el ex ministro Luis Gamir), eran un secreto a voces en el sector y se les denominaba el trabucazo.Estas prácticas, que han afectado a la práctica totalidad de las jefaturas regionales de Transportes, primero, y provinciales, después, han consistido en lo siguiente: aplicación simultánea a un mismo hecho imponible de diversas tasas o exacciones; percepción de cantidades adicionales a las tasas legalmente establecidas; exigencia de cantidades no previstas legalmente (se ha llegado a cobrar la compulsa de documentos innecesarios y el plastificado de tarjetas); y extensión de autorizaciones de transportes a supuestos no contemplados por la tasa correspondiente.

Las cantidades recaudadas por todos estos conceptos son ingresadas en cuentas corrientes de 11 entidades bancarias privadas de toda España, que no en todos los casos están debidamente autorizadas por Hacienda.

Los fondos, al igual que el canon de coincidencia, sirven para abonar gastos de funcionamiento, otorgarse gratificaciones, contratar personal atípico o para atenciones de difícil catalogación (la auditoría de Hacienda descubrió en Sevilla que de estas cuentas se habían destinado doscientas y pico mil pesetas a los gastos de entierro de un ingeniero y otras cincuenta y tantas mil para pagar la gestoría que tramitaba la pensión de la viuda del fallecido).

Con ocasión de las solicitudes de nuevas tarjetas de transportes del visado anual de las mismas, las jefaturas provinciales de transportes exigen, al margen de las tasas que legalmente corresponden (de 820 a 1.650, según las características del vehículo), el pago de determinadas cantidades por la realización de ciertas compulsas que deben efectuarse en relación con la documentación aportada por el interesado.

Por otra parte, la inspección ha comprobado que en los supuestos de autorizaciones especiales o de autorizaciones complementarias se han aplicado en muchas jefaturas dos tasas: la correspondiente a la autorización de que se trate y una tasa por compulsa de documentación. Casos que implicaban la percepción simultánea de diversas tasas por una misma o actuación administrativa.

José Luis García López

El informe de la inspección contiene el siguiente párrafo: "¿Cuál es el origen de esta generalizada práctica administrativa? Pues bien, de acuerdo con la información y datos que ha podido obtener esta Inspección General de Servicios, tal proceder tiene sus orígenes en una resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de 7 de febrero de 1978. De acuerdo con esta circular o resolución, enviada a todas las jefaturas, la tasa por 'informes y otras actuaciones' se debía extender a la 'compulsa de todos los documentos aportados o impresos cumplimentados, que comprenden los expedientes de permisos y autorizaciones de transporte'".Esta ilegalidad ha llevado en algún caso, como, por ejemplo, el visado anual de tarjetas o la expedición de nuevas tarjetas, a la exigencia de cuatro tasas al solicitante por un solo hecho administrativo. La facultad de dictar disposiciones interpretativas en materia de tasas, según la ley General Tributaria, corresponde privativamente a Hacienda y no a un director general de Transportes.

El informe de la inspección es concluyente: "Nos encontramos ante una clara infracción del Orden Jurídico Tributario, cuya responsabilidad fundamental, por no decir exclusiva, recaería sobre el titular de la Dirección General de Transportes que dictó la mencionada resolución."

El 7 de febrero de 1978 era director general José Luis García López, y a la citada circular sucedieron otras, "que agravan en mayor medida la actuación", de 18 y 24 de abril de 1979. En estos dos últimos oficios-circulares, García López autorizó a las jefaturas de Transportes Terrestres a disponer de un tercio de la cantidad recaudada por las compulsas coincidentes con expedición o visados de tarjetas de transportes, debiendo ingresar exclusivamente en el Tesoro los dos tercios restantes.

José Luis García López, que actualmente es funcionario del Banco de Crédito Agrícola, no quiso declarar sobre estos hechos.

Con las cantidades retenidas a raíz de las circulares de García López, las jefaturas pagaron gastos de funcionamiento, gratificaciones, personal atípico, etcétera. Todo ello debería haberse realizado presupuestariamente y no extrapresupuestaríamente.

Tasas ilegales

Además de las actuaciones relatadas, la inspección y la auditoría de Hacienda han podido comprobar que en algunas jefaturas de transportes se percibían ciertos ingresos atípicos con ocasión de la expedición o visado de las tarjetas de transporte. Al margen de las tasas autorizadas y de las compulsas, se obligaba a los solicitantes o peticionarios al pago de ciertas cantidades adicionales en concepto de gastos de confección o plastificación de las tarjetas. Las cantidades percibidas por esta prestación oscilaban entre las 35 y las 130 pesetas por cada tarjeta visada o de nueva expedición.Por otra parte, según la inspección, en los servicios centrales que gestionan la tasa por "Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera" (Sección de Asuntos Generales y Sección de Autorizaciones Especiales de Circulación) y en la totalidad de las jefaturas provinciales "se perciben por las denominadas 'autorizaciones especiales' ciertas cantidades que en modo alguno se corresponden con las legalmente establecidas". Estas autorizaciones, que inexcusablemente tenían que darse por un número limitado de viajes (a 160 o 320 pesetas por viaje, según las características), se otorgan por meses e incluso años -sin fijar tope a los viajes-, percibiéndose con carácter general 1.650 pesetas.

Otros conceptos por los que se cobraban más de las cantidades debidas son los siguientes: permisos para transportes de obreros; prórrogas de visados; cambios de titularidad; autorizaciones provisionales, y autorizaciones para ampliar los viajes fuera del ámbito territorial correspondiente.

Libros de porte

Dentro de estas curiosas operaciones hay que destacar la correspondiente a los libros de declaración administrativa de porte: el precio de los mismos se fijaba arbitrariamente; la edición se adjudicaba discrecional e ilegalmente, a precios abusivos, a Maribel Artes Gráficas. Esta firma ha tenido una legalidad precaria (careció de licencia fiscal y de inscripción en el Registro Mercantil), lo que no era óbice para que se le concedieran los pedidos.Según la inspección, la primera adjudicación de libros se produjo en 1979. El encargo se discernió en base a un pliego de características suscrito por el ingeniero jefe del servicio y aprobado por el subdirector general de Ordenación el 1 de septiembre de 1978.

El encargo fue por 201.969 talonarios y por un importe de 40.392.000 pesetas.

Entre otros requisitos de los que careció la adjudicación, siempre según la inspección, hay que citar los siguientes: acuerdo administrativo de subasta, concurso o adjudicación directa; anuncio o invitación instrumentada para promover ofertas; intervención de la mesa de contratación y junta de compras; constiotución de fianzas; intervención de la asesoría jurídica del Estado; y designación de representantes para levantar acta de la recepción del material contratado.

A cuenta del canon

La segunda y tercera edición, correspondiente a 1980 y ampliada a 1981, se hizo también sin cumplir los citados requisitos. El encargo se tradujo en la adquisición de 351.800 libros, por un importe de 98.504.000 pesetas. Lo mismo ocurrió en la campaña correspondiente a 1981-1982, para la que se encargaron a la empresa Maribel Artes Gráficas 387.000 libros por un importe de 112.230.000 pesetas.Con estos encargos la firma Maribel Artes Gráficas obtiene una facturación media anual importantísima y disfruta de un generoso adelanto de 48 millones, procedente de las irregulares cuentas público-privadas del canon de coincidencia. Cuentas en las que tenían firma los funcionarios de la Dirección General de Transportes Diego Calleja, Ricardo Allúe y Juan Chamón.

Con todo ello el libro de porte se vendía a los transportistas al precio de 400 pesetas ejemplar, cuando la inspección, trás pedir presupuesto a distintas empresas de artes gráficas, estima que hoy valdría cada ejemplar unas 160 o 170 pesetas, como mucho.