Interior busca al responsable de la desaparición de documentos policiales

El Ministerio del Interior busca al responsable de la masiva desaparición de documentos policiales registrada en los meses anteriores al acceso del PSOE al Gobierno, según informaron ayer fuentes oficiales del departamento.En algunos casos, no sólo fueron sustraídos expedientes, sino también los registros en los que figuraba la recepción y archivo de los expedientes en la correspondiente unidad policial. Entre los documentos desaparecidos figuran informes confidenciales sobre el 23-F y sobre actividades involucionistas.

El funcionario del Cuerpo Superior de Policía José Luis Rodríguez Zarco, implicado en la desaparición de 2.000 expedientes entregados hace unos días voluntariamente por el agente, ha dicho a los investigadores que su actuación "se debió a encargos efectuados por la superioridad". La mayor parte de la documentación desaparecida estaba bajo el control de la Comisaría General de Información, dirigida entonces por Manuel Ballesteros, y, más concretamente, de la Brigada de Interior, a cuyo frente estaba Sebastián Fernández Dopico, hermano de José Luis Fernández Dopico, que ocupaba el cargo de director general de la Policía.

En los meses en que se registraron las sustracciones de documentos, Rodríguez Zarco estaba destinado, como jefe de grupo, en la Brigada de Interior. Por tanto, la cadena de superiores del funcionario estaba compuesta por estas personas: Sebastián Fernández Dopico, Manuel Ballesteros, José Luis Fernández Dopico, Francisco Laína -entonces director de la Seguridad del Estado- y Juan José Rosón, ministro del Interior. Al parecer, estas personas, salvo Sebastián Fernández Dopico, no han sido interrogadas en relación con el problema. "Es muy difícil determinar quién dio la orden", han declarado las fuentes informantes.

Inverosímil

Según han precisado, desde la llegada al Ministerio del Interior del actual equipo, se observó la ausencia de numerosos documentos confidenciales, por lo que inmediatamente se abrió una investigación interna para determinar las posibles responsabilidades. De hecho, hace ya varios meses que al comisario Alberto Pérez Cayuela se le encomendó la dirección de las investigaciones. Sin embargo, las gestiones no parecen haber dado buenos resultados hasta el momento, ya que, según las mismas fuentes oficiales, en la actualidad aún se desconoce la cantidad de material que se sustrajo o se destruyó, debido precisamente a la desaparición de algunos registros.

Respecto a la afirmación hecha por funcionarios policiales directamente relacionados con la desaparición de documentos, en el sentido de que numerosos expedientes fueron destruidos en dependencias del Banco de España, un alto cargo de esta entidad dijo ayer a este periódico que los documentos no pudieron ser quemados en un horno del banco, en contra de lo que indicaba una información de EL PAÍS de ayer, ya que el horno que existía en la entidad fue sustituido en 1974 por una trituradora. No obstante, ni desmintió ni confirmó que los documentos se destruyeran en el banco. "Simplemente, me resulta inverosímil", dijo. Los funcionarios informantes aseguraron que personas del Banco de España sabían que se estaban destruyendo documentos en la entidad.