El Grupo Popular recurrirá ante el Tribunal Constitucional para evitar la aplicación de las incompatibilidades a los parlamentarios

Los proyectos de ley orgánica de Incompatibilidades de Diputados y Senadores y de altos cargos de la Administración Pública, -el primero, aprobado ayer, y el segundo el pasado miércoles por el Congreso de los Diputados-, afectan a un total de diez diputados: tres del grupo socialista; cinco del grupo popular, uno del grupo centrista y otro del grupo mixto. El carácter retroactivo del proyecto de ley incompatibilidades de diputados y senadores, que afecta a los parlamentarios elegidos el pasado 28-O, sin que en aquel momento existieran dichas incompatibilidades, será el principal argumento en el que el Grupo Parlamentario Popular basará el recurso de inconstitucionalidad, que tienen previsto presentar ante el Tribunal Constitucional, según informaron ayer Manuel Fraga y el diputado Alfonso Osorio.

Uno de los diputados afectados, y que a tenor de ambas leyes tiene que elegir entre sus actividades profesionales o el escaño, es Pío Cabanillas, registrador de la Propiedad, del grupo centrista, cuya opción no fue clarificada por el interesado por hallarse ayer en Galicia. No obstante, el portavoz de su grupo, Luis Ortiz, manifestó que lo más probable era que Cabanillas renuncie a su escaño parlamentario, "pero faltan todavía muchos meses para que se materialice la incompatibilidad, ya que estoy seguro de que el Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso que van a presentar los del Grupo Popular", dijo.La demora de los "muchos meses" a que se refería Ortiz se produciría si el Tribunal Constitucional obra en el sentido que el portavoz centrista aseguraba, ya que la presentación de un recurso de este tipo paraliza la tramitación parlamentario de un proyecto de ley. Luis Ortiz añadió que los doce diputados centristas se sumarán a dicha petición de inconstitucionalidad.

El diputado comunista Fernando Pérez Royo, catedrático, manifestó ayer a EL PAIS que no tiene ninguna duda sobre cual será su decisión: "Renunciaré a mi condición de diputado". En el Grupo Parlamentario Socialista hay tres diputados afectados: Carlos Bru, notario, que ya ha renunciado a su profesión en favor del escaño; Francisco Fernández Marugán, responsable del área económica del equipo del presidente del Gobierno que dirige Roberto Dorado y Carlos Sanjuán, actual subsecretario del Ministerio del Interior. Marugán no es director general, pero tiene la consideración y el sueldo como tal, y el proyecto de ley de incompatibilidades de altos cargos declara incompatibles a los directores generales o equivalentes. "Mi situación es un poco confusa", señaló, "yo creo que me afecta la ley pero cuando tenga que elegir le preguntaré directamente a Alfonso Guerra que debo elegir y haré lo que él me diga. Así de claro".

Sanjuán no quiso ayer pronunciarse sobre su elección, pero sus compañeros de grupo apuntaban a que se quedaría en el Parlamento. Desde que se inició la actual legislatura, Carlos Sanjuán, ha venido diciendo que cuando le afectara la ley de incompatibilidades dejaría su cargo en Interior. Las públicas y reiteradas discrepancias entre éste y el titular del Departamento, José Barrionuevo, afianzan esta decisión.

No existe unanimidad de criterios

Por lo que se refiere al Grupo Popular, el catedrático Fernando Suárez ya adelantó ayer que el seguiría en la docencia. El portavoz del grupo, Miguel Herrero, afirmó que lamentaba la pérdida de "tan valioso parlamentario", en tanto que otros diputados populares comentaban que la decisión de Suárez puede obedecer, sobre todo, a las discrepancias que éste mantiene con el secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, tesis negada por el interesado.

Otro del Grupo Popular que probablemente dejará su puesto en el palacio de la carrera de San Jerónimo, es el notario José Luis Álvarez, quien dijo que la ley de incompatibilidades convertiría el Congreso en una cámara de mediocres. Alfonso Osorio señaló, por otra parte, que los otros tres diputados afectados, los dos notarios, Fuentes y Durán, y el registrador de la propiedad Antonio Pillado permanecerían en sus puestos del Congreso.

Todo parece indicar que no existe una unanimidad de criterios dentro del Grupo Popular sobre la conveniencia de presentar recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Un grupo de diputados, entre los que podrían encontrarse el propio portavoz, Miguel Herrero, si bien él eludió la respuesta diciendo que "cuando la ley pase por el Senado, que es el momento adecuado para presentar el recurso, ya veremos lo que hacemos" opina que podría tener efectos muy impopulares de cara a la opinión pública, en tanto que otros, la mayoría, parecen dispuestos a seguir adelante con el recurso. Manuel Fraga se incluye entre estos últimos, al igual que Alfonso Osorio, quien declaró su convencimiento de que la sentencia del Tribunal Constitucional les sería favorable.

Osorio señaló que no es bueno para la democracia que el Tribunal Constitucional le esté dando constantes palos al Gobierno y citó las sentencias del concejal socialista de Andújar, la LOAPA y la todavía no producida acerca del decreto de expropiación de Rumasa. Osorio afirmó no tener dudas sobre que esta última sentencia será contraria al Gobierno. El vicepresidente de la Mesa del Congreso, Leopoldo Torres, señaló que, a pesar de las mencionadas sentencias, su grupo no modificaría la ley de incompatibilidades en el Senado, "porque es una promesa que hicimos al electorado y pase lo que pase seguiremos adelante".