Un informe del Gobierno denuncia que 20 automóviles han sido adquiridos con el dinero del empleo comunitario

La afirmación de Felipe González de que se están dando casos de perceptores del empleo comunitario que aprovechan esos fondos para comprarse un coche está basada en un informe elaborado recientemente por la delegación del Gobierno en Andalucía. En un muestreo realizado por dicho organismos entre 20 pueblos sevillanos se detectó que se habrían dado casos de este tipo en diez de los puntos escogidos, con un total de 20 coches, algunos de ellos de alto precio, como un Land Rover o un Seat Supermirafiori.

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha puesto especial empeño en combatir el fraude en el empleo comunitario que alcanza, en opinión del delegado gubernamental, Leocadio Marín, tales proporciones "que amenaza con convertir a Andalucía en una comunidad subsidiarizada". El número de perceptores entre septiembre del año pasado y este mes se ha elevado de 75.000 a 152.000.En la relación aparecen seis casos en Martín de la Jara, tres en Estepa y Gilena, dos en Casariche y uno en Fuentes de Andalucía, Burguillos, El Aralial, Écija, Olivares y La Algaba. En Burguillos un perceptor del empleo comunitario ha comprado un Land Rover; en Casariche, un Supermirafiori fue comprado por una persona que no es perceptora del comunitario, pero que ha solicitado serlo y que tiene dos hermanos con quienes vive que sí son perceptores.

Tener sólo dos brazos

Leocadio Marín insiste en que "jornalero es el que sólo tiene dos brazos y si no echa un jornal no tiene dinero para llevarse a casa. El empleo comunitario no puede ser un complemento de renta y mucho menos una forma de sacar 20.000 pesetas con las que pagar la letra de un coche. El Gobierno tiene que jugar aquí el papel de duro si es que, como está ocurriendo, hay un número suficiente de muestras de insolidaridad como para que se arrimen a este sistema personas que tienen medios suficientes para vivir de forma digna. Evidentemente, Felipe González no hubiera dicho ésto en el Parlamento de no estar basado en una realidad".Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, pueblo en el que desde hace cuatro días se produce un encierro en protesta por las palabras de Felipe González, recibió con indignación la noticia de la existencia de tal lista: "el señor Leocadio Marín debe saber que esas personas que se han comprado el coche han podido estar durante tiempo ahorrando en la emigración, o que se van cada año a la vendimia francesa y tienen derecho a gastar su dinero en lo que quieran. Eso no supone que no tengan derecho a percibir el empleo comunitario durante las épocas del año en que el Gobierno no ha sido capaz de proporcionarles un trabajo. No entiendo a qué viene el confeccionar una lista así si no es a otra cosa que a acuchillar una vez más al débil. El Gobierno podría entretenerse en hacer listas de médicos corruptos de la Seguridad Social, o comparar cuántas pagas del comunitario hay que reunir para alcanzar el sueldo de un diputado. Y si de verdad hay bandidos entre los perceptores del paro comunitario, lo que hay que hacer es echarlos, y no utilizarlos como ejemplo para desacreditar al jornalero. La actitud de la delegación del Gobierno nos indigna aún más".