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Los acusados por el asalto al cuartel de Berga recusan a los miembros del tribunal militar

Los abogados defensores de los nueve presuntos miembros de ETA pm y de Terra Lliure que serán juzgados mañana por un Consejo de Guerra en Lérida por el asalto al cuartel de Berga, presentaron ayer tarde ante el Tribunal Togado que ha instruido el caso dos recursos de impugnación del citado Consejo, uno de ellos impugnando a todos los miembros del Tribunal. El primero solicita que el Tribunal decline su competencia en la causa en favor de la Audiencia Nacional. "El plan de aprovisionamiento de armas aplicado por la dirección de ETA pm en el intento de robo no pretendía atentar contra las Fuerzas Armadas, siendo, por tanto una acción específica dentro de la actividad típica de las bandas armadas", según dicho recurso.En el otro recurso presentado los abogados alegan que se han vulnerado preceptos de la Constitución y piensan que la constitución del Consejo de Guerra debe ser impugnada y recusados todos y cada uno de sus miembros, "por entender que concurren en todos ellos causa de recusación al ser incompatible la calidad de militar para juzgar a los procesados".

Por otra parte, ocho de los nueve procesados, presuntos miembros de ETA pm, que se encuentran en la prisión provincial de Lérida, han declarado que "nuestra actitud ante el Consejo será no reconocerlo, no sólo porque vamos a ser juzgados por una parte interesada, sino por el papel que juega el Ejército en todo el proceso político del Estado", según recogía ayer el diario Segre.

Asimismo, los ocho presuntos miembros de ETA pm exponen una valoración del asalto al cuartel de Berga, realizado el 15 de noviembre de 1980, "al margen de que fallara dicha acción". Los mismos procesados no se identifican ni con Euzkadiko Ezquerra ni con HB, a los que critican.

El pasado mes de agosto el tribunal denegó la libertad provisional de los encausados a pesar de que algunos llevan más de 30 meses en régimen de prisión provisional. Los defensores consideran que se han cometido irregularidades en la elaboración del sumario, y que de 90 testigos, solamente podrán declarar 21. "No se ha llevado a cabo una inspección ocular de los hechos, que podría servir para anular la agravante de nocturnidad, y se han rechazado pruebas testificales", ha explicado uno de los abogados.

La petición del fiscal es de una pena de 142 años de prisión para ocho de los nueve procesados, mientras que para el restante la pena solicitada alcanza los 145 años de reclusión. La vista se iniciará a las 10 horas del lunes en el cuartel de artillería de Lérida. El juicio se verá en una sala con capacidad para 80 personas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de septiembre de 1983

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