El conflicto de Sagunto

El acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio sobre el futuro de nuestra indüístria siderúrgica integral, que, al suponer el cierre de la cabecera de Sagunto, situa ba a la planta de Altos Hornos del Mediterráneo en posición su bordinada y marginal con repecto a las de Bilbao y Avilés, fue precedido y seguido de movilizaciones e inquietantes muestras de crispación.Ya entonces expresábamos nuestro temor por las consecuencias futuras de una medida que, respondiendo a impecables criterios de rentabilidad y visión empresarial, se proyectaba de forma abrupta sobre una zona de monocultivo industrial y sin posibilidades alternativas; y avanzábamos la hipótesis del desgaste que la propia firmeza gubernamental podría suponer para el equipo en el poder. Ayer mismo, tras el Consejo'de Ministros que hubo de tomar conocimiento de las medidas disciplinarias adoptadas por el consejo de administración de Altos Hornos del Mediterráneo y ratificadas por el del INI, que afectan a casi un centenar de trabajadores, tuvimos una clara confirmación de unas y otras aprensiones, mientras el debate sobre el estado de la nación conectaría bruscamente con la actualidad, ciertamente para endurecerse.

Los actos de desobediencia de los trabajadores afectadeis por lasmedidas disciplinarias que Santiago Carrillo se apresuraría a pedir que se anulasen, tras una convocatoria urgente de la comisión de seguimiento, revisten, sin embargo, la suficiente gravedad como para merecer acciones enérgicas por parte de la empresa y con el respaldo del propio, Gobierno.

El Gobierno acaba de declarar por boca de su presidente y refiriéndose a aquellas ocupaciones de fincas andaluzas y a los desalojos subsiguientes: "No es fácil tomar decisiones de esta naturaleza, pero tampoco.es difícil hacerlo, porque el Gobierno está firmemente decidido a aplicar la ley y hacer cumplir la Constitución". Es, pues, normal que apoye los acuerdos sancionadores y disciplinarios del consejo de administración de Altos Hornos del Mediterráneo en materia tan grave y de tanta repercusión económica. Iría contra la justicia distributiva mostrar firmeza con quienes atentan contra la bandera, ocupan fincas o firman declaraciones justificando a los condenados por los hechos del 23-F y exhibir síntomas de debilidad frente a quienes se arrogan, competencia para poner en marcha una sección clave de una fábrica. Por apoyados que sindicalmente estén.

22 de septiembre