Navarra vive, sin Gobierno y sin presupuestos, en grave parálisis administrativa

La administración de Navarra se encuentra totalmente paralizada desde hace varios meses como consecuencia de la no constitución del nuevo Gobierno de esta comunidad por las discrepancias existentes entre los dos grupos mayoritarios -PSOE y Unión del Pueblo Navarro- en la interpretación de la ley de Amejoramiento del Fuero y, en concreto, en el apartado de la nominación del presidente del Ejecutivo navarro. Esta paralización arranca en la diputación desde diciembre de 1982, cuando el Parlamento Foral rechazó los presupuestos generales de Navarra para el presente año so pretexto de que no se quería hipotecar la acción del futuro Gobierno que debía surgir de las elecciones de mayo.

A la vez que se rechazaban estos presupuestos, se acusaba, principalmente por parte del PSOE y UPN, a los diputados forales de carecer de legitimidad política habida cuenta de su carácter de interinidad. Dichos diputados no han sido elegidos ni directa ni indirectamente por el parlamento, ya que pasaron a ocupar este cargo al encabezar las listas más votadas en cada una de las zonas en que se dividió Navarra.Del bloqueo administrativo que sufre en estos momentos Navarra da idea el hecho de que departamentos tan esenciales en la Diputación como los de Sanidad, Agricultura, Institución Príncipe de Viana (organismo encargado del área de cultura) y Policía Foral se encuentran sin dirección.

El retraso en la constitución del Gobierno se ha producido porque ningún partido obtuvo en las pasadas elecciones la mayoría suficiente para gobernar en solitario y al no llegarse tampoco a un acuerdo de coalición entre las fuerzas políticas. Otro factor esencial, es la decisión adoptada por el presidente del Parlamento de Navarra Balbino Bados, de nominar a José Ángel Zubiaur -candidato de su mismo partido y que ya fuera rechazado en la sesión de investidura por el legislativo- a la presidencia del Gobierno de Navarra, lo que fue rápidamente impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la nación. Hasta tanto el Alto Tribunal no se pronuncie en tomo a este asunto no se resolverá esta anómala situación. El Tribunal Constitucional tiene, según está establecido, un plazo de cinco meses para adoptar una resolución.

Bloqueo administrativo

Pero mientras se produce esta decisión, el bloqueo administrativo en que se encuentra Navarra es cada día mayor. Los diputados únicamente se limitan a resolver asuntos de puro trámite. Tan sólo cinco de los siete diputados que componen este Gobierno atípico permanecen en sus puestos, "desmoralizados y pesimistas" y con pocas ganas de continuar en el cargo al que accedieron en abril de 1979.Uno de los cinco diputados, el socialista Jesús Malón, responsable del área de Educación y Cultura, reparte su tiempo entre Pamplona y Madrid, ya que también es diputado al Congreso por Navarra por el PSOE. Jaime Ignacio del Burgo, ex presidente de la diputación, es al mismo tiempo vicepresidente primero del Parlamento Foral de Navarra. El actual presidente, Juan Manuel Arza, y los diputados Pedro Sánchez de Muníain y Jesús Bueno Asín han decidido ya abandonar toda actividad política.

Los dos miembros restantes que ya no están en la diputación son Ángel García de Dios, de Herri Batasuna, que dejó el cargo al retirarse la coalición abertzale de las instituciones en diciembre de 1981, y Ángel Lasunción, artífice de la reforma de la hacienda de Navarra, quien recientemente presentó su dimisión.

Las decisiones hipotecan

La debilidad institucional en que se encuentra la Diputación frente al parlamento origina que sus componentes no adopten decisiones que puedan hipotecar al futuro Gobierno a poco problemáticas que sean éstas. Temas tan cruciales para el futuro de Navarra como son la autopista, la elaboración del nuevo reglamento de la Policía Foral -el actual data de 1920-, la negociación del nuevo convenio económico o un plan de regadíos para Navarra, esperan una pronta resolución, que, al menos de momento, se antoja muy difícil.A estos problemas sin solucionar se une la falta de un programa capaz de relanzar la actividad económica y disminuir el paro. Navarra, una de las primeras regiones del Estado que superó los 1.000 dólares de renta per cápita, conoce la peor crisis económica de su historia, como han manifestado recientemente en círculos empresariales. Navarra cuenta actualmente con más de 25.000 parados y las empresas navarras, de reducidas dimensiones -el 70% no llega a los 20 trabajadores-, muestran escasa capitalización y altos índices de endeudamiento.

Frente a esta difícil situación económica, Navarra está en estos momentos sin presupuestos actualizados, ya que los de 1983 fueron rechazados mayoritariamente por PSOE y UPN, y permanecen prorrogados los de 1982, totalmente insuficientes para atender a las nuevas necesidades de este año, en opinión de un diputado.

Sin embargo, la paralización no se da exclusivamente en la diputación, ya que en el parlamento -pese a haber sido elegidos sus miembros el 8 de mayo- todavía no se han puesto en marcha las comisiones de trabajo, aunque parece ser que esto podría quedar solventado esta semana. Desde marzo, si exceptuamos las sesiones de investidura y de constitución, el Parlamento navarro no se ha reunido ni una sola vez. Su trabajo legislativo no va a ser, no obstante, muy grande, ya que la actual Diputación no le va a mandar proyecto de ley alguno, a no ser que se trate de temas verdaderamente urgentes -y no muy conflictivos- y sobre los que exista un previo acuerdo con los grupos políticos.