Ruiz-Mateos tiene documentos confidenciales del Gobierno sobre Rumasa

José María Ruiz-Mateos tiene en su poder en Londres diversos documentos confidenciales del Gobierno y de los actuales administradores de Rumasa sobre la situación del holding de la abeja y sobre la estrategia reservada de la Administración acerca del proceso de reprivatización. El fundador del holding filtró a este periódico el Informe confidencial sobre el estado actual y estrategia futura de la operación Rumasa, que eleva el director general del Patrimonio del Estado, Javier Moral, con fecha 20 de junio.

Por otra parte, varios inspectores de Hacienda han investigado a fondo, por segunda vez, entregas financieras ordenadas por Ruiz-Mateos al Instituto de Educación e Investigación, promovido por diversas personalidades del Opus Dei.Ruiz-Mateos tiene también, entre otras, fotocopias de la carta enviada por los representantes de McKinsey & Company a Jesús Isla, director general de Galerías Preciados (con fecha 14 de julio), para hacer un diagnóstico de esta compañía, y de la comunicación de Daniel Gutiérrez a los administradores Antonio Navarro Moll, Francisco Ruiz-Ogarrio (administrador general del grupo desde hace pocas semanas) y Francisco Ruiz-Jarabo, sobre Avales de Bankisur para aplazamientos de la Seguridad Social en los hoteles de Hotasa en Baleares (con fecha 18 de agosto).

Medios de la Administración consultados expresaron ayer su estupefacción por el hecho de que José María Ruiz-Mateos conozca estos documentos, especialmente el informe confidencial sobre la estrategia para la reprivatización de Rumasa, un documento que fue enviado por Javier Moral únicamente a dos destinatarios (presumiblemente, el presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer), y que, según fuentes de Hacienda, sólo podrían tener en su poder, en teoría, cinco o seis personas.

El manejo de este documento confidencial por parte de Ruiz-Mateos plantea la posibilidad de que el ex propietario de Rumasa posea fuentes privilegiadas de información incrustadas entre el alto staff del grupo y en la Administración.

El informe del director general del Patrimonio explica su opinión de las tres etapas en las que ha de hacerse la reprivatización, y plantea las dificultades de este proceso, que según él debe durar dos anos. Moral se queja de no tener información de los bancos expropiados y se muestra asustado por las "delicadísimas responsabilidades asumidas por quien de hecho carece de competencias, y a este respecto me preocupa que lo que haya ocurrido en el pasado esté ocurriendo en el presente o pueda ocurrir en el futuro en el ámbito del Banco Atlántico". El Patrimonio del Estado afirma que no modificar la situación actual supondría exigirle que permita la enajenación de esas acciones "ignorando lo que vende, ni por cuánto lo vende, ni la razón por la que lo vende a cada quien, sea organismo público o entidad privada". Asimismo, recomienda alejar a la máximas instancias del Ejecutivo del proceso, de suerte que no intervengan "sino para capitalizar a su favor decisiones políticas".

El procedimiento a seguir en la reprivatización sería el siguiente: creación de un pool de organizaciones profesionales especializadas. Se suscribiría un contrato entre el pool y Patrimonio, y el pool actuaría en la doble condición de asesor y de intermediario, siempre en última instancia por cuenta del vendedor.

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