Aplicación en Francia de la nueva legislación sobre trabajadores inmigrados

La nueva legislación del Gobierno socialista que afecta a los trabajadores inmigrados fue aplicada ayer por primera vez tres de ellos, un marroquí, un tunecino y un senegalés, fueron expulsados en cumplimiento del veredicto del tribunal que los declaró sin documentación legal. La polémica elección municipal en la ciudad de Dreux, donde el domingo pasado la extrema derecha consiguió cuatro de 39 concejales, acentuando los problemas creados por la inmigración, ha recrudecido esta cuestión, que pudiera unir a la mayoría gobernante de izquierdas y a la oposición conservadora liberal para indagar eventuales soluciones de la misma.La elección municipal de Dreux, en las afueras de París, va a dejar huellas en este país, no porque los socialistas hayan perdido la alcaldía, que pasó a manos de la oposición, sino porque la extrema derecha, insignificante en Francia, alcanzó el 17% de los sufragios en esta ocasión explotando en su campaña el tema de la inmigración "incontrolada", "salvaje", "proliferante" y "anárquica".

El hecho de que al día siguiente del escrutinio, que mantuvo en vilo a todo el país, un tribunal, por primera vez desde que los socialistas reformaron la ley sobre la inmigración, haya expulsado a tres extranjeros, es probablemente una casualidad, pero muy significativa. En lo sucesivo, todo hace pensar que los extranjeros no podrán gozar de las intenciones generosas que defendieron los socialistas hasta que se enfrentaron con la realidad que ofrece el poder de Estado.

Ya en 1931, Francia era el primer país de inmigración en Europa, con más de dos millones de extranjeros en su 'suelo. Hoy, como entonces, las pasiones xenófobas amenazan, y los líderes políticos, de derechas o de izquierdas, al margen de las generosas intenciones de principio, procuran no ponerse en contra de sus conciudadanos.

Hace unos días, un diario independiente acusaba a la clase política de silenciar, por razones electorales, lo que significan los trabajadores en Francia: el 25% de los automóviles que se fabrican en el país lo son por los inmigrantes; de cada tres kilómetros de autopista, uno es obra de extranjeros; el paro, según las estadísticas, no ha bajado a pesar de que desde 1974 se paralizó la entrada de inmigrados; los trabajadores del exterior sufren el 20% de los accidentes de trabajo, padecen un riesgo laboral dos veces y media mayor que los del interior y, sin embargo, los extranjeros se hospitalizan menos que los franceses y solicitan menos pensiones que estos últimos, a pesar de que cotizan lo mismo. Por último, el mismo estudio establece que la delincuencia, en condiciones socioeconómicas iguales, no es más acentuada entre la población extranjera.

El discurso socialista sobre los inmigrados, cuando el partido del hoy presidente François Mitterrand militaba en la oposición, ponía el acento en la inserción de los inmigrados en la sociedad y en las mejoras de sus condiciones de vida. Las últimas elecciones municipales, celebradas el pasado mes de marzo, fueron un toque de alarma, al revelar que el tema de la inmigración quema en tiempos de crisis económica. Hace unos días, Mitterrand pronunció una frase que encogió a muchos, pero que aplaude la inmensa mayoría de los franceses: "Es necesario expulsar a los inmigrados clandestinos.

El líder de la oposición neogaullista, Jacques Chirac, sugirió ayer la creación de grupos representativos del poder y de la oposición para que estudien el problema conjuntamente.